Lo que no se dice sobre el general de brigada Efraín Ríos Montt

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Un ensayo que busca romper paradigmas y mitos, desbaratar las falacias que se difunden irresponsablemente sobre uno de los más destacados héroes militares de Guatemala.

 Por José Daniel Rodríguez

Escribo este ensayo con mucha tristeza pero también con la satisfacción del deber cumplido, ya que a pesar de la intensa campaña nacional e internacional para defenestrar y tildar como “genocida” a uno de los soldados más destacados del siglo XX y de la historia de Guatemala, no lograron su cometido; hoy es recordado como un héroe nacional que asumió el poder en uno de los momentos más complicados del Conflicto Armado y, haciendo gala de sus capacidades como estratega militar y un estadista como pocos, logró en tiempo récord derrotar a la guerrilla terrorista que pretendía instaurar una dictadura comunista en nuestro país.

No pretendo en este espacio hacer una semblanza ni una biografía sobre el general José Efraín Ríos Montt, eso lo pueden leer en cualquier página de internet, lo que no encontrarán en ellas y es de lo que quiero , es de algunos aspectos de su jefatura de Estado, el contexto en el cual asumió el poder y su legado aún vivo y que forjó en el breve pero significativo período durante el cual gobernó con toda honestidad, valores y principios que al menos yo, jamás he vuelto a ver en ningún presidente de la llamada “era democrática”.

Empecemos por la primera falacia: “Dictador golpista de extrema derecha”. Cuando leo o escucho esta frase, francamente me llena de indignación porque obviamente es un intento de descalificarlo, pero tal aseveración carece de fundamentos históricos.

El general Ríos Montt no dio ningún golpe de Estado, el 23 de marzo de 1982 fueron un grupo de oficiales jóvenes los que desconocieron al gobierno de Romeo Lucas García y acudieron al general Ríos para que fuera él quien integrara junto con el general Maldonado Shaad y el coronel Gordillo un triunvirato para dirigir los destinos de Guatemala. Lo de dictador es aún más ridículo ya que jamás pensó en perpetuarse en el poder, sino todo lo contrario y es lo que muy pocos saben, fue él quien sentó las bases de la democracia que hoy gozamos. Propuso la promulgación de una Ley Electoral y de Partidos Políticos que luego permitió elecciones verdaderamente libres, bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral para que tuviéramos elecciones verdaderamente libres.

Además, el general Ríos era considerado entre los diferentes movimientos políticos incluso como un “socialdemócrata”, y las elecciones del 74 lo confirman ya que, junto con Alberto Fuentes Mohr, participó para ser electo para la presidencia por el Frente Nacional de Oposición formado por la Democracia Cristiana -entre otros-, un partido considerado más de izquierda que “democrático” en ese momento.

Como pueden notar con lo expuesto  no puede tildársele de dictador, ni golpista, ni de extrema derecha. Con esto de ninguna manera estoy diciendo que el general Ríos Montt era izquierdista, lo dejo claro. Su posición ideológica, más bien, debe definirse como Republicano Democrático y sus planes lo demuestran con creces proponiendo sistemas de pesos y contrapesos, división del poder y respeto a la voluntad ciudadana plasmada en las urnas, lo que se contrapone con el nefasto sistema marxista socialista

Otro tema que no se menciona es que durante el año y medio que gobernó, no cobró ni un solo centavo como presidente, sino solamente su salario como oficial del Ejército; además, jamás se le señaló en su vida política de ningún acto de corrupción, siempre tuvo una vida austera, sin mayores lujos, y eso también es digno de destacarse ya que tampoco puede compararse con Vinicio Cerezo, por ejemplo, el primer gobernante de la era democrática y quien institucionalizó el enriquecimiento ilícito descarado y su vida de grandes lujos, fiestas y el incremento injustificado de su patrimonio, tan sólo por mencionar un ejemplo de muchos.

Ahora analicemos una segunda falacia: “La estrategia de quitarle el agua al pez consistía en arrasar aldeas de indígenas”. La forma en la que el general Ríos Montt abordó el Conflicto Armado puede considerarse innovadora, ya que más allá de solamente combatir frontalmente a los terroristas, también contemplaba que no podía tenerse paz si no se resolvían problemas graves de exclusión y explotación de los indígenas, los cuales se veían obligados a colaborar con la guerrilla so pena de ser masacrados. La solución se enfocó, entonces, en varios ejes sociales. Primero se otorgaron amnistías para que estos ciudadanos se reintegraran a la sociedad, sin consecuencias, con el único requisito de entregar sus armas; la segunda consistió en los programas “techo, tortilla y trabajo”, “frijoles y fusiles” y la repatriación de guatemaltecos que habían huido, reasentándolos en los denominados “Polos de Desarrollo” y “Aldeas Modelo”.

Estos programas sociales, lograron recuperar poblaciones completas quienes luego solicitaron al Ejército protección y que se les proveyera de armas para poder defenderse, a lo cual se les respondió de forma inmediata, creando las Patrullas de Autodefensa Civil y suprimiendo de una vez por todas el escaso apoyo que la subversión había logrado con el único lenguaje que conocen, el de la muerte y el terror.

Al asumir el mando del Estado, dijo el general Ríos Montt acompañado por el general Maldonado y el coronel Gordillo en conferencia de Prensa: “Se está trabajando coordinadamente en la búsqueda de beneficio de la gente más necesitada. La guerrilla se esconde en el hambre, la ignorancia y la pobreza, y esos fenómenos tienen que ser atacados. Luego entonces, tenemos que hacer sentir a la ciudadanía que la autoridad está al servicio del pueblo y no éste al servicio de aquélla”.

Para reforzar estas declaraciones, se estableció un manual de 12 puntos, que establecía el código de ética y comportamiento militar al interactuar con los civiles. En este documento se ordenaba explícitamente, “no tomar de las poblaciones ni un alfiler”, que si era necesario comprar suministros a los pobladores, se les pagara el precio justo y que se colaborara con las comunidades en la medida de las posibilidades; además se ordena respetar a las mujeres, a las autoridades locales y sus costumbres. Esto fue reconocido por el propio Departamento de Estado del gobierno de EEUU en un archivo desclasificado recientemente, en donde se reconoce que durante el período evaluado se dieron avances importantes no sólo en la lucha contrainsurgente, sino en defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos.

Un aspecto más que seguramente no saben, y es aquí donde analizamos una tercera falacia, es que la acusación de “genocidio” se la inventó Rigoberta Menchú, la nefasta exfiscal Claudia Paz y Paz, y la ONG “asociación justicia y reconciliación” (minúsculas a propósito) en el 2001. Durante las negociaciones de Paz jamás se mencionó ese tema porque ni los mismos terroristas consideraban que se estaba llevando a cabo una “estrategia sistemática de exterminio por cuestiones étnicas”. En Guatemala el Conflicto Armado fue ideológico-político, una lucha entre facciones subversivas que esperaban acceder al poder por medio de la violencia y las Fuerzas Armadas legítimas del Estado, que actuaban defendiendo la Constitución y la Libertad de los guatemaltecos.

Pruebas sobre lo que describo en el párrafo anterior hay muchas; por ejemplo, la visita del Papa Juan Pablo II en 1983. Este Papa tuvo especial protagonismo en muchas de los principales temas políticos de su época, recordemos que él mismo sufrió las atrocidades del sistema comunista en su natal Polonia, ejerció liderazgo e influencia en la caída del muro de Berlín, por ejemplo. En cualquier país donde él estuvo denunciaba lo que él consideraba que eran temas importantes y que el mundo debía saber. La Iglesia Católica es una institución religiosa altamente jerarquizada y que tiene presencia hasta en el rincón más remoto de Guatemala, por lo tanto tienen información inmediata y de primera mano directamente en las comunidades. Si se hubieran estado implementando estrategias con fines de exterminio racial, él seguramente lo habría sabido y lo habría denunciado públicamente.

Para finalizar, debo dejar claro que el general Ríos Montt se presentó voluntariamente ante la Justicia porque creía en su inocencia, jamás intentó huir y mientras las fuerzas lo acompañaron siempre asistió puntual y respetó la investidura de la juez Yassmín Barrios, a pesar que sólo merecía el desprecio de los ciudadanos al ser evidentemente parcial y por violar descaradamente garantías constitucionales de los acusados. Estos hechos le representaron una sanción del Colegio de Abogados, otro tema que ahora se deja de lado y solamente se menciona los premios otorgados por la administración Obama.

Con el fallecimiento el pasado 1 de abril del general Ríos Montt, también se extinguió cualquier supuesta responsabilidad penal. Si algo positivo puede tenerse de una noticia tan triste como esta, es que JAMÁS fue condenado por el delito que injustamente se le imputó. Además falleció en el seno de su hogar, rodeado de las personas que lo amaban y, por otro lado, al fin descansará de tanta infamia y de los padecimientos de salud que le aquejaban.

Toda persona se considera INOCENTE, hasta que sea citado, escuchado y vencido en un juicio IMPARCIAL. El general Ríos Montt falleció sin haberse emitido ninguna condena válida legalmente por las acusaciones ridículas en su contra. Nació, vivió y murió como un hombre libre e inocente, por una simple razón, ni con testigos falsos y sicarios judiciales como Yassmín Barrios pudieron condenarlo, porque #NoHuboGenocidio en Guatemala.

En lo que a mí respecta no voy a permitir que manchen su memoria. El general Efraín Ríos Montt fue leal hasta su muerte con Guatemala y lo menos que puedo hacer es defender su legado y darlo a conocer, así como los verdaderos intereses de los que lucharon por condenarlo injustamente y violando sus derechos. El que se mete con el general o cualquier miembro de su familia, se mete conmigo… ¿Estamos?

Hasta siempre mi general Efraín Ríos Montt, su nombre ya está escrito en la historia como lo que fue: un hombre íntegro, patriota y un estratega militar único. Descanse en Paz.

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La Conferencia Episcopal antepone sus “negocios”, por sobre la Fe y la Ley

ramazzini
 
Por José Daniel Rodríguez
 
Nunca mezclo las creencias con temas políticos y de Justicia, pero en este caso, es inevitable hacerlo.
 
Si bien lo ocurrido el 8 de marzo dejó de ser un tema de religión, para convertirse en un caso penal y político, es primordial exponer el contexto del caso y la perspectiva desde la cual lo analizo en este artículo. Si a la Conferencia Episcopal de Guatemala no le importan las burlas a la Virgen María, ni las agresiones contra fieles o la destrucción del Patrimonio Histórico y cambian su opinión luego de cabildeos y negociaciones espurias, a los feligreses SÍ nos ofende y no representan nuestro sentir.
 
En mi caso, me educaron en la Fe Católica, mi padre cargó toda su vida en la Iglesia de La Recolección; además, estudié en el Liceo Guatemala, una institución MARISTA de reconocido prestigio. Lo que aprendí es que la Virgen María es digna de todo respeto, no sólo por haber sido escogida por Dios para engendrar a su hijo, sino también porque es la madre de nosotros y la protectora de nuestra Patria. Por esto, con todo derecho, me siento indignado y muy molesto ante este comunicado de la alta jerarquía católica de Guatemala.
 
¿Por qué este cambio de postura si publicaron el 11 de marzo su indignación ante tales ofensas? ¿Qué cambió en un par de días? 
conferencia-espiscopal
 
No olvidemos que el Arzobispado tiene su propia “empresa” vividora del conflicto, la nefasta ODHAG, que LUCRA de los resarcimientos y es afín a los grupos guerrilleros que apoyan a Rodas, esos mismo grupos que sueñan con llegar al poder sin pasar por las urnas. Ya veremos cuál es la postura del Vaticano ante esta afrenta contra la Libertad de Culto y un ataque directo en contra de la Virgen María, del catolicismo y la dignidad de las mujeres.
 
Por si fuera poco, vean quién es el que funge como vocero, nada más ni nada menos que el cura terrorista Álvaro Ramazzini, dirigente de grupos subversivos que operan en San Marcos y Huehuetenango; además, es entrañable amigo de Rigoberta Menchú, Helen Mack y Daniel Pascual. Esto podría ser la explicación del cambio radical y sorpresivo “apoyo” para el activista político Jordán Rodas; excelente lobby debo reconocer, tan bueno que logró que los sacerdotes permitan que las feminazis realicen vejaciones a María, sin ningún escrúpulo ni remordimiento.
pdh agradece
 
En contraste, vean la postura digna y congruente con los hechos, de la Coordinadora Nacional de Confraternidades de Ministros Evangélicos de Guatemala (Concacome) y el Movimiento Evangélico Nacional de Acción Pastoral (Menap), quienes exigen que se llegue a las últimas consecuencias para que el aún PDH Jordán Rodas sea sancionado como corresponde de acuerdo a la Ley. Eso es tener sangre en la cara y ser congruente con los principios de respeto y tolerancia que tanto le hacen falta a Guatemala. 
cronacome
 
Al final lo suyo no es más que una OPINIÓN, los que realmente tenemos la autoridad en esta República somos los ciudadanos, los que SÍ pagamos impuestos y tenemos derecho a EXIGIR que este activista sea destituido y enjuiciado penalmente. Por esto es que digo que el tema es estrictamente penal en este momento, e irrelevante el comunicado emitido por los obispos.
 
Obviamente la Conferencia Episcopal cambió su discurso por algo que les interesa, pero en este caso, su opinión es irrelevante, ahora es el Ministerio Público de Guatemala el que debe realizar las capturas correspondientes, especialmente de Lenina García y Jordán Rodas, e iniciar los procesos penales.
 
¿Ahora se dan cuenta por qué la Iglesia Católica pierde cada vez más seguidores? Si hay algo despreciable y que no tolero ni perdono jamás, es a LOS TRAIDORES como el exrector de la Universidad Rafael Landívar, Gonzalo de Villa, dirigente de este grupo ilegítimo, sin representatividad luego de esto. No sólo NO RESPALDO ESTA POSTURA COBARDE Y AMBIGUA, SINO QUE LA RECHAZO.
 
Nosotros poniendo la cara en defensa del Estado de Derecho y la Libertad, y estos malnacidos cobardes apuñalándonos por la espalda… ¡TRAIDORES!

No basta la destitución, Rodas también debe ser enjuiciado penalmente

pdh vulva

Por José Daniel Rodríguez

La manifestación por la cual se citó al Congreso para el próximo martes 20 de marzo al -aún- procurador, es solamente la gota que derramó el vaso; hay muchas razones más para justificar la destitución de Rodas. Este artículo tiene como principal objetivo evaluar el desempeño y los resultados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) durante los últimos 7 meses, pero también aprovecho para recordarles a los diputados que decidirán sobre esta destitución, algunas otras acciones que ha realizado este activista político en su corta pero nefasta gestión.

El sesgo ideológico del actual procurador se puso de manifiesto desde el momento de tomar posesión, cuando dijo a los medios de comunicación: “Guatemala, repito, no es solamente Cayalá”; este es un argumento que debe analizarse en todo su contexto, ya que refleja el desgastado y anacrónico discurso de la lucha y odio de clases de Karl Marx, algo que no construye, sino divide a Guatemala. Por otro lado, también expresó su deseo de “integrar su equipo de trabajo solamente con indígenas”, lo que promueve el racismo y manifiesta muy poco interés en capacidades, conocimientos y experiencias, anteponiendo el origen étnico de sus colaboradores, totalmente incongruente con su mandato.

Hoy se habla mucho de la destitución del ya considerado ilegítimo y espurio “procurador de los Derechos Humanos”, Jordán Rodas Andrade, al haber acuerpado una manifestación ilegal que se burla de la Fe Católica, de la dignidad de las mujeres, que destruyó patrimonio histórico y que abiertamente promueve el aborto; esta última, una acción estrictamente prohibida desde la Constitución y cuya promoción también contempla sanciones penales. Debe mencionarse que el Organismo Judicial ya le había prohibido expresamente a Rodas desde el 8 de diciembre pasado que promocionara de cualquier forma el aborto, ya que al hacerlo incurre en delitos. Como se siente protegido por el dictadorzuelo Iván Velásquez quien le debe favores, no acató la orden, y ahora deberá también ser investigado y sancionado por este motivo.

La denominada “procesión de la vulva poderosa”, es un excelente ejemplo para exponer la importancia de respetar las creencias de todos. La Libertad de Culto es un derecho fundamental, establecido no sólo en la Declaración Universal de DDHH, sino en la misma Constitución de Guatemala, y por ello el Código Penal contempla sanciones para quienes hagan acciones como las del 8 de marzo, que tiene hoy como principales sindicados a la dirigente de la Asociación de Estudiante Universitarios de la USAC (AEU) Lenina García y a Jordán Rodas:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

“Artículo 36. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos.”

¿Rodas  defendió los Derechos Humanos y el cumplimiento de este artículo constitucional? Responda evaluando la evidencia, sin sesgos o favoritismos. ¿Cumplió con su deber, sí o no?

La verdad no me extraña que ahora los medios de comunicación serviles, oenegeros parásitos de resarcimientos, organizaciones terroristas como CODECA, CUC y CCDA –grupos que se dedican a las invasiones de fincas, marchas y bloqueo de carreteras “a la carta”, sabotajes y robo de energía eléctrica- salgan en defensa de uno de los suyos, y traten de minimizar la gravedad de las acciones de Jordán Rodas al argumentar que “casualmente coincidió con esta manifestación al visitar a los familiares de las niñas que fallecieron en el hogar seguro Virgen de la Asunción”.

¿En serio piensan que estos argumentos lo ayudan? Piénsenlo de nuevo, porque esto solamente es un agravante a la sindicación penal que ya está planteada en su contra.

Si ese fuera el caso, cumpliendo con el mandato de defensa de los Derechos Humanos de los guatemaltecos, él debió exhortar -en primera instancia- a las manifestantes a no divulgar su mensaje de odio,  burla y menosprecio para los fieles católicos que se encontraban en los alrededores de la Catedral Metropolitana y en el interior. Si estas feministas radicales -conocidas como “feminazis”- no accedían, lo que correspondía entonces era llamar a las Fuerzas de Seguridad para que fueran retiradas de lugar, consignadas y presentadas ante un juez, para así hacer valer la Libertad de Culto de los ciudadanos, pero también conservar el orden público y la Paz en esta época de reflexión para los cristianos.

En referencia a esto último, ya hay una denuncia penal interpuesta por la Asociación la Familia Importa (AFI), en contra de varias de las organizadoras de ese acto de provocación -incluyendo a la dirigente de la AEU Lenina García-, por considerar que se cometió el delito al que se refiere el artículo 224 del Código Penal:

CAPITULO VI

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CULTOS Y EL SENTIMIENTO RELIGIOSO

TURBACIÓN DE ACTOS DE CULTO

“ARTICULO 224. Quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa del culto o de los objetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de un mes a un año.”

¿Considera usted, luego de ver fotografías y vídeos, que hay suficiente fundamento para acusar y sentenciar penalmente a Lenina y a Rodas, al menos por este delito?

El afán desmedido de protagonismo del hasta hoy procurador, le pasó al fin la factura. Al integrar esa manifestación, dar declaraciones a la Prensa y no actuar de la manera que correspondía de acuerdo a la Ley, Jordán Rodas habría incurrido en varios delitos adicionales como incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, encubrimiento y apología del delito, por mencionar tan sólo algunos y tomando específicamente este caso. Por ello el título de este artículo, porque según mi opinión, no basta sólo con destituirlo, sino que debe responder penalmente y enviar un claro mensaje que ningún funcionario es superior a la ley, sino subordinado a ella. Si de verdad se está “luchando contra la corrupción e impunidad” como tanto han repetido durante los últimos 10 años, es ahora como pueden sentar un claro precedente, o seguir demostrando que lo anterior no es más que una farsa y que lo que se está realizando es aplicar la Justicia de forma selectiva, en donde los amigos son protegidos y los enemigos linchados en los medios de comunicación.

Para finalizar, debo recordarles que los ciudadanos tenemos el Derecho de Petición garantizado en el artículo 28 constitucional, para que –en este caso particular- el Congreso escuche y haga valer nuestra autoridad como mandantes de esta aún República:

“Artículo 28. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días.”

En ejercicio de este derecho, es que se han recolectado ya casi 20,000 firmas, para exigir la destitución inmediata de un activista político que jamás ejerció realmente como funcionario, sino que solamente llevó su resentimiento y agenda ideológica particular a la PDH. Los invito a hacerse presentes en la Plaza de la Constitución el próximo domingo, para respaldar esta iniciativa y hacer escuchar su voz.

Los funcionarios únicamente pueden hacer lo que la Ley les permite, no lo que se les da la gana. Si Rodas quiere ser activista político pues que lo sea, no hay ningún problema, el asunto que indigna es que utiliza recursos producto de nuestros impuestos y la investidura de la PDH, para burlarse de quienes le pagamos un jugoso sueldo, viajes, privilegios, mientras que él solamente se enfoca en lograr objetivos político-ideológicos perversos y así obtener beneficios personales.

Por todo el anteriormente expuesto y muchas razones más:

#UrgeDestituciónRodasPDH #DestituciónRodasYA

 

Acciones que delatan verdaderas intenciones… III Encuentro Ciudadano

dionisio thelma candidata

José Daniel Rodríguez

Lo que prometía ser un foro de debate y discusión de la coyuntura nacional con el nombre de III Encuentro Ciudadano: ¿Estado democrático o Estado capturado?, se convirtió en un burdo mitin político, una muestra clara no sólo que en la política guatemalteca rige más el miedo y los intereses, sino también de lo complicado que estará el próximo evento electoral al pretender comprar a base de golpes de chequera, juicios penales contra opositores y manipulación de la opinión pública a través de netcenters, la presidencia de la República de Guatemala.

Hoy voy a opinar sobre algunos aspectos que me llamaron la atención de dicho foro, pero este tema apenas inicia a ponerse sobre el tapete, y próximamente estaré abordando esta propuesta -abiertamente populista/mercantilista- más a fondo, para que los ciudadanos tengamos los insumos necesarios y comprendamos cuál es el trasfondo real de este muy cuestionable movimiento.

LO MÁS NOTORIO: Ni siquiera tratan de disimular un poco, que este evento tenía como único objetivo presentar la plataforma político-electoral para impulsar la candidatura presidencial de Aldana ¿Acaso piensan que los ciudadanos somos estúpidos?

 

ovación Aldana
LO QUE SE LEE ENTRE LÍNEAS:  Lo que se percibe, aunque no lo declaren formalmente aún, es que se respaldan en Dionisio Gutiérrez como financista principal y estratega, presentan asimismo al séquito de medios y “periodistas nahuilones”, a la ya obvia candidata del #PactoDeTerroristas Thelma Aldana y hasta un hipotético gabinete de gobierno con las “joyas” Lucrecia Hernández Mack, Francisco Rivas y Juan Solórzano Foppa integrándolo.
dionisio foppa
LO MÁS DESPRECIABLE: Cuando la presentación de la plataforma política de la candidatura presidencial de Thelma Aldana no podía dar más desconfianza, aparece nada más y nada menos que Helen Mack hablando de “cinismo”, “moral” y “derecho”… ¿Este sería el perfil de los asesores de Aldana si en mala hora fuera electa como presidente? ¿Notorios vividores y terroristas como Helen Mack, Lenina García, Sandino Asturias y Rigoberto Juárez -por mencionar algunos ejemplos-?
mack
UN CURIOSO DETALLE: El auditorio lucía al iniciar con espacios vacíos, la convocatoria tal parece que no era la que esperaron ni el evento despertó tanto interés, así que algunos buses del colegio Monte María no pudieron faltar, al mejor estilo de CODECA, CUC o la AEU. ¿Acarreados acaso? No sería de extrañar.
acarreados monte maría
LO IMPENSABLE: El medio digital Nómada recibe financiamiento de las mismas fuentes que las ONG´s que lucran de los DDHH y el ambientalismo, de países como Noruega, Suecia, ONU o magnates golpistas como Soros; pero ahora… La Fundación Libertad y Desarrollo también financia a Martín Rodríguez Pellecer a través de pauta publicitaria, la cual exhiben orgullosos en este artículo, por ejemplo, donde atacan y desprestigian a empresarios amigos y socios del señor Gutiérrez.
fundacion libertad y desarrollo nomada

CONCLUSIÓN: Según mi análisis, este proyecto nació muerto, no tiene ninguna representatividad empresarial ni ciudadana en absoluto; entre más se analiza a los integrantes del denominado “Frente Ciudadano Contra la Corrupción”, más salta a la vista que acoge a lo peor de cada sector, de la iniciativa privada, de las ONG´s, de grupos terroristas como CODECA o CPO, de la Prensa y muchos politiqueros oportunistas más, que esperan ganar cuotas de poder o impunidad al sumarse a este proyecto político.

Me extraña mucho que un empresario exitoso, con el instinto, visión, agallas e inteligencia de Dionisio Gutiérrez haya caído tan fácil en esta estrategia desesperada para mantener cooptado al Estado, apoderarse Sistema de Justicia completo y ahora van tras el Organismo Ejecutivo -¿o es enteramente idea suya?-. Es incomprensible que vaya a financiar a un proyecto abiertamente ideológico y que pretende terminar de destruir las bases de la división del poder republicano, la libertad de empresa, la propiedad privada, derechos fundamentales ciudadanos y el orden constitucional. Me extraña aún más que no haya aprendido en todos estos años que los socialistas no conocen el honor ni la lealtad, que no tienen palabra, y que cuando ya no lo necesiten lo van a apuñalar por la espalda sin ninguna misericordia. En fin, a veces las lecciones hay que aprenderlas así, de la forma más dolorosa…

Si rechaza este proyecto político, exprésese en las redes sociales con el hashtag #AldanaNoTeToca.  COMPARTA Y OPINE POR FAVOR.

 

Sacrificio del alfil, para salvar a “la doña”

 

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Por Jose Daniel Rodríguez

Como acostumbra la CIGIG y el MP, con gran alharaca y el apoyo de sus medios serviles se informó acerca de la captura del ex presidente Álvaro Colom, el ex ministro de finanzas Juan Alberto Fuentes Knight y varios otros integrantes del gabinete de la UNE, pero no Sandra Torres por supuesto, ella sigue siendo protegida, y es ahí donde debemos enfocarnos para no ser engañados fácilmente.
Fuentes Knight tiene muchas cosas que explicar. Por su gestión como ministro de finanzas, también debe de responder por la malversación de Q4,000 millones para financiar el corrupto programa de Cohesión Social de Sandra Torres, y dilucidar su responsabilidad en el escándalo de abuso sexual de menores de Oxfam Internacional, entidad de la cual él es presidente (entidad británica que también financia a organizaciones radicales que lucran de la conflictividad social como CALAS, cabe mencionar)
La presión ciudadana exigiendo imparcialidad y que se dejara de proteger al partido UNE logró estas capturas, no es ningún logro de CICIG y del MP como quieren hacer creer los netcenters y medios de comunicación. Esto más bien debe de entenderse como una estrategia desesperada, ante la debacle en la credibilidad y evidente justicia parcial que hasta este momento habían impuesto como norma. Para los que juegan ajedrez les parecerá familiar: prefieren “sacrificar un alfil -y varios peones más-, para salvar a la doña”. Esto significa que pueden sacrificar a una decena de personas, para salvar toda una lucha de años para tomar poder sin pasar por elecciones. Así de simple.
Otro aspecto que es necesario evaluar como evidencia de esa estrategia, es que solamente se gestionaron las capturas de Álvaro Colom y su gabinete cuando la Contraloría General de Cuentas demostró que habían presentado denuncias desde hace varios años por el caso Transurbano, y que hasta el momento no habían sido escuchadas.
Ahora hay que llevar las investigaciones hasta el final y dar con todos los implicados, me refiero a los mercantilistas corruptos que se beneficiaron del subsidio y otros privilegios, pero por supuesto también eso incluye el financiamiento de Movimiento Semilla, ya que muy probablemente se ha nutrido con fondos provenientes de nuestros impuestos teniendo a Juan Alberto Fuentes Knight como uno de sus máximos dirigentes.
La lucha sigue, y no podemos caer en cortinas de humo ni bajar la guardia. Debemos de seguir exigiendo que todos los responsables sean capturados, aun faltan Sandra Torres, los ex ministros Carlos Menocal, operadores políticos como Orlando Blanco, Jairo Flores, Mario Taracena o el nefasto ex vocero presidencial Ronaldo Robles, que hasta ahora siguen impunes.
Piense por favor, y exprese su opinión, no permita que lo engañen con cortinas de humo, que muy posiblemente buscan desviar el tema de la compra anómala de un edificio en la zona 5 por parte de la fiscal general, o la denuncia penal contra Mayra Véliz por otorgarle visa guatemalteca a 106 musulmanes sin llenar los requisitos de Ley.
Si Fidel Castro estuvo dispuesto a sacrificar a su entrañable amigo y asesino favorito el Che Guevara por el bien de la revolución y porque le servía más como mártir, ¿cómo no va a sacrificar Iván Velázquez y Aldana a Álvaro Colom y Juan Alberto Fuentes Knight para salvarse a sí mismos?

#DespiertaGuatemala

Guatemala

José Daniel  Rodríguez
Hoy escribo este artículo con el único objetivo de invitarlos a reflexionar, a ser críticos y no caer en estrategias de marketing que tratan de engañar a los ciudadanos con una falsa “lucha contra la corrupción e impunidad”. Quiero exhortarlos a evaluar evidencia y que comprendan los verdaderos objetivos de grupos paralelos que lo que intentan es llegar al poder por la vía no democrática, sin importarles la grave crisis política e institucional por la que atraviesa nuestro país.
En Guatemala rige el sistema republicano democrático de gobierno, esto está establecido desde la misma Constitución para garantizar que existan pesos y contrapesos en el ejercicio de la autoridad que los ciudadanos delegamos por mandato a los funcionarios públicos.
En pocas palabras esto significa que nadie tiene poder absoluto, nadie -ni siquiera la Corte de Constitucionalidad-, sino por el contrario, éste se divide en tres organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales gozan de total independencia entre sí, es estrictamente prohibida la subordinación entre los mismos. Además, este sistema garantiza que los ciudadanos podamos elegir libremente nuestras autoridades cada cierto período, y por ello éstas gozan de legitimidad y representatividad.
En los últimos años hemos visto como una comisión extranjera que supuestamente venía a asesorar al Ministerio Público para investigar y desmantelar cuerpos paralelos clandestinos de seguridad, ha violado reiteradamente el mandato que se le otorgó, la Convención de Viena y la Constitución Política de la República de Guatemala constituyéndose como un poder paralelo absoluto, incluso por encima de los tres poderes del estado, interfiriendo en temas como selección de funcionarios públicos, procesos electorales, reformas de la constitución o que se incrementan los impuestos.
Por otro lado también veo con mucha preocupación que la Corte de Constitucionalidad esta implantando una peligrosa dictadura judicial, en la que interfiere directamente en las funciones del Organismo Ejecutivo al no permitir que maneje la política exterior del país, en el Organismo Legislativo al entrometerse en los procesos internos para elegir a una junta directiva y además, el colmo, prohibirle que legisle y que trate cualquier tema que limite el poder de la CICIG, contraviniendo la división del poder y las atribuciones específicas que la Constitución le asigna a este alto organismo del Estado.
Debemos de comprender que no basta con hacer acusaciones y linchamientos mediáticos en la televisión, las denuncias deben sustentarse con evidencia, respetar el debido proceso y garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho de defensa, para lograr condenas en tribunales imparciales. Cuando la justicia se aplica de forma parcial y sesgada ideológicamente, de ninguna manera puede llamarse justicia.
Evaluemos la gestión de CICIG en los 10 años que tiene en nuestro país de una forma objetiva. Ha destruido la vida de personas, como los hermanos Valdés Paiz por ejemplo, recurriendo incluso a métodos ilegales como soborno de testigos. Hasta el momento mucho show en los medios de comunicación serviles, pero condenas en tribunales prácticamente nada, ni una relevante.
Para ponerle la guinda al pastel de impunidad y justicia selectiva, hay casos de evidente corrupción como por ejemplo el Transurbano, el Consejo de Cohesión Social, las visas para posibles terroristas musulmanes de Mayra Véliz, la compra ilegal de un edificio de 35 millones de quetzales por parte de la fiscal Thelma Aldana, la estafa con víctimas falsas por parte de Mario Polanco. ¿Han visto alguna investigación en torno a estos casos? ¿Por qué a unos, los amigos y aliados ideológicos, se les protege y a otros se les ataca usando el Sistema de Justicia como arma?  la respuesta a las dos preguntas anteriores es simple, aunque hay investigaciones en estos casos, éstas se encuentra en el fondo de alguna gaveta del M P, ya que la justicia de ninguna manera es imparcial sino selectiva dependiendo de la persona.
Nos están en caminando hacia una concentración del poder en un organismo paralelo extranjero, con funcionarios nombrados a dedo y que se aferran al poder para debilitar instituciones y cooptar el sistema de justicia. Tomemos en cuenta que la Libertad, el Estado de Derecho, la Paz y el sistema republicano mismo, están en grave peligro ante la arremetida de grupos que ansían llegar al poder, arrebatarlo mejor dicho, ya que éste les ha sido negado reiteradamente en elecciones libres por parte de los ciudadanos.
Para finalizar quiero dejarles esta reflexión de Cicerón, para motivarlos a ser realmente ciudadanos de Guatemala y no seguir permitiendo los abusos de ningún funcionario, entidad nacional o extranjera que se cree superior a la Ley:
 “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su Patria a un poder que que pretende hacerse superior a las leyes”

 

Golpe de Estado “Constitucional”

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José Daniel Rodríguez

Cuando entró en vigencia la Constitución Política que hoy rige en Guatemala, ya en un lejano 1986, se consideraba importante formar un ente colegiado especializado en la defensa del orden constitucional. Fue así como se dio vida a la Corte de Constitucionalidad, como garante y máxima autoridad en materia de interpretación del texto de la Carta Magna.

Los magistrados, por muchos años, fueron destacados abogados guatemaltecos, personas íntegras, capaces y con sólidos conocimientos en esta rama del Derecho, hasta que vino la CICIG y se empezó a entrometer en los procesos de selección, a tal punto, que hoy 3 de los magistrados titulares no sólo son cuestionados por su ética y honradez, sino que representan al sector más retrógrada de la izquierda de nuestro país. Me refiero específicamente a Gloria “bono revolucionario” Porras, exmandataria judicial de Sandra Torres y quien avaló su inscripción como candidata presidencial en evidente Fraude de Ley; José Francisco De Mata Vela, exrector de la USAC con múltiples señalamientos de corrupción, y Boanerge Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la misma USAC por más de una década, y también con múltiples denuncias por malos manejos de fondos.

El historial de fallos ilegales evidentes de la Corte de Constitucionalidad inicia con la declaratoria de Non Grato contra el comisionado Iván Velásquez, concediendo amparo al activista político que cobra sueldazo como si fuera Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, y argumentando que “no tiene validez dicha declaratoria al no haber sido acompañada de la firma de al menos un ministro”. En este sentido y para que exista congruencia con dicha resolución, ya se planteó un recurso de amparo para también anular la solicitud de prórroga del mandato de la CICIG citando el precedente que la CC estableció, ya que dicha solicitud solamente tenía la firma del presidente Jimmy Morales, al igual que las anteriores prórrogas solicitadas por Colom y Pérez Molina que convertirían a esta entidad de la ONU en un cuerpo paralelo ilegal, y nulos todos los procesos en los que ha intervenido desde entonces. Por supuesto que este amparo aún sigue engavetado y dudo mucho que se resuelva con la celeridad que los temas políticos que le interesa a la agenda de la denominada “pink left” y que pareciera ser también la agenda de la corte de Constitucionalidad.

Un segundo fallo ilegal es el que anuló la elección de la Junta Directiva del Congreso, presidida por el joven político Alvaro Arzú Escobar y que ordena repetir el proceso. Digo que es violatorio a la Constitución y a precedentes establecidos, porque contradice una resolución previa del 2017, en la que argumentan los magistrados:  “en todo caso, la descalificación por cualquier motivo de alguno de los integrantes de una planilla que esté participando en un proceso eleccionario, no podría afectar a los demás miembros de una misma planilla, dado que la imputabilidad de cualesquiera situación anómala que se realice es netamente personal, sin que dicha circunstancia pueda afectar a los demás”

Si se aplica el precedente constitucional, solamente Alejandra Carrillo, una de las diputadas integrantes de esa planilla debería de ser sustituida, ya que ella sí se trasladó de partido luego de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, pero no el resto de diputados y así podrían asumir sus funciones en este momento que Guatemala requiere que todas las instituciones trabajen normalmente, principalmente por la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pero en este caso hay más ilegalidades, como por ejemplo otorgar “amparo provisional” a la ONG Acción Ciudadana, pero a la vez emitir una sentencia definitiva, sin convocar a las partes a emitir sus argumentos de cargo y descargo, lo cual viola el principio de Presunción de Inocencia que establece que “nadie puede ser condenado sin antes ser CITADO, ESCUCHADO Y VENCIDO EN UN JUICIO IMPARCIAL”. Para finalizar con esta letanía de acciones ilegales, la CC también resolvió que se anula la elección de la Junta Directiva, pero le da plena validez a lo actuado por este órgano colegiado algo que contradice el precepto que cuando se anula un nombramiento, todo lo actuado también es nulo IPSO JURE.

La Corte de Constitucionalidad, otrora garante de la Constitución, hoy solo es otro poder paralelo que usa la Justicia con fines políticos para entrometerse en las funciones y someter a su voluntad a los 3 poderes del Estado y eso no tiene otro nombre que Golpe de Estado, aunque lo disfracen de “legal”. Se están resolviendo recursos en el orden que sirva para dichos intereses e interpretando la Ley de forma antojadiza y eso es peligroso para la institucionalidad porque no existe certeza jurídica ni igualdad ante la Ley.

Guatemala está bajo el asedio de grupos paralelos espurios, que sueñan con convertir a nuestra amada Patria en otra Venezuela, destruir el sistema republicano para convertirnos en una dictadura totalitaria marxista. ¿Les parece exagerado? No lo es, tan sólo veamos los orígenes de Velásquez en lo más profundo de la narcoguerrilla terrorista de las FARC y veamos quiénes lo acuerpan en Guatemala, sólo guerrilleros y parásitos que lucran de la conflictividad y los resarcimientos. La pregunta es: ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras que la izquierda retrógrada y sus netcenters nos imponen su #PactoDeCorruptos? Al menos YO NO, ¿y usted?

 

La irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad nos cuesta caro

protesta a favor de mina san rafael

José Daniel Rodríguez

 

Guatemala se encuentra actualmente en un limbo legal ocasionado por la máxima Corte del país, ya que al retrasar resoluciones de recursos presentados hace meses, pone en graves aprietos financieros a diversas empresas que en su momento cumplieron y siguen cumpliendo con todos los requisitos tributarios, mercantiles y ambientales para operar en nuestro país.

Lo grave del caso, es que esta situación más parece obedecer a temas ideológicos y no jurídicos o de protección del medio ambiente, toda vez que se está tergiversando el Convenio 169 y las Consultas Comunitarias que se requieren para llevar a cabo proyectos de este tipo en poblaciones indígenas. Si bien Guatemala es firmante de dicho acuerdo internacional, debe de tenerse claro que esas consultas son herramientas de diálogo, mecanismos para intercambiar información y negociar en beneficio de las comunidades más pobres del interior. De ninguna manera se estableció como un arma ideológico-legal para cerrar operaciones de empresas, tampoco tiene carácter vinculante, ni es una votación de “sí” o “no” como algunos grupos con intereses mezquinos quieren hacer creer.

En este sentido, cabe destacar que ya existe una macrosentencia dictada por parte de la Corte de Constitucionalidad, en la que los magistrados mismos definieron que debía de aplicarse para cualquier otro caso similar. El ejemplo de la hidroeléctrica OXEC demuestra que sí es posible obtener acuerdos entre el Gobierno, empresas y verdaderos líderes comunitarios, en beneficio de todos. Es esto lo que le molesta tanto a organizaciones que lucran del discurso falso del “ambientalismo”, porque viven de la miseria y el conflicto, necesitan de la dependencia e ignorancia de los guatemaltecos para así poder enriquecerse difundiendo mentiras y frenando el desarrollo.

Estas organizaciones a las que hago referencia, como CALAS, se oponen a las inversiones en el sector extractivo utilizando datos manipulados y difundiendo verdades a medias para tratar de demostrar que esta industria es nociva para Guatemala, lo cual es falso, ya que los aportes financieros y de tipo social son evidentes y en crecimiento, incluso sus programas de mitigación ambiental han logrado rescatar áreas que antes estaban deforestadas e improductivas. Por eso, cuando vuelvan a escuchar el argumento: “las minas le dejan migajas al país y se llevan todas las ganancias al extranjero”, sepan que están ante un mentira descarada, esa es la excusa de estos grupos para pedir dinero principalmente en Europa, pero que luego no se traduce en beneficio de ninguna de las comunidades bajo su influencia.

Estudios recientes como el de Central American Business Intelligence -CABI- que pueden descargar al final de este artículo, demuestran que la tasa efectiva que esta industria aporta al país de sus ingresos es del 53% en impuestos, regalías, tasas y arbitrios municipales; generan cientos de miles de empleos directos e indirectos; además, el volumen de divisas que esta actividad aporta en concepto de exportaciones es de los más altos de los contribuyentes al PIB. Por si fuera poco y para terminar de desbaratar mitos, la utilidad real efectiva que le queda a los accionistas ronda sólo el 20%, es decir, que el Estado gana casi 3 veces más que los accionistas, sin riesgos y sin invertir ni un solo centavo. ¿Todavía piensan que es una mal negocio para el país?

Guatemala no necesita más conflictividad, sino ponernos de acuerdo y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro país. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos definir este tema y aplicar precedentes establecidos para el caso específico de #MinaSanRafael como el de la hidroeléctrica OXEC, para así garantizar la certeza jurídica, la Libertad de Mercado y la igualdad ante la Ley.

 

(En este enlace pueden descargar el estudio de Central American Business Intelligence, que describe el aporte económico de la industria extractiva para Guatemala en los últimos años:

Aunque a algunos les incomode, Álvaro Arzú Escobar es el presidente del Congreso de la República de Guatemala

alvaro arzu ley de protección animal
José Daniel Rodríguez
Como seguramente ya saben, el diputado Alvaro Arzú Escobar fue electo ayer como presidente del Congreso de Guatemala para el período 2018-2019, y es normal que los que hasta ahora han mantenido cooptado el Estado estén muy preocupados y desde ya estén realizando ataques contra este joven y prometedor político guatemalteco.
Digo que esto era de esperarse, porque el diputado Arzú no tiene nada por dónde chantajearlo, tampoco necesita negociar impunidad como Mario Taracena, por ejemplo -su padre sabe y puede muy bien defenderse solo y ya lo ha demostrado-; por otro lado tiene las manos limpias a diferencia de Nineth Montenegro y su multimillonario resarcimiento secreto y el encubrimiento para Mario Polanco ante la presunta estafa al Programa Nacional de Resarcimiento con víctimas falsas. Además, según mi punto de vista, cuenta con el liderazgo, ideas claras, carácter, independencia, conocimientos y habilidades que esta alta investidura necesita. Cumple perfectamente con el perfil requerido y celebro dicha elección, pero también desde ya inicia la fiscalización de su gestión para hacerle ver sus errores y realizar peticiones ciudadanas, pero también para aplaudirle sus éxitos de ser el caso y si vela realmente por los intereses de la Nación.
Para los que no lo conocen, Álvaro Enrique Arzú Escobar tiene 33 años de edad, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Francisco Marroquín y también tiene pensum cerrado en la maestría de Política Económica. En este sentido los guatemaltecos podemos estar orgullosos de contar con un especialista dirigiendo el Congreso, alguien no sólo capaz sino honorable, lo que no sucedía en mucho tiempo. Es su primera legislatura y ya está dando muestras de ese liderazgo político que tanto le hace falta a nuestro país.
Entre las iniciativas de Ley más relevantes que ha presentado, puedo mencionar dos que recuerdo al momento de escribir estas líneas: La reactivación de la Pena de Muerte, la cual a pesar de sus esfuerzos se encuentra estancada en ese Organismo y cuesta arriba luego que la Corte POLÍTICO-IDEOLÓGICA de Constitucionalidad decidiera declarar “inconstitucionales” algunos artículos de la Constitución que se refieren a esta condena penal. Pero además, impulsó y llevó hasta su aprobación y redacción final una Ley que considero importante, la Ley de Bienestar Animal que contempla graves sanciones para todo aquel cobarde que maltrate animales, contempla multas considerables y permite su decomiso inmediato para resguardar su integridad en esos casos.
La elección de Arzú Escobar para dirigir el Congreso es la primera gran derrota de la izquierda retrógrada. Ahora viene la lucha para recuperar la SAT, el MP y la Contraloría, pero también recordemos que este poder del Estado puede además de revisar o cancelar el Convenio que dio vida a la CICIG y el del Procurador de los Derechos Humanos. Estas, entre otras, son las principales razones por las que estos resentidos y hambrientos de poder ya están recurriendo a sus medios de comunicación serviles para intentar desprestigiarlo, pero sus detractores pueden llorar y patalear en Guatemala o en el Extranjero, la decisión soberana ya está tomada y estoy seguro que el recién electo presidente del Organismo Legislativo desde ya está planificando y generando acciones para reencauzar los destinos de nuestro país.
Por todo esto y porque ahora el #PactoDeTerroristas, que es el #VedaderoPactoDeCorruptos, tiene un contrapeso real en uno de los Organismos del Estado, al menos, le deseo muchos éxitos al diputado Álvaro Arzú Escobar pero a la vez le exijo, como mandante, que se enfoque en proteger los intereses de los ciudadanos y de Guatemala, y que no ceda ante las presiones ni chantajes de los poderes paralelos nacionales y extranjeros que tienen como objetivo destruir la institucionalidad y la República de Guatemala.

El “dedazo” de Thelma Aldana

aldana

Por José Daniel Rodríguez

Hace algunos días la actual fiscal general Thelma Aldana se apresuró a designar a su sucesora en caso que ella ya no pueda seguir ejerciendo el cargo, ya que su período vence en mayo del presente año. Lo que llama la atención es que se trata de la licenciada Wendy Ordóñez, encargada de la Unidad de Métodos Especiales y esposa del ministro de Gobernación Francisco Rivas, quien también ya anunció que buscará ser nombrado Jefe del Ministerio Público.

A simple vista este parecería un caso más de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación clara a la Constitución y a la Ley Orgánica del MP, pero va mucho más allá de las apariencias…

La designación “a dedo” de la fiscal Aldana, busca garantizar que alguien de su entera confianza quede al mando de la institución encargada de la investigación y persecución penal, pero no para cumplir con el mandato de la institución, sino todo lo contrario. Lo que realmente le preocupa a la fiscal general, según mi análisis, es que alguien no afín al #PactoDeTerroristas que ella y Velásquez lideran como símbolos de lucha, se dé cuenta de la situación actual de esa entidad, sobre todo en temas financieros y de ejecución presupuestaria; tampoco quieren que se haga pública la forma en la cual los procesos se están desarrollando ya que saben que están basados en suposiciones y testimonios muy cuestionables de criminales que a través de convertirse en “colaboradores eficaces” dicen lo que se les pide, no lo que les consta.

Hablemos de un caso hipotético, pero altamente probable: ¿Qué pasa si en la terna electa por las comisiones de postulación no entra ninguno de los subordinados de Velásquez, como Francisco Sandoval, el mismo ministro Rivas o el juez Gálvez, sino que se da la sorpresa que sean seleccionados Rivera Clavería o Fernando Linares Beltranena? Sencillo, entrampan la selección final del presidente con cientos de amparos que podrían tardar años en resolverse; mientras tanto, la “ungida” de Aldana seguiría dirigiendo el MP y asegurando impunidad total para los “camaradas revolucionarios”.

Thelma Aldana no sólo violó la Constitución con esta designación, sino también la Ley Orgánica del MP que explica claramente a quién le corresponde sustituir al fiscal general en caso que no pueda ejercer sus funciones. Lo anterior está establecido en el artículo 15, el cual estipula que la persona que sustituya al jefe del Ministerio Público deberá ser fiscal regional, de distrito o sección y ser el de mayor antigüedad en el puesto. La esposa del ministro de gobernación no dirige ninguna fiscalía, sino una unidad administrativa; tampoco es la de mayor antigüedad, por lo que no puede ser designada como sucesora y ese abuso de autoridad de la actual fiscal podría ser constitutivo de varios delitos, por los cuales deberá responder penalmente al momento de perder el privilegio de antejuicio y que asuma un funcionario objetivo e independiente, ya que por ahora el Sistema de Justicia completo está cooptado y seguramente le favorecerá el manto de impunidad que la ha protegido hasta ahora.

Pero no sólo existe este caso, también el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Francisco Sandoval, fue nombrado ilegalmente ya que según la ley vigente en ese entonces, para dirigir una fiscalía se debía tener 35 años de edad cumplidos y él solamente tenía 33 en 2,015 cuando fue nombrado. Si a esto le sumamos el caso de la Secretaria General del MP, Mayra Véliz, denunciada penalmente por facilitar el ingreso de posibles terroristas islámicos a nuestro país, y las serias acusaciones de corrupción, alteración de evidencia y robos durante los operativos que el MP realiza por parte del exauxiliar fiscal Victor Leonel Orellana, nos hace saber que los abusos y acciones ilegales de Thelma Aldana que ya conocemos, solamente son la punta del iceberg, y seguramente hay mucho más que los cooptadores del Estado no quieren que se descubra.

Por esto y por muchas razones más, el proceso de selección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público debe involucrarnos a todos los ciudadanos. Guatemala necesita para este puesto a alguien no sólo capaz, con experiencia y conocimientos sobresalientes, carácter, liderazgo, sino tal vez más importante, se requiere a alguien independiente e imparcial para rescatar el Sistema Judicial y que deje de ser usado como arma ideológica de venganza y para anular a enemigos políticos.