Carta abierta para los ciudadanos y gobierno de Israel

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Por José Daniel Rodríguez

Excelentísimo Embajador de Israel en Guatemala

Señor Mattanya Cohen

Su despacho

Me dirijo a usted, esperando que a través de sus buenos oficios se haga llegar este mensaje a su gobierno y a la ciudadanía del país que representa. Simplemente soy un ciudadano guatemalteco preocupado por la situación del Estado de Israel y escribo esto como una muestra de apoyo irrestricto, pero también para exponer algunas opiniones que considero importante que se divulguen.

Hace algunos días se llevó a cabo una votación en la ONU sobre un tema de vital importancia para un Estado que es amigo incondicional de Guatemala, un hermano que nunca nos ha fallado y nos ha tendido la mano desinteresadamente no sólo en las buenas, sino que también en las malas y en las peores.

Escribo esta corta pero sincera misiva lleno de indignación por las decisiones que ha tomado el Gobierno de Guatemala ante la consulta en la ONU sobre reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Digo esto porque de ninguna manera estoy de acuerdo con una abstención, mucho menos con votar en contra del mejor aliado de nuestro país. Además, luego de ver la respuesta ante esta noticia en las redes sociales, considero que la mayoría de ciudadanos estarán de acuerdo conmigo en este rechazo.

Se que tal vez esta carta no signifique mucho, ni tendrá el peso diplomático que en este momento necesitan, pero quiero expresar mi postura y dejar claro que no sólo no respaldo lo que las autoridades de Guatemala han manifestado de forma ambigua y cobarde, sino que las rechazo rotundamente. Considero que tienen todo el derecho de trasladar la capital a la Ciudad Santa ya que por historia les pertenece, y deberían de tener también el control absoluto de dicha metrópolis.

Si bien es cierto que en un ya lejano 15 de mayo de 1,948 Guatemala emitió el voto decisivo para la creación del Estado de Israel y desde entonces hemos tenido no sólo relaciones diplomáticas cordiales, sino de hermandad entre las dos naciones, hoy me siento frustrado y muy molesto porque nuestros representantes no han honrado esa relación y, por el contrario, traicionaron a un país que jamás nos ha dado la espalda, sino todo lo contrario, para ello puedo citar un ejemplo: Cuando durante el Conflicto Armado en el cual nos vimos envueltos durante 36 años, todos los “aliados” -especialmente Estados Unidos- nos abandonaron esperando que las organizaciones terroristas accedieran al poder por la fuerza para imponer una dictadura comunista, ustedes no dudaron en respaldar al Ejército para poder vencer a estos grupos radicales que en nada se diferencian de los que hoy atentan contra la paz y la integridad de su territorio.

También debo agradecer que el apoyo que Israel brinda a nuestro país se enfoque en la tecnificación agrícola, intercambio comercial, cultural, arte y cooperación académica otorgando becas, pero sobre todo por interesarse tanto en el bienestar de las comunidades más pobres, esto es lo que Guatemala precisamente necesita, que se les enseñe a producir y mejorar su calidad de vida.

No puedo más que manifestarles que tal decisión del Gobierno de Guatemala no representa el sentir y pensar de millones de ciudadanos que consideramos al Estado Judío como un verdadero hermano.

Finalizo expresando que al menos para mí, la lealtad lo es todo. Los funcionarios del gobierno de Guatemala a cargo de las relaciones diplomáticas son los traidores, YO NO. Siempre contarán con todo el agradecimiento cariño y respaldo de mi parte y estoy seguro que de muchísimos guatemaltecos más también.

Larga vida a Israel. Shalom.

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CALAS y el despreciable negocio de la conflictividad socioambiental 

maldonado calas casas

Por José Daniel Rodríguez

La imagen que ilustra este artículo es una confesión pública realizada en Twitter por el asesor legal de CALAS, Rafael Maldonado, quien reconoció haber malversado fondos de la cooperación alemana para comprarse dos casas en uno de los residenciales más exclusivos de Escuintla, Alamedas del Conacaste.

