Sacrificio del alfil, para salvar a “la doña”

 

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Por Jose Daniel Rodríguez

Como acostumbra la CIGIG y el MP, con gran alharaca y el apoyo de sus medios serviles se informó acerca de la captura del ex presidente Álvaro Colom, el ex ministro de finanzas Juan Alberto Fuentes Knight y varios otros integrantes del gabinete de la UNE, pero no Sandra Torres por supuesto, ella sigue siendo protegida, y es ahí donde debemos enfocarnos para no ser engañados fácilmente.
Fuentes Knight tiene muchas cosas que explicar. Por su gestión como ministro de finanzas, también debe de responder por la malversación de Q4,000 millones para financiar el corrupto programa de Cohesión Social de Sandra Torres, y dilucidar su responsabilidad en el escándalo de abuso sexual de menores de Oxfam Internacional, entidad de la cual él es presidente (entidad británica que también financia a organizaciones radicales que lucran de la conflictividad social como CALAS, cabe mencionar)
La presión ciudadana exigiendo imparcialidad y que se dejara de proteger al partido UNE logró estas capturas, no es ningún logro de CICIG y del MP como quieren hacer creer los netcenters y medios de comunicación. Esto más bien debe de entenderse como una estrategia desesperada, ante la debacle en la credibilidad y evidente justicia parcial que hasta este momento habían impuesto como norma. Para los que juegan ajedrez les parecerá familiar: prefieren “sacrificar un alfil -y varios peones más-, para salvar a la doña”. Esto significa que pueden sacrificar a una decena de personas, para salvar toda una lucha de años para tomar poder sin pasar por elecciones. Así de simple.
Otro aspecto que es necesario evaluar como evidencia de esa estrategia, es que solamente se gestionaron las capturas de Álvaro Colom y su gabinete cuando la Contraloría General de Cuentas demostró que habían presentado denuncias desde hace varios años por el caso Transurbano, y que hasta el momento no habían sido escuchadas.
Ahora hay que llevar las investigaciones hasta el final y dar con todos los implicados, me refiero a los mercantilistas corruptos que se beneficiaron del subsidio y otros privilegios, pero por supuesto también eso incluye el financiamiento de Movimiento Semilla, ya que muy probablemente se ha nutrido con fondos provenientes de nuestros impuestos teniendo a Juan Alberto Fuentes Knight como uno de sus máximos dirigentes.
La lucha sigue, y no podemos caer en cortinas de humo ni bajar la guardia. Debemos de seguir exigiendo que todos los responsables sean capturados, aun faltan Sandra Torres, los ex ministros Carlos Menocal, operadores políticos como Orlando Blanco, Jairo Flores, Mario Taracena o el nefasto ex vocero presidencial Ronaldo Robles, que hasta ahora siguen impunes.
Piense por favor, y exprese su opinión, no permita que lo engañen con cortinas de humo, que muy posiblemente buscan desviar el tema de la compra anómala de un edificio en la zona 5 por parte de la fiscal general, o la denuncia penal contra Mayra Véliz por otorgarle visa guatemalteca a 106 musulmanes sin llenar los requisitos de Ley.
Si Fidel Castro estuvo dispuesto a sacrificar a su entrañable amigo y asesino favorito el Che Guevara por el bien de la revolución y porque le servía más como mártir, ¿cómo no va a sacrificar Iván Velázquez y Aldana a Álvaro Colom y Juan Alberto Fuentes Knight para salvarse a sí mismos?
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#DespiertaGuatemala

Guatemala

José Daniel  Rodríguez
Hoy escribo este artículo con el único objetivo de invitarlos a reflexionar, a ser críticos y no caer en estrategias de marketing que tratan de engañar a los ciudadanos con una falsa “lucha contra la corrupción e impunidad”. Quiero exhortarlos a evaluar evidencia y que comprendan los verdaderos objetivos de grupos paralelos que lo que intentan es llegar al poder por la vía no democrática, sin importarles la grave crisis política e institucional por la que atraviesa nuestro país.
En Guatemala rige el sistema republicano democrático de gobierno, esto está establecido desde la misma Constitución para garantizar que existan pesos y contrapesos en el ejercicio de la autoridad que los ciudadanos delegamos por mandato a los funcionarios públicos.
En pocas palabras esto significa que nadie tiene poder absoluto, nadie -ni siquiera la Corte de Constitucionalidad-, sino por el contrario, éste se divide en tres organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales gozan de total independencia entre sí, es estrictamente prohibida la subordinación entre los mismos. Además, este sistema garantiza que los ciudadanos podamos elegir libremente nuestras autoridades cada cierto período, y por ello éstas gozan de legitimidad y representatividad.
En los últimos años hemos visto como una comisión extranjera que supuestamente venía a asesorar al Ministerio Público para investigar y desmantelar cuerpos paralelos clandestinos de seguridad, ha violado reiteradamente el mandato que se le otorgó, la Convención de Viena y la Constitución Política de la República de Guatemala constituyéndose como un poder paralelo absoluto, incluso por encima de los tres poderes del estado, interfiriendo en temas como selección de funcionarios públicos, procesos electorales, reformas de la constitución o que se incrementan los impuestos.
Por otro lado también veo con mucha preocupación que la Corte de Constitucionalidad esta implantando una peligrosa dictadura judicial, en la que interfiere directamente en las funciones del Organismo Ejecutivo al no permitir que maneje la política exterior del país, en el Organismo Legislativo al entrometerse en los procesos internos para elegir a una junta directiva y además, el colmo, prohibirle que legisle y que trate cualquier tema que limite el poder de la CICIG, contraviniendo la división del poder y las atribuciones específicas que la Constitución le asigna a este alto organismo del Estado.
Debemos de comprender que no basta con hacer acusaciones y linchamientos mediáticos en la televisión, las denuncias deben sustentarse con evidencia, respetar el debido proceso y garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho de defensa, para lograr condenas en tribunales imparciales. Cuando la justicia se aplica de forma parcial y sesgada ideológicamente, de ninguna manera puede llamarse justicia.
Evaluemos la gestión de CICIG en los 10 años que tiene en nuestro país de una forma objetiva. Ha destruido la vida de personas, como los hermanos Valdés Paiz por ejemplo, recurriendo incluso a métodos ilegales como soborno de testigos. Hasta el momento mucho show en los medios de comunicación serviles, pero condenas en tribunales prácticamente nada, ni una relevante.
Para ponerle la guinda al pastel de impunidad y justicia selectiva, hay casos de evidente corrupción como por ejemplo el Transurbano, el Consejo de Cohesión Social, las visas para posibles terroristas musulmanes de Mayra Véliz, la compra ilegal de un edificio de 35 millones de quetzales por parte de la fiscal Thelma Aldana, la estafa con víctimas falsas por parte de Mario Polanco. ¿Han visto alguna investigación en torno a estos casos? ¿Por qué a unos, los amigos y aliados ideológicos, se les protege y a otros se les ataca usando el Sistema de Justicia como arma?  la respuesta a las dos preguntas anteriores es simple, aunque hay investigaciones en estos casos, éstas se encuentra en el fondo de alguna gaveta del M P, ya que la justicia de ninguna manera es imparcial sino selectiva dependiendo de la persona.
Nos están en caminando hacia una concentración del poder en un organismo paralelo extranjero, con funcionarios nombrados a dedo y que se aferran al poder para debilitar instituciones y cooptar el sistema de justicia. Tomemos en cuenta que la Libertad, el Estado de Derecho, la Paz y el sistema republicano mismo, están en grave peligro ante la arremetida de grupos que ansían llegar al poder, arrebatarlo mejor dicho, ya que éste les ha sido negado reiteradamente en elecciones libres por parte de los ciudadanos.
Para finalizar quiero dejarles esta reflexión de Cicerón, para motivarlos a ser realmente ciudadanos de Guatemala y no seguir permitiendo los abusos de ningún funcionario, entidad nacional o extranjera que se cree superior a la Ley:
 “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su Patria a un poder que que pretende hacerse superior a las leyes”

 

Golpe de Estado “Constitucional”

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José Daniel Rodríguez

Cuando entró en vigencia la Constitución Política que hoy rige en Guatemala, ya en un lejano 1986, se consideraba importante formar un ente colegiado especializado en la defensa del orden constitucional. Fue así como se dio vida a la Corte de Constitucionalidad, como garante y máxima autoridad en materia de interpretación del texto de la Carta Magna.

Los magistrados, por muchos años, fueron destacados abogados guatemaltecos, personas íntegras, capaces y con sólidos conocimientos en esta rama del Derecho, hasta que vino la CICIG y se empezó a entrometer en los procesos de selección, a tal punto, que hoy 3 de los magistrados titulares no sólo son cuestionados por su ética y honradez, sino que representan al sector más retrógrada de la izquierda de nuestro país. Me refiero específicamente a Gloria “bono revolucionario” Porras, exmandataria judicial de Sandra Torres y quien avaló su inscripción como candidata presidencial en evidente Fraude de Ley; José Francisco De Mata Vela, exrector de la USAC con múltiples señalamientos de corrupción, y Boanerge Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la misma USAC por más de una década, y también con múltiples denuncias por malos manejos de fondos.

El historial de fallos ilegales evidentes de la Corte de Constitucionalidad inicia con la declaratoria de Non Grato contra el comisionado Iván Velásquez, concediendo amparo al activista político que cobra sueldazo como si fuera Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, y argumentando que “no tiene validez dicha declaratoria al no haber sido acompañada de la firma de al menos un ministro”. En este sentido y para que exista congruencia con dicha resolución, ya se planteó un recurso de amparo para también anular la solicitud de prórroga del mandato de la CICIG citando el precedente que la CC estableció, ya que dicha solicitud solamente tenía la firma del presidente Jimmy Morales, al igual que las anteriores prórrogas solicitadas por Colom y Pérez Molina que convertirían a esta entidad de la ONU en un cuerpo paralelo ilegal, y nulos todos los procesos en los que ha intervenido desde entonces. Por supuesto que este amparo aún sigue engavetado y dudo mucho que se resuelva con la celeridad que los temas políticos que le interesa a la agenda de la denominada “pink left” y que pareciera ser también la agenda de la corte de Constitucionalidad.

Un segundo fallo ilegal es el que anuló la elección de la Junta Directiva del Congreso, presidida por el joven político Alvaro Arzú Escobar y que ordena repetir el proceso. Digo que es violatorio a la Constitución y a precedentes establecidos, porque contradice una resolución previa del 2017, en la que argumentan los magistrados:  “en todo caso, la descalificación por cualquier motivo de alguno de los integrantes de una planilla que esté participando en un proceso eleccionario, no podría afectar a los demás miembros de una misma planilla, dado que la imputabilidad de cualesquiera situación anómala que se realice es netamente personal, sin que dicha circunstancia pueda afectar a los demás”

Si se aplica el precedente constitucional, solamente Alejandra Carrillo, una de las diputadas integrantes de esa planilla debería de ser sustituida, ya que ella sí se trasladó de partido luego de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, pero no el resto de diputados y así podrían asumir sus funciones en este momento que Guatemala requiere que todas las instituciones trabajen normalmente, principalmente por la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pero en este caso hay más ilegalidades, como por ejemplo otorgar “amparo provisional” a la ONG Acción Ciudadana, pero a la vez emitir una sentencia definitiva, sin convocar a las partes a emitir sus argumentos de cargo y descargo, lo cual viola el principio de Presunción de Inocencia que establece que “nadie puede ser condenado sin antes ser CITADO, ESCUCHADO Y VENCIDO EN UN JUICIO IMPARCIAL”. Para finalizar con esta letanía de acciones ilegales, la CC también resolvió que se anula la elección de la Junta Directiva, pero le da plena validez a lo actuado por este órgano colegiado algo que contradice el precepto que cuando se anula un nombramiento, todo lo actuado también es nulo IPSO JURE.

La Corte de Constitucionalidad, otrora garante de la Constitución, hoy solo es otro poder paralelo que usa la Justicia con fines políticos para entrometerse en las funciones y someter a su voluntad a los 3 poderes del Estado y eso no tiene otro nombre que Golpe de Estado, aunque lo disfracen de “legal”. Se están resolviendo recursos en el orden que sirva para dichos intereses e interpretando la Ley de forma antojadiza y eso es peligroso para la institucionalidad porque no existe certeza jurídica ni igualdad ante la Ley.

Guatemala está bajo el asedio de grupos paralelos espurios, que sueñan con convertir a nuestra amada Patria en otra Venezuela, destruir el sistema republicano para convertirnos en una dictadura totalitaria marxista. ¿Les parece exagerado? No lo es, tan sólo veamos los orígenes de Velásquez en lo más profundo de la narcoguerrilla terrorista de las FARC y veamos quiénes lo acuerpan en Guatemala, sólo guerrilleros y parásitos que lucran de la conflictividad y los resarcimientos. La pregunta es: ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras que la izquierda retrógrada y sus netcenters nos imponen su #PactoDeCorruptos? Al menos YO NO, ¿y usted?

 

La irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad nos cuesta caro

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José Daniel Rodríguez

 

Guatemala se encuentra actualmente en un limbo legal ocasionado por la máxima Corte del país, ya que al retrasar resoluciones de recursos presentados hace meses, pone en graves aprietos financieros a diversas empresas que en su momento cumplieron y siguen cumpliendo con todos los requisitos tributarios, mercantiles y ambientales para operar en nuestro país.

Lo grave del caso, es que esta situación más parece obedecer a temas ideológicos y no jurídicos o de protección del medio ambiente, toda vez que se está tergiversando el Convenio 169 y las Consultas Comunitarias que se requieren para llevar a cabo proyectos de este tipo en poblaciones indígenas. Si bien Guatemala es firmante de dicho acuerdo internacional, debe de tenerse claro que esas consultas son herramientas de diálogo, mecanismos para intercambiar información y negociar en beneficio de las comunidades más pobres del interior. De ninguna manera se estableció como un arma ideológico-legal para cerrar operaciones de empresas, tampoco tiene carácter vinculante, ni es una votación de “sí” o “no” como algunos grupos con intereses mezquinos quieren hacer creer.

En este sentido, cabe destacar que ya existe una macrosentencia dictada por parte de la Corte de Constitucionalidad, en la que los magistrados mismos definieron que debía de aplicarse para cualquier otro caso similar. El ejemplo de la hidroeléctrica OXEC demuestra que sí es posible obtener acuerdos entre el Gobierno, empresas y verdaderos líderes comunitarios, en beneficio de todos. Es esto lo que le molesta tanto a organizaciones que lucran del discurso falso del “ambientalismo”, porque viven de la miseria y el conflicto, necesitan de la dependencia e ignorancia de los guatemaltecos para así poder enriquecerse difundiendo mentiras y frenando el desarrollo.

Estas organizaciones a las que hago referencia, como CALAS, se oponen a las inversiones en el sector extractivo utilizando datos manipulados y difundiendo verdades a medias para tratar de demostrar que esta industria es nociva para Guatemala, lo cual es falso, ya que los aportes financieros y de tipo social son evidentes y en crecimiento, incluso sus programas de mitigación ambiental han logrado rescatar áreas que antes estaban deforestadas e improductivas. Por eso, cuando vuelvan a escuchar el argumento: “las minas le dejan migajas al país y se llevan todas las ganancias al extranjero”, sepan que están ante un mentira descarada, esa es la excusa de estos grupos para pedir dinero principalmente en Europa, pero que luego no se traduce en beneficio de ninguna de las comunidades bajo su influencia.

Estudios recientes como el de Central American Business Intelligence -CABI- que pueden descargar al final de este artículo, demuestran que la tasa efectiva que esta industria aporta al país de sus ingresos es del 53% en impuestos, regalías, tasas y arbitrios municipales; generan cientos de miles de empleos directos e indirectos; además, el volumen de divisas que esta actividad aporta en concepto de exportaciones es de los más altos de los contribuyentes al PIB. Por si fuera poco y para terminar de desbaratar mitos, la utilidad real efectiva que le queda a los accionistas ronda sólo el 20%, es decir, que el Estado gana casi 3 veces más que los accionistas, sin riesgos y sin invertir ni un solo centavo. ¿Todavía piensan que es una mal negocio para el país?

Guatemala no necesita más conflictividad, sino ponernos de acuerdo y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro país. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos definir este tema y aplicar precedentes establecidos para el caso específico de #MinaSanRafael como el de la hidroeléctrica OXEC, para así garantizar la certeza jurídica, la Libertad de Mercado y la igualdad ante la Ley.

 

(En este enlace pueden descargar el estudio de Central American Business Intelligence, que describe el aporte económico de la industria extractiva para Guatemala en los últimos años:

Aunque a algunos les incomode, Álvaro Arzú Escobar es el presidente del Congreso de la República de Guatemala

alvaro arzu ley de protección animal
José Daniel Rodríguez
Como seguramente ya saben, el diputado Alvaro Arzú Escobar fue electo ayer como presidente del Congreso de Guatemala para el período 2018-2019, y es normal que los que hasta ahora han mantenido cooptado el Estado estén muy preocupados y desde ya estén realizando ataques contra este joven y prometedor político guatemalteco.
Digo que esto era de esperarse, porque el diputado Arzú no tiene nada por dónde chantajearlo, tampoco necesita negociar impunidad como Mario Taracena, por ejemplo -su padre sabe y puede muy bien defenderse solo y ya lo ha demostrado-; por otro lado tiene las manos limpias a diferencia de Nineth Montenegro y su multimillonario resarcimiento secreto y el encubrimiento para Mario Polanco ante la presunta estafa al Programa Nacional de Resarcimiento con víctimas falsas. Además, según mi punto de vista, cuenta con el liderazgo, ideas claras, carácter, independencia, conocimientos y habilidades que esta alta investidura necesita. Cumple perfectamente con el perfil requerido y celebro dicha elección, pero también desde ya inicia la fiscalización de su gestión para hacerle ver sus errores y realizar peticiones ciudadanas, pero también para aplaudirle sus éxitos de ser el caso y si vela realmente por los intereses de la Nación.
Para los que no lo conocen, Álvaro Enrique Arzú Escobar tiene 33 años de edad, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Francisco Marroquín y también tiene pensum cerrado en la maestría de Política Económica. En este sentido los guatemaltecos podemos estar orgullosos de contar con un especialista dirigiendo el Congreso, alguien no sólo capaz sino honorable, lo que no sucedía en mucho tiempo. Es su primera legislatura y ya está dando muestras de ese liderazgo político que tanto le hace falta a nuestro país.
Entre las iniciativas de Ley más relevantes que ha presentado, puedo mencionar dos que recuerdo al momento de escribir estas líneas: La reactivación de la Pena de Muerte, la cual a pesar de sus esfuerzos se encuentra estancada en ese Organismo y cuesta arriba luego que la Corte POLÍTICO-IDEOLÓGICA de Constitucionalidad decidiera declarar “inconstitucionales” algunos artículos de la Constitución que se refieren a esta condena penal. Pero además, impulsó y llevó hasta su aprobación y redacción final una Ley que considero importante, la Ley de Bienestar Animal que contempla graves sanciones para todo aquel cobarde que maltrate animales, contempla multas considerables y permite su decomiso inmediato para resguardar su integridad en esos casos.
La elección de Arzú Escobar para dirigir el Congreso es la primera gran derrota de la izquierda retrógrada. Ahora viene la lucha para recuperar la SAT, el MP y la Contraloría, pero también recordemos que este poder del Estado puede además de revisar o cancelar el Convenio que dio vida a la CICIG y el del Procurador de los Derechos Humanos. Estas, entre otras, son las principales razones por las que estos resentidos y hambrientos de poder ya están recurriendo a sus medios de comunicación serviles para intentar desprestigiarlo, pero sus detractores pueden llorar y patalear en Guatemala o en el Extranjero, la decisión soberana ya está tomada y estoy seguro que el recién electo presidente del Organismo Legislativo desde ya está planificando y generando acciones para reencauzar los destinos de nuestro país.
Por todo esto y porque ahora el #PactoDeTerroristas, que es el #VedaderoPactoDeCorruptos, tiene un contrapeso real en uno de los Organismos del Estado, al menos, le deseo muchos éxitos al diputado Álvaro Arzú Escobar pero a la vez le exijo, como mandante, que se enfoque en proteger los intereses de los ciudadanos y de Guatemala, y que no ceda ante las presiones ni chantajes de los poderes paralelos nacionales y extranjeros que tienen como objetivo destruir la institucionalidad y la República de Guatemala.

El “dedazo” de Thelma Aldana

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Por José Daniel Rodríguez

Hace algunos días la actual fiscal general Thelma Aldana se apresuró a designar a su sucesora en caso que ella ya no pueda seguir ejerciendo el cargo, ya que su período vence en mayo del presente año. Lo que llama la atención es que se trata de la licenciada Wendy Ordóñez, encargada de la Unidad de Métodos Especiales y esposa del ministro de Gobernación Francisco Rivas, quien también ya anunció que buscará ser nombrado Jefe del Ministerio Público.

A simple vista este parecería un caso más de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación clara a la Constitución y a la Ley Orgánica del MP, pero va mucho más allá de las apariencias…

La designación “a dedo” de la fiscal Aldana, busca garantizar que alguien de su entera confianza quede al mando de la institución encargada de la investigación y persecución penal, pero no para cumplir con el mandato de la institución, sino todo lo contrario. Lo que realmente le preocupa a la fiscal general, según mi análisis, es que alguien no afín al #PactoDeTerroristas que ella y Velásquez lideran como símbolos de lucha, se dé cuenta de la situación actual de esa entidad, sobre todo en temas financieros y de ejecución presupuestaria; tampoco quieren que se haga pública la forma en la cual los procesos se están desarrollando ya que saben que están basados en suposiciones y testimonios muy cuestionables de criminales que a través de convertirse en “colaboradores eficaces” dicen lo que se les pide, no lo que les consta.

Hablemos de un caso hipotético, pero altamente probable: ¿Qué pasa si en la terna electa por las comisiones de postulación no entra ninguno de los subordinados de Velásquez, como Francisco Sandoval, el mismo ministro Rivas o el juez Gálvez, sino que se da la sorpresa que sean seleccionados Rivera Clavería o Fernando Linares Beltranena? Sencillo, entrampan la selección final del presidente con cientos de amparos que podrían tardar años en resolverse; mientras tanto, la “ungida” de Aldana seguiría dirigiendo el MP y asegurando impunidad total para los “camaradas revolucionarios”.

Thelma Aldana no sólo violó la Constitución con esta designación, sino también la Ley Orgánica del MP que explica claramente a quién le corresponde sustituir al fiscal general en caso que no pueda ejercer sus funciones. Lo anterior está establecido en el artículo 15, el cual estipula que la persona que sustituya al jefe del Ministerio Público deberá ser fiscal regional, de distrito o sección y ser el de mayor antigüedad en el puesto. La esposa del ministro de gobernación no dirige ninguna fiscalía, sino una unidad administrativa; tampoco es la de mayor antigüedad, por lo que no puede ser designada como sucesora y ese abuso de autoridad de la actual fiscal podría ser constitutivo de varios delitos, por los cuales deberá responder penalmente al momento de perder el privilegio de antejuicio y que asuma un funcionario objetivo e independiente, ya que por ahora el Sistema de Justicia completo está cooptado y seguramente le favorecerá el manto de impunidad que la ha protegido hasta ahora.

Pero no sólo existe este caso, también el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Francisco Sandoval, fue nombrado ilegalmente ya que según la ley vigente en ese entonces, para dirigir una fiscalía se debía tener 35 años de edad cumplidos y él solamente tenía 33 en 2,015 cuando fue nombrado. Si a esto le sumamos el caso de la Secretaria General del MP, Mayra Véliz, denunciada penalmente por facilitar el ingreso de posibles terroristas islámicos a nuestro país, y las serias acusaciones de corrupción, alteración de evidencia y robos durante los operativos que el MP realiza por parte del exauxiliar fiscal Victor Leonel Orellana, nos hace saber que los abusos y acciones ilegales de Thelma Aldana que ya conocemos, solamente son la punta del iceberg, y seguramente hay mucho más que los cooptadores del Estado no quieren que se descubra.

Por esto y por muchas razones más, el proceso de selección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público debe involucrarnos a todos los ciudadanos. Guatemala necesita para este puesto a alguien no sólo capaz, con experiencia y conocimientos sobresalientes, carácter, liderazgo, sino tal vez más importante, se requiere a alguien independiente e imparcial para rescatar el Sistema Judicial y que deje de ser usado como arma ideológica de venganza y para anular a enemigos políticos.

 

 

 

Dictadura Judicial

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Por José Daniel Rodríguez
Con estupor e incredulidad leí la noticia que la Corte Suprema de Justicia había dado con lugar el retiro del derecho de antejuicio contra el diputado Fernando Linares Beltranena. No sólo me parece una aberración, además de que dicha resolución podría muy bien ser constitutiva de delitos como prevaricato y resoluciones violatorias a la Constitución por parte de los Magistrados, sino que es una prueba más que los juzgadores están resolviendo por presiones, dinero y viajes o por sesgo, no basados en la Ley como juraron al tomar posesión.
El documento que les presento en este artículo es el dictamen de la juez pesquisidora a cargo de la investigación de este caso, el cual claramente establece que NO ES RECOMENDABLE el retiro de este derecho, toda vez que no incurrió en delito alguno. Y es la verdad, el diputado Linares ejerció lo garantizado en el artículo 35 constitucional, el cual en su parte conducente establece lo siguiente:
“Artículo 35.- Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. (…)”
Pero eso no es todo, también los diputados tienen otro derecho, el cual les protege de no ser juzgados por emitir opiniones cuando se debate una ley. Esto lo establece el artículo 161, el cual literalmente plantea:
“Artículo 161.- Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas: a) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. b) Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo. (…)”
Cuando vemos el dictamen de la comisión pesquisidora, lo que manda la Constitución y la resolución los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, resulta evidente que en Guatemala el Sistema Judicial está cooptado por poderes paralelos, estamos ante una dictadura de facto y no podemos cerrar los ojos ni definirlo de otra manera. La Justicia Selectiva, más los linchamientos mediáticos, son la norma, pero están destruyendo el incipiente Estado de Derecho de nuestro país, llevándonos a un caos del cual los únicos beneficiados son esos integrantes de la izquierda más retrógrada y radical que aún sueñan con llegar al poder, pero no por la vía democrática por supuesto, sino por los medios que conocen: la fuerza, el engaño y colocando a sus “operadores” en puestos clave como el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria o armar un equipo de sicarios judiciales como Yassmín Barrios y Miguel Ángel Gálvez, que fallen como se les indica, no basados en la evidencia.
Hoy que el diputado Linares Beltranena ha anunciado su deseo de postularse para el puesto de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, seguramente los ataques en su contra serán más frecuentes porque los enemigos de la institucionalidad y el sistema republicano no pueden permitir que alguien independiente y con liderazgo llegue a ese puesto y desbarate lo que han avanzado en lucha por el control del Estado. Desde ya le manifiesto todo mi apoyo, porque si evaluamos el perfil requerido y sus conocimientos, experiencias, capacidades y trayectoria profesional, muy pocos superarán esa candidatura. La decisión final será del presidente de la República y es el momento de corregir el rumbo o muy pronto seremos como Venezuela.
La peor dictadura que puede existir es la de los jueces, porque pueden quitarnos la libertad -para expresar opiniones, por ejemplo-, la propiedad e incluso la vida. Es en esta situación en la que nos encontramos. Aunque los medios de comunicación serviles a esta dictadura que dirige un colombiano non grato insistan en difundir la mentira que “la lucha contra la corrupción e impunidad no es ideológica”, los hechos demuestran lo contrario y puedo citar tres casos evidentes de impunidad para los “camaradas revolucionarios”: Sandra Torres sigue impune por el asesinato de Rodrigo Rosenberg, el sucio negocio del Transurbano y la malversación de Q4,000 millones para Cohesión Social; Rafael Maldonado de CALAS, denunciado por 10 delitos también anda insultando alegremente al que lo cuestiona, sin ninguna consecuencia penal; y no digamos Mario Polanco, denunciado por intentar estafar al Estado con 10 víctimas falsas del conflicto armado, también impune a pesar de la abundante evidencia en su contra. ¿Es esto Justicia? ¿La lucha contra la corrupción no tiene sesgo ideológico? ¡Por favor! Eso no se lo cree nadie, los hechos dicen otra cosa.
Le dejo a usted, estimado lector, una pregunta para reflexión, ¿la Justicia se aplica de forma imparcial, igual para todos, o más bien es un arma para callar a opositores y destruir el honor de los que no nos plegamos a los caprichos del dictador Velásquez?

Carta abierta para los ciudadanos y gobierno de Israel

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Por José Daniel Rodríguez

Excelentísimo Embajador de Israel en Guatemala

Señor Mattanya Cohen

Su despacho

Me dirijo a usted, esperando que a través de sus buenos oficios se haga llegar este mensaje a su gobierno y a la ciudadanía del país que representa. Simplemente soy un ciudadano guatemalteco preocupado por la situación del Estado de Israel y escribo esto como una muestra de apoyo irrestricto, pero también para exponer algunas opiniones que considero importante que se divulguen.

Hace algunos días se llevó a cabo una votación en la ONU sobre un tema de vital importancia para un Estado que es amigo incondicional de Guatemala, un hermano que nunca nos ha fallado y nos ha tendido la mano desinteresadamente no sólo en las buenas, sino que también en las malas y en las peores.

Escribo esta corta pero sincera misiva lleno de indignación por las decisiones que ha tomado el Gobierno de Guatemala ante la consulta en la ONU sobre reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Digo esto porque de ninguna manera estoy de acuerdo con una abstención, mucho menos con votar en contra del mejor aliado de nuestro país. Además, luego de ver la respuesta ante esta noticia en las redes sociales, considero que la mayoría de ciudadanos estarán de acuerdo conmigo en este rechazo.

Se que tal vez esta carta no signifique mucho, ni tendrá el peso diplomático que en este momento necesitan, pero quiero expresar mi postura y dejar claro que no sólo no respaldo lo que las autoridades de Guatemala han manifestado de forma ambigua y cobarde, sino que las rechazo rotundamente. Considero que tienen todo el derecho de trasladar la capital a la Ciudad Santa ya que por historia les pertenece, y deberían de tener también el control absoluto de dicha metrópolis.

Si bien es cierto que en un ya lejano 15 de mayo de 1,948 Guatemala emitió el voto decisivo para la creación del Estado de Israel y desde entonces hemos tenido no sólo relaciones diplomáticas cordiales, sino de hermandad entre las dos naciones, hoy me siento frustrado y muy molesto porque nuestros representantes no han honrado esa relación y, por el contrario, traicionaron a un país que jamás nos ha dado la espalda, sino todo lo contrario, para ello puedo citar un ejemplo: Cuando durante el Conflicto Armado en el cual nos vimos envueltos durante 36 años, todos los “aliados” -especialmente Estados Unidos- nos abandonaron esperando que las organizaciones terroristas accedieran al poder por la fuerza para imponer una dictadura comunista, ustedes no dudaron en respaldar al Ejército para poder vencer a estos grupos radicales que en nada se diferencian de los que hoy atentan contra la paz y la integridad de su territorio.

También debo agradecer que el apoyo que Israel brinda a nuestro país se enfoque en la tecnificación agrícola, intercambio comercial, cultural, arte y cooperación académica otorgando becas, pero sobre todo por interesarse tanto en el bienestar de las comunidades más pobres, esto es lo que Guatemala precisamente necesita, que se les enseñe a producir y mejorar su calidad de vida.

No puedo más que manifestarles que tal decisión del Gobierno de Guatemala no representa el sentir y pensar de millones de ciudadanos que consideramos al Estado Judío como un verdadero hermano.

Finalizo expresando que al menos para mí, la lealtad lo es todo. Los funcionarios del gobierno de Guatemala a cargo de las relaciones diplomáticas son los traidores, YO NO. Siempre contarán con todo el agradecimiento cariño y respaldo de mi parte y estoy seguro que de muchísimos guatemaltecos más también.

Larga vida a Israel. Shalom.

CALAS y el despreciable negocio de la conflictividad socioambiental 

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Por José Daniel Rodríguez

La imagen que ilustra este artículo es una confesión pública realizada en Twitter por el asesor legal de CALAS, Rafael Maldonado, quien reconoció haber utilizado fondos de la cooperación alemana para comprarse dos casas en uno de los residenciales más exclusivos de Escuintla, Alamedas del Conacaste.

He tratado de investigar el origen de los fondos de CALAS, pero lamentablemente no rinden cuentas ni de las cantidades, ni de la ejecución de esas “donaciones”. Al revisar su página web salta a la vista que está desactualizada y solamente registra “proyectos” al 2,011, pero sí mencionan a algunos patrocinadores como OXFAM, la embajada de Suiza, IBIS y la Unión Europea. La excusa que usan para captar recursos financieros suena muy bien –en la farsa, estos vividores son expertos-: “capacitaciones en derechos humanos de los pueblos indígenas en materia ambiental”, pero la realidad es muy distinta. Es fácil dar una charla de una hora de adoctrinamiento, para así justificar y cobrar casi 100,000 euros, por mencionar un ejemplo, así es como se enriquecen, mendigando dinero en el extranjero con patrañas que no pueden comprobarse físicamente.

Lo que sí es evidente es que CALAS se especializa en provocar conflictos permanentes contra empresas, pero callan ante los verdaderos problemas ambientales como la deforestación de los bosques para convertirlos en leña, la contaminación del 95% de los ríos y lagos con aguas negras que arrojan las comunidades, los incendios provocados por rozas sin control o la usurpación de “pacíficos comunitarios” en áreas protegidas como la laguna de Lachuá, en donde llegaron a instalarse con motosierras y camiones para robarse las maderas preciosas. Esto último no les genera dinero, no les interesa.

Recuerdo un caso, cuando Minera San Rafael estaba en fase de construcción y ni siquiera estaba cerca el inicio de operaciones, CALAS ya gritaba a los 4 vientos con el corifeo de cajas de resonancia de la Prensa servil nacional e internacional, que se estaba contaminando el río que se encuentra en las cercanías con productos químicos. Gracias a ello captó la atención de sus financistas y se expandió en las comunidades esa mentira. Digo mentira porque lo es, lo que se encontró en las muestras tomadas fueron heces fecales que los mismos pobladores lanzan sin control a las fuentes de agua. En cualquier país del mundo esta acusación falsa implicaría un proceso penal contra el mentiroso Yuri Melini y sus secuaces, incluso serían obligados no sólo a pagar las costas procesales del juicio, sino también daños y perjuicios por generar conflictos tergiversando información o alterando análisis científicos para obtener dinero, pero eso no sucede en Guatemala donde la Justicia está sesgada ideológicamente y se aplica selectivamente.

Fiscalizar a las oenegés “ambientalistas”, “feministas”, “indigenistas” o de “derechos humanos” no es tarea fácil. Hoy más que nunca se sienten todopoderosas, con protección e impunidad total. A pesar de saber esto de antemano, he tomado la iniciativa de ejercer fiscalización ciudadana y recabar información para este propósito, recurrí directamente de la fuente primaria. En este caso, entrevisté públicamente en Twitter a Rafael Maldonado, asesor legal de CALAS, una estructura dedicada a boicotear la inversión y generación de empleo.

Al principio accedió a contestar mis preguntas y se jactó de ser “100% transparentes”, pero luego al ver que no era tan fácil desviarse del tema -lo intentó hasta el cansancio- recurrió a prácticas conocidas y aplicadas por cualquier funcionario corrupto: descalificaciones personales, mentiras, insultos, evasivas, escudarse tras trámites burocráticos y, por último, la amenaza de enjuiciarme y “darme una sorpresa” para que no siguiera investigando y publicando denuncias sobre su despreciable negocio. Lamentablemente sólo respondió con evasivas y no pudo explicar el origen, montos, ni ejecución de los millonarios fondos que reciben.

Lo único que me quedó claro es que estos “activistas” que llamo Mercenarios del Conflicto lucran de la miseria, la enfatizan y consolidan, ya que si hay trabajo y desarrollo en las comunidades bajo su influencia se les acaban los viajes, los hospedajes en cómodos hoteles y sus multimillonarios ingresos.

Algo que sí reconoció es que durante los gobiernos sucesivos de Portillo, Berger y Colom esta nefasta ONG recibió dinero de nuestros impuestos, en cantidades aun no determinadas ni registradas como estipula la Ley de Libre Acceso a la Información y que le fueron asignados a través del MAGA y CONAP, sin que existan logros tangibles por esa erogación, ni tampoco, por ejemplo, programas de reforestación masiva, construcción de plantas de tratamiento de aguas negras o capacitaciones para clasificación de basura que bien podría generar ingresos por reciclaje a las comunidades que dicen defender. “Que lo hagan los empresarios” fue la respuesta de Maldonado, obviando que muchos ya lo hacen, incluyendo las minas, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana contra quienes enfocan su odio más por motivos ideológicos que medioambientales.

Mientras Maldonado y su socio Yuri Melini reciben decenas de millones de euros, dólares y quetzales, miles de familias se quedan sin sustento al suspenderse licencias de minas arbitrariamente usando como argumento legal las consultas comunitarias establecidas en el Convenio 169 de la OIT, a pesar de que no tienen poder de veto, tampoco se trata de una votación de “Sí o No” como se pretende, ni tan siquiera cuentan con un reglamento como ese Tratado establece explícitamente para que sea el gobierno quien las realice libre y objetivamente. Cuando se intentó redactar una norma para llevar a cabo estas consultas durante el gobierno de Álvaro Colom, estas mismas organizaciones se opusieron porque genera más conflictos -y dinero- el caos, el miedo y la manipulación, cuando lo correcto es que ellos mismos debieron aportar propuestas y emitir una norma para este fin.

Los directivos de CALAS y otros grupúsculos como CUC, Madre Selva, CCDA, CODECA, FRENA, etcétera siguen con su vida cómoda de privilegios y el desempleo aumenta en el país gracias a sus acciones violentas, el Estado recauda menos impuestos, los ingresos de divisas merman y la imagen de Guatemala está por los suelos para atraer nuevas inversiones, e incluso se corre el riesgo de ser objeto de demandas internacionales millonarias por incumplimiento de contratos.

Si la CICIG y el MP fueran imparciales, deberían investigar TODAS las “líneas” de corrupción, sin proteger a nadie, pero también la IVE, SAT y la Contraloría deben cumplir lo que manda la Ley y fiscalizar a las oenegés que lucran de la conflictividad social. Esta es una tarea urgente.

Pueden leer esta entrevista en el siguiente enlace:

 

 

Un precedente que debe respetarse

magistrados cc

 

José Daniel Rodríguez

“¿Por qué defendés tanto a la minas e hidroeléctricas que no dejan nada al país y saquean nuestros recursos contaminando el ambiente?”, me preguntan frecuentemente en las redes sociales. Me llama la atención el nivel de ignorancia sobre el tema y cómo grupos que lucran del discurso falaz de la “defensa del medio ambiente” han logrado por años engañar a las personas.

Analizando esta pregunta, debo explicar que no defiendo específicamente a minas e hidroeléctricas sino la certeza jurídica, las inversiones que estas industrias hacen en Guatemala, los cientos de miles de empleos directos e indirectos que están en juego. Es simple cuestión de Justicia ya que han cumplido con todos los requisitos que el Gobierno establece para estas actividades y, sobre todo, porque considero importante desenmascarar a las organizaciones radicales que se benefician de la ingobernabilidad, de provocar los conflictos, de mantener a los guatemaltecos en la miseria para así mendigar donaciones en el extranjero, intermediar en indemnizaciones y –el colmo de la hipocresía y doble moral- actuar como agentes de bienes raíces con comisiones de por medio para que los propietarios de terrenos le vendan con precios sobrevalorados a las empresas que tanto atacan y así puedan operar. Por un lado los demandan y por otro les consiguen los terrenos para que se instalen; lo que los mueve son intereses ideológicos y de lucro, no defender el medio ambiente.

Por otro lado, es falso que las industrias extractiva y generadora de energía no le dejen nada a Guatemala, al contrario, el grueso de la inversión extranjera directa en nuestro país se enfoca principalmente en esas ramas. Pero también es necesario aclarar que, por ejemplo, Mina San Rafael aporta no sólo las regalías acordadas del 5%, sino también una carga tributaria que ronda el 40%; pero eso no es todo, también existe una inversión importante en centros de salud, escuelas, infraestructura vial y genera miles de empleos.

Mientras que el denominado “Centro de Acción Legal Ambiental y Social” –CALAS-, por ejemplo, recibe decenas de millones de dólares, euros y quetzales en concepto de donaciones, comisiones e indemnizaciones sin pagar impuestos sobre esos ingresos ni ser fiscalizado adecuada y permanentemente por la Contraloría General de Cuentas ni la Superintendencia de Administración Tributaria, Mina San Rafael, según datos oficiales, ha pagado en concepto de impuestos (ISR, IUISI y otros) desde octubre del 2013 a mayo del 2017 un total de Q689,557,191.69; en el rubro de regalías totales desde 2014 a diciembre del 2016 Q304,790,627.09; pero tal vez el dato más importante, porque se refiere a compras efectuadas localmente y que dinamizan la economía de nuestro país favoreciendo a cientos de empresas y personas que prestan servicios profesionales, es el del período del 2013 a junio del 2017 por Q4,375,637,797.00. Con las operaciones de esta mina se beneficia el Estado en su conjunto, Gobierno, ciudadanos y empresas. Con las acciones de CALAS, en cambio, solamente se benefician sus dirigentes Yuri Melini y Rafael Maldonado que llevan a sus cuentas bancarias ganancias espurias, obtenidas lucrando de la pobreza.

La Corte Suprema de Justicia -CSJ- resolvió el pasado 8 de septiembre otorgar amparo definitivo a favor de CALAS, que actuó judicialmente en contra del Ministerio de Energía y Minas y que contempla como tercer interesado a la Mina San Rafael. Sin embargo, también ordenó, en consonancia con el precedente que sentó la Corte de Constitucionalidad –CC- en el caso de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, que el Gobierno debe de realizar la Consulta Comunitaria pero debidamente reglamentada por el Congreso, para así poder aplicar lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. Para ello se otorgó un año de plazo y se autoriza que la mina siga operando, pero siendo respetuosos de los procesos aún pendientes de resolver, esta empresa no ha reiniciado operaciones. Ahora el trámite se encuentra en la CC a la espera de un fallo inapelable y definitivo.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en este momento, ya han incurrido en violaciones al proceso al retardar su resolución. No olvidemos que tienen el mandato de defender y respetar la Constitución, no servir para lograr los objetivos de grupos de presión nacionales o extranjeros, simplemente aplicar la Ley como corresponde, más allá de ideologías o intereses particulares.

Las Consultas Comunitarias, en las condiciones actuales, no pueden aplicarse ya que no cumplen con los parámetros establecidos sobre reglamentación y la obligación del Gobierno en realizarlas; además deben de realizarse en un ambiente de paz y libertad, con información veraz sobre los proyectos de inversión propuestos, sin la injerencia ni manipulación de supuestos ambientalistas, tampoco de las empresas. Son una herramienta de negociación y desarrollo, no mecanismo para vetar inversiones ni suspender operaciones empresariales.

La máxima Corte del país tiene en sus manos emitir una resolución que afecta miles de empleos, además de que la imagen y certeza jurídica de Guatemala para atraer inversiones están en entredicho. En este sentido, lo que manda la Constitución y deben acatar los magistrados sobre el tema es lo siguiente:
“Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables.

El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización

Artículo 129.- Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada.”

Toda actividad humana genera impacto en el ambiente, toda, también las aguas negras, basura, detergentes y hasta animales muertos que las comunidades arrojan a los ríos, no digamos el uso de leña para cocinar o el tráfico de animales en peligro de extinción. ¿Necesitamos energía eléctrica y minerales? Claro que sí, Guatemala tiene un potencial enorme que otros países sólo sueñan, también debemos de proteger el medio ambiente por supuesto, pero considero que puede establecerse un equilibrio y explotación responsable de estos recursos. Lo que no se vale es oponerse sistemáticamente provocando daños a la economía del país, mientras los supuestos ambientalistas viajan en avión (construido con minerales y que usan hidrocarburos) a hoteles 5 estrellas (también construidos con minerales) en Europa, para llenarse los bolsillos de dinero al mismo tiempo que las personas que dicen defender pasan hambre añorando conseguir un empleo digno y bien remunerado.

Señores magistrados de la CC, ustedes juraron defender y hacer cumplir la Constitución; si lo hacen, los ciudadanos reconoceremos su labor, pero si no, también demandaremos que asuman sus responsabilidades, incluso penalmente, no lo duden.

 

(Imagen tomada de Prensa Libre)