He tratado de investigar el origen de los fondos de CALAS, pero lamentablemente no rinden cuentas ni de las cantidades, ni de la ejecución de esas “donaciones”. Al revisar su página web salta a la vista que está desactualizada y solamente registra “proyectos” al 2,011, pero sí mencionan a algunos patrocinadores como OXFAM, la embajada de Suiza, IBIS y la Unión Europea. La excusa que usan para captar recursos financieros suena muy bien –en la farsa, estos vividores son expertos-: “capacitaciones en derechos humanos de los pueblos indígenas en materia ambiental”, pero la realidad es muy distinta. Es fácil dar una charla de una hora de adoctrinamiento, para así justificar y cobrar casi 100,000 euros, por mencionar un ejemplo, así es como se enriquecen, mendigando dinero en el extranjero con patrañas que no pueden comprobarse físicamente.

Lo que sí es evidente es que CALAS se especializa en provocar conflictos permanentes contra empresas, pero callan ante los verdaderos problemas ambientales como la deforestación de los bosques para convertirlos en leña, la contaminación del 95% de los ríos y lagos con aguas negras que arrojan las comunidades, los incendios provocados por rozas sin control o la usurpación de “pacíficos comunitarios” en áreas protegidas como la laguna de Lachuá, en donde llegaron a instalarse con motosierras y camiones para robarse las maderas preciosas. Esto último no les genera dinero, no les interesa.

Recuerdo un caso, cuando Minera San Rafael estaba en fase de construcción y ni siquiera estaba cerca el inicio de operaciones, CALAS ya gritaba a los 4 vientos con el corifeo de cajas de resonancia de la Prensa servil nacional e internacional, que se estaba contaminando el río que se encuentra en las cercanías con productos químicos. Gracias a ello captó la atención de sus financistas y se expandió en las comunidades esa mentira. Digo mentira porque lo es, lo que se encontró en las muestras tomadas fueron heces fecales que los mismos pobladores lanzan sin control a las fuentes de agua. En cualquier país del mundo esta acusación falsa implicaría un proceso penal contra el mentiroso Yuri Melini y sus secuaces, incluso serían obligados no sólo a pagar las costas procesales del juicio, sino también daños y perjuicios por generar conflictos tergiversando información o alterando análisis científicos para obtener dinero, pero eso no sucede en Guatemala donde la Justicia está sesgada ideológicamente y se aplica selectivamente.

Fiscalizar a las oenegés “ambientalistas”, “feministas”, “indigenistas” o de “derechos humanos” no es tarea fácil. Hoy más que nunca se sienten todopoderosas, con protección e impunidad total. A pesar de saber esto de antemano, he tomado la iniciativa de ejercer fiscalización ciudadana y recabar información para este propósito, recurrí directamente de la fuente primaria. En este caso, entrevisté públicamente en Twitter a Rafael Maldonado, asesor legal de CALAS, una estructura dedicada a boicotear la inversión y generación de empleo.

Al principio accedió a contestar mis preguntas y se jactó de ser “100% transparentes”, pero luego al ver que no era tan fácil desviarse del tema -lo intentó hasta el cansancio- recurrió a prácticas conocidas y aplicadas por cualquier funcionario corrupto: descalificaciones personales, mentiras, insultos, evasivas, escudarse tras trámites burocráticos y, por último, la amenaza de enjuiciarme y “darme una sorpresa” para que no siguiera investigando y publicando denuncias sobre su despreciable negocio. Lamentablemente sólo respondió con evasivas y no pudo explicar el origen, montos, ni ejecución de los millonarios fondos que reciben.

Lo único que me quedó claro es que estos “activistas” que llamo Mercenarios del Conflicto lucran de la miseria, la enfatizan y consolidan, ya que si hay trabajo y desarrollo en las comunidades bajo su influencia se les acaban los viajes, los hospedajes en cómodos hoteles y sus multimillonarios ingresos.

Algo que sí reconoció es que durante los gobiernos sucesivos de Portillo, Berger y Colom esta nefasta ONG recibió dinero de nuestros impuestos, en cantidades aun no determinadas ni registradas como estipula la Ley de Libre Acceso a la Información y que le fueron asignados a través del MAGA y CONAP, sin que existan logros tangibles por esa erogación, ni tampoco, por ejemplo, programas de reforestación masiva, construcción de plantas de tratamiento de aguas negras o capacitaciones para clasificación de basura que bien podría generar ingresos por reciclaje a las comunidades que dicen defender. “Que lo hagan los empresarios” fue la respuesta de Maldonado, obviando que muchos ya lo hacen, incluyendo las minas, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana contra quienes enfocan su odio más por motivos ideológicos que medioambientales.

Mientras Maldonado y su socio Yuri Melini reciben decenas de millones de euros, dólares y quetzales, miles de familias se quedan sin sustento al suspenderse licencias de minas arbitrariamente usando como argumento legal las consultas comunitarias establecidas en el Convenio 169 de la OIT, a pesar de que no tienen poder de veto, tampoco se trata de una votación de “Sí o No” como se pretende, ni tan siquiera cuentan con un reglamento como ese Tratado establece explícitamente para que sea el gobierno quien las realice libre y objetivamente. Cuando se intentó redactar una norma para llevar a cabo estas consultas durante el gobierno de Álvaro Colom, estas mismas organizaciones se opusieron porque genera más conflictos -y dinero- el caos, el miedo y la manipulación, cuando lo correcto es que ellos mismos debieron aportar propuestas y emitir una norma para este fin.

Los directivos de CALAS y otros grupúsculos como CUC, Madre Selva, CCDA, CODECA, FRENA, etcétera siguen con su vida cómoda de privilegios y el desempleo aumenta en el país gracias a sus acciones violentas, el Estado recauda menos impuestos, los ingresos de divisas merman y la imagen de Guatemala está por los suelos para atraer nuevas inversiones, e incluso se corre el riesgo de ser objeto de demandas internacionales millonarias por incumplimiento de contratos.

Si la CICIG y el MP fueran imparciales, deberían investigar TODAS las “líneas” de corrupción, sin proteger a nadie, pero también la IVE, SAT y la Contraloría deben cumplir lo que manda la Ley y fiscalizar a las oenegés que lucran de la conflictividad social. Esta es una tarea urgente.

Pueden leer esta entrevista en el siguiente enlace:

 

 

Un precedente que debe respetarse

magistrados cc

 

José Daniel Rodríguez

“¿Por qué defendés tanto a la minas e hidroeléctricas que no dejan nada al país y saquean nuestros recursos contaminando el ambiente?”, me preguntan frecuentemente en las redes sociales. Me llama la atención el nivel de ignorancia sobre el tema y cómo grupos que lucran del discurso falaz de la “defensa del medio ambiente” han logrado por años engañar a las personas.

Analizando esta pregunta, debo explicar que no defiendo específicamente a minas e hidroeléctricas sino la certeza jurídica, las inversiones que estas industrias hacen en Guatemala, los cientos de miles de empleos directos e indirectos que están en juego. Es simple cuestión de Justicia ya que han cumplido con todos los requisitos que el Gobierno establece para estas actividades y, sobre todo, porque considero importante desenmascarar a las organizaciones radicales que se benefician de la ingobernabilidad, de provocar los conflictos, de mantener a los guatemaltecos en la miseria para así mendigar donaciones en el extranjero, intermediar en indemnizaciones y –el colmo de la hipocresía y doble moral- actuar como agentes de bienes raíces con comisiones de por medio para que los propietarios de terrenos le vendan con precios sobrevalorados a las empresas que tanto atacan y así puedan operar. Por un lado los demandan y por otro les consiguen los terrenos para que se instalen; lo que los mueve son intereses ideológicos y de lucro, no defender el medio ambiente.

Por otro lado, es falso que las industrias extractiva y generadora de energía no le dejen nada a Guatemala, al contrario, el grueso de la inversión extranjera directa en nuestro país se enfoca principalmente en esas ramas. Pero también es necesario aclarar que, por ejemplo, Mina San Rafael aporta no sólo las regalías acordadas del 5%, sino también una carga tributaria que ronda el 40%; pero eso no es todo, también existe una inversión importante en centros de salud, escuelas, infraestructura vial y genera miles de empleos.

Mientras que el denominado “Centro de Acción Legal Ambiental y Social” –CALAS-, por ejemplo, recibe decenas de millones de dólares, euros y quetzales en concepto de donaciones, comisiones e indemnizaciones sin pagar impuestos sobre esos ingresos ni ser fiscalizado adecuada y permanentemente por la Contraloría General de Cuentas ni la Superintendencia de Administración Tributaria, Mina San Rafael, según datos oficiales, ha pagado en concepto de impuestos (ISR, IUISI y otros) desde octubre del 2013 a mayo del 2017 un total de Q689,557,191.69; en el rubro de regalías totales desde 2014 a diciembre del 2016 Q304,790,627.09; pero tal vez el dato más importante, porque se refiere a compras efectuadas localmente y que dinamizan la economía de nuestro país favoreciendo a cientos de empresas y personas que prestan servicios profesionales, es el del período del 2013 a junio del 2017 por Q4,375,637,797.00. Con las operaciones de esta mina se beneficia el Estado en su conjunto, Gobierno, ciudadanos y empresas. Con las acciones de CALAS, en cambio, solamente se benefician sus dirigentes Yuri Melini y Rafael Maldonado que llevan a sus cuentas bancarias ganancias espurias, obtenidas lucrando de la pobreza.

La Corte Suprema de Justicia -CSJ- resolvió el pasado 8 de septiembre otorgar amparo definitivo a favor de CALAS, que actuó judicialmente en contra del Ministerio de Energía y Minas y que contempla como tercer interesado a la Mina San Rafael. Sin embargo, también ordenó, en consonancia con el precedente que sentó la Corte de Constitucionalidad –CC- en el caso de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, que el Gobierno debe de realizar la Consulta Comunitaria pero debidamente reglamentada por el Congreso, para así poder aplicar lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. Para ello se otorgó un año de plazo y se autoriza que la mina siga operando, pero siendo respetuosos de los procesos aún pendientes de resolver, esta empresa no ha reiniciado operaciones. Ahora el trámite se encuentra en la CC a la espera de un fallo inapelable y definitivo.

Los magistrados de la Corte de Constitucional, en este momento, ya han incurrido en violaciones al proceso al retardar su resolución. No olvidemos que tienen el mandato de defender y respetar la Constitución, no servir para lograr los objetivos de grupos de presión nacionales o extranjeros, simplemente aplicar la Ley como corresponde, más allá de ideologías o intereses particulares.

Las Consultas Comunitarias, en las condiciones actuales, no pueden aplicarse ya que no cumplen con los parámetros establecidos sobre reglamentación y la obligación del Gobierno en realizarlas; además deben de realizarse en un ambiente de paz y libertad, con información veraz sobre los proyectos de inversión propuestos, sin la injerencia ni manipulación de supuestos ambientalistas, tampoco de las empresas. Son una herramienta de negociación y desarrollo, no mecanismo para vetar inversiones ni suspender operaciones empresariales.

La máxima Corte del país tiene en sus manos emitir una resolución que afecta miles de empleos, además de que la imagen y certeza jurídica de Guatemala para atraer inversiones están en entredicho. En este sentido, lo que manda la Constitución y deben acatar los magistrados sobre el tema es lo siguiente:
“Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables.

El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización

Artículo 129.- Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada.”

Toda actividad humana genera impacto en el ambiente, toda, también las aguas negras, basura, detergentes y hasta animales muertos que las comunidades arrojan a los ríos, no digamos el uso de leña para cocinar o el tráfico de animales en peligro de extinción. ¿Necesitamos energía eléctrica y minerales? Claro que sí, Guatemala tiene un potencial enorme que otros países sólo sueñan, también debemos de proteger el medio ambiente por supuesto, pero considero que puede establecerse un equilibrio y explotación responsable de estos recursos. Lo que no se vale es oponerse sistemáticamente provocando daños a la economía del país, mientras los supuestos ambientalistas viajan en avión (construido con minerales y que usan hidrocarburos) a hoteles 5 estrellas (también construidos con minerales) en Europa, para llenarse los bolsillos de dinero al mismo tiempo que las personas que dicen defender pasan hambre añorando conseguir un empleo digno y bien remunerado.

Señores magistrados de la CC, ustedes juraron defender y hacer cumplir la Constitución; si lo hacen, los ciudadanos reconoceremos su labor, pero si no, también demandaremos que asuman sus responsabilidades, incluso penalmente, no lo duden.

 

(Imagen tomada de Prensa Libre)

 

Justicia para Ludvin Bernal Tiul Chacach

“El niño tenía cáncer y de todas maneras se iba a morir”
Por José Daniel Rodríguez
El argumento anterior es el que ahora se está difundiendo en redes sociales para deslindar de responsabilidades a la ya conocida organización criminal CODECA.
Es normal que los cobardes de CODECA ahora traten de evadir su responsabilidad penal, sólo falta que también se victimicen y se vayan a lloriquear a “su corte”, la CIDH, igual que su protector oficial Jordán Rodas Andrade, un activista político con disfraz de procurador de los Derechos Humanos, que cobra un jugoso salario proveniente de los impuestos de los guatemaltecos para defender a estructuras criminales como ésta y a un extranjero abusivo con aires de dictador como Iván Velásquez. Esa es la agenda particular de Rodas, además de conspirar contra la institucionalidad del Estado de Guatemala, por ello debe agilizarse su destitución inmediata en el Congreso, por violar la Ley Orgánica de la PDH.
Es cierto que Ludvin padecía cáncer en los huesos en una etapa avanzada y que prácticamente había sido desahuciado. Regresando del centro hospitalario donde era tratado, el niño se puso grave, llamaron a los bomberos, éstos NO PUDIERON PASAR debido a los bloqueos ilegales de esta organización dedicada al robo de energía eléctrica y sabotajes; por lo tanto, el niño no pudo recibir atención médica, se violaron los derechos de Locomoción y de Acceso a la Salud que garantiza la Constitución. Según el Código Penal son responsables de homicidio culposo ya que pudo estabilizarse y de no poderse salvar, llevarse al menos a morir de forma digna en el seno de su hogar, no en un asiento de un bus, bajo el sol, varado en la carretera gracias los desmanes de CODECA.
Ya es hora que el MP demuestre imparcialidad, al menos una vez, y que la muerte de este niño no quede impune. No es la primera vez que pasa esto, otras personas han muerto en circunstancias similares por bloqueos de otra estructura criminal que goza de total impunidad, el nefasto CUC que dirige Daniel Pascual.
Si la fiscal general Thelma Aldana deja de lado por un momento su ya notoria campaña mediática de reelección y quiere de verdad luchar contra la impunidad, entonces debe aplicar a CODECA la Ley Contra la Delincuencia Organizada, decreto 21-2006 para desarticular ésta y otras organizaciones similares. A continuación cito algunos artículos de la referida Ley que claramente describen la organización y delitos cometidos en flagrancia por este “comité de desarrollo campesino”:
“DEFINICIÓN
Artículo 2. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente Ley se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes:
(…)
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
(…)
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Código Penal:
e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato;
e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
(…)
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia;
(…)
g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito.
Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para tercero.
Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.”
La muerte de Ludvin me impactó porque sucedió en una acción ilegal de una organización criminal, por eso exijo justicia y le doy las herramientas legales al MP e incluso a la CICIG para que actúen de acuerdo a su mandato. Lo que causa indignación es el incumplimiento de deberes manifiesto de la PDH y del MP en este caso; pero  también es contradictorio que ninguna ONG de esas que “dicen” defender los DDHH se haya pronunciado aún al respecto.
¿Acaso una vida de la cual no pueden lucrar con los resarcimientos no vale entonces? ¿Cuándo van a entender estos grupos radicales que bloquear carreteras es ilegal, que no es de ninguna manera una manifestación pacífica?
Ya basta de impunidad y Justicia Selectiva.

Mercenarios del Conflicto

Por José Daniel Rodríguez
En los últimos años seguramente han escuchado el término “conflictividad social” para referirse a graves actos de sabotaje contra hidroeléctricas, agresiones contra trabajadores, invasión de fincas, secuestros de turistas e incluso terrorismo en Guatemala.
Este concepto trata de esconder acciones criminales cuidadosamente planificadas por grupos radicales que lucran de la miseria y el subdesarrollo, que necesitan masas de población en pobreza extrema, desempleadas y sin educación para manipularlas, engañarlas y así mendigar dinero en Europa para que sus dirigentes se enriquezcan, sin trabajar ni invertir ni un solo centavo.
Tal vez el ejemplo más notorio sea CODECA, ladrones de energía eléctrica confesos, con más de 500 denuncias penales estancadas en su contra o el CUC señalados por testigos como responsables de los actos violentos en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y la masacre de los Pajoques en San Juan Sacatepéquez, por mencionar un par de casos; pero hay otros grupos más que han hecho del conflicto un gran negocio, no sólo los provocan por cuestiones puramente ideológicas, sino que luego se victimizan al argumentar que son objeto de “represión del Gobierno y las transnacionales” o se autoproclaman “presos políticos” cuando son capturados.
El caso de la Mina San Rafael es paradigmático, porque suspender las operaciones de una industria responsable con la comunidad, con el Estado y las leyes, es pésimo para la imagen del país. No puede haber inversión, generación de empleo y desarrollo para Guatemala sin normas claras y estables, el mensaje que se envía al extranjero es que a pesar de cumplir con todos los requisitos, pagar los impuestos y regalías acordadas e invertir en infraestructura, escuelas, centros de salud y muchas otras obras de beneficio social, empresas de este tipo son atacadas por esas organizaciones que se dicen “ambientalistas” como CALAS o Madre Selva.
Esta situación cada vez más caótica tiene el agravante que estas estructuras que más bien parecen de crimen organizado son sistemáticamente protegidas por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los DDHH (PDH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero ahora cuentan también con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC). Parece increíble, pero las instituciones encargadas de la investigación penal y de impartir justicia son sus cómplices por acción u omisión.
Recientemente se han emitido resoluciones que lejos de consolidar el Estado de Derecho, han minado la confianza de empresarios nacionales y extranjeros por la poca certeza jurídica y garantías para los que arriesgan su capital en nuestro país y generan cientos de miles de empleos directos e indirectos. El Convenio 169 de la OIT es una herramienta de diálogo y desarrollo para las comunidades, pero se está usando como arma jurídica, racista e ideológica.
Debemos de tener algo muy claro, a estas oenegés no les importa el medio ambiente, lo que sí hacen -según investigaciones periodísticas y denuncias- es LUCRAR chantajeando a empresas para dejarlos operar; si no ceden, los demandan y exigen pago de resarcimientos siendo ellos los intermediarios por supuesto; pero aún más, también fungen como “agentes de bienes raíces”, negociando terrenos sobrevalorados para que los compren industrias generadoras de energía o minas. Para ellos es un negocio redondo, no pagan impuestos ni tampoco son fiscalizadas apropiadamente.
Por otro lado, es alarmante que los parámetros de crecimiento económico, especialmente la inversión extranjera directa estén en picada; nadie quiere ya invertir en Guatemala, hemos retrocedido varios puestos en las clasificaciones internacionales y esto no tiene más responsables que los magistrados de la CSJ y CC con sus fallos ideológicos sin fundamento legal.
No permitamos que unos pocos criminales y vividores mantengan en la miseria a los guatemaltecos. Ya es hora que estas estructuras de crimen organizado con fachada de ONG´s sean fiscalizadas al amparo de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, eso es lo que corresponde a las autoridades y es nuestro deber ciudadano denunciarlo y exigirlo, o Guatemala seguirá en esa espiral de violencia donde unos pocos son los beneficiados, los MERCENARIOS DEL CONFLICTO.
(Fotografía Prensa Libre. Grupos armados “en defensa del territorio” que operan en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango)

Así se tergiversó la historia del Conflicto Armado

pamela yates
GUERRILLEROS VESTIDOS CON UNIFORMES DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA, FUERON LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE EN BATZUL, QUICHÉ, 1,982.

Por José Daniel Rodríguez

La cineasta Pamela Yates se retractó hace algunos años del contenido del documental “Cuando Tiemblan las Montañas”, que fue utilizado como supuesta evidencia en el juicio contra el Gral. Efraín Ríos Montt. Yates aseguró que planeaba corregir “errores” en esa película, incluyendo el hecho de culpar a los militares por la masacre de algunos pueblos, ya que logró establecer luego de varios años que fueron responsabilidad del EGP.

Sin embargo, esta publicación no tuvo la difusión que sí tuvo la película de ficción y propaganda con la que Yates recibió reconocimientos e ingresos financieros; por ello es necesario compartir esta aclaración, para que no se siga engañando a los jóvenes y que comprendan que nuestro país sufrió el acoso de organizaciones terroristas durante el Conflicto Armado. Debe conocerse la verdad, que ellos mismos provocaron esa confrontación para tomar el poder por la fuerza e imponer una nefasta dictadura comunista. Los guerrilleros no eran “jóvenes idealistas que buscaban justicia, libertad y democracia” como ahora quieren hacer creer para victimizarse y cobrar resarcimientos multimillonarios; por el contrario, aún hoy día siguen siendo sádicos asesinos -incluso caníbales como Juan Tuyuc “comandante Peter”del EGP-, secuestradores y ladrones que gozan de impunidad total por sus crímenes.

Le pregunté en 2,014 a Pamela Yates directamente en Twitter en 2,014: ¿Cuántas mentiras así se han dicho sobre el Ejército de Guatemala? Ella respondió con el comunicado en español, del cual extraigo la parte fundamental:

“Nuestros guías nos dijeron que el pueblo de Batzul decidió colaborar con el ejército y formó una patrulla civil. Lo que la testiga me dijo en ese momento traumático en 1982 con respecto a las personas que vinieron y atacaron vestidos de soldados era cierto, y ahora tuvimos la oportunidad de escuchar la historia completa de ella y de nuestros dos guías, todos víctimas de la masacre. También dijeron que los guerrilleros sabían que Batzul había decidido colaborar con el ejército y que los guerrilleros pretendían ser soldados del ejército con el fin de engañar a los miembros de las patrullas civiles para que se reunieran en frente de la escuela. Cuando la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) publicó sus resultados en 1999, concluyeron que la masacre fue iniciada por guerrilleros vestidos de soldados, con el fin de reunir y matar a los miembros de la patrulla civil. Esto es lo que la CEH dice que sucedió: “El EGP recurrió también al camuflaje para engañar a los patrulleros, atraparlos y ejecutarlos por colaborar con el Ejército. El 17 de mayo de 1982 a las 6 de la mañana llegaron a la aldea de Batzul, municipio de Chajul, Quiché, tres hombres uniformados como soldados del Ejército, de pinto, pero unos 30 hombres que iban vestidos de verde olivo estaban escondidos en las afueras de la aldea. Juntaron a todos los hombres y les pidieron que fueran a patrullar para cuidar el puente de río Chicá. Pero antes dijeron que iban a hacer una reunión en la escuela de Batzul.
Llevaron a los 17 hombres en fila hasta el lugar. Amarraron a todos y los mataron uno por uno.”

“Nuestros guías de Batzul fueron víctimas quienes perdieron familiares en la masacre, y nos pidieron que clarificáramos que se llevó a cabo por la guerrilla y no por el ejército.  Tenemos la intención de hacer una corrección a esta escena, tanto en “Cuando las Montañas Tiemblan” y “Granito”.”

ESTE DOCUMENTAL INEXACTO FUE GANADOR DE VARIOS PREMIOS E INCLUYE POR SUPUESTO INGRESOS ECONÓMICOS. ¿PODRÁ AHORA EL ESTADO DE GUATEMALA DEMANDAR UN RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR ESTAS CALUMNIAS Y DAÑOS AL HONOR DE NUESTRO PAÍS?

Comunicado completo en el siguiente enlace:

http://skylight.is/2014/07/preliminary-investigation-results-by-pamela-yates-and-skylight-pictures/

(Imagen de archivo, documental “Granito: Cómo capturar a un dictador”/ Pamela Yates en un campamento terrorista del EGP)

Mario Polanco y La Línea 3

Polanco-Mario

Mario Polanco y La Línea 3

José Daniel Rodríguez

La corrupción está enquistada en todas las estructuras del Estado de Guatemala, de eso no hay duda y no es nada nuevo. Esto se debe en parte a la debilidad de las instituciones que tienen como mandato la investigación y persecución penal, pero actualmente la situación es mucho peor, porque la Justicia es selectiva y sesgada ideológicamente como lo demuestran las recientes acusaciones y amenazas en contra de funcionarios electos democráticamente tendientes a forzar un Golpe de Estado.

Lo que llama la atención, es que hay grupos disfrazados como “sociedad civil” o “colectivos sociales” que se adjudican liderazgo que no tienen y representación ciudadana con la que tampoco cuentan. Estas organizaciones hoy señalan, acusan y se rasgan las vestiduras exigiendo el fin de la corrupción y la impunidad, pero ellos mismos han sido denunciados penalmente de graves casos de fraude para obtener resarcimientos y gozan de total impunidad. ¿Cómo le llamaría usted a esto, cinismo, doble moral o ambas?

Estos grupos reciben millonarios ingresos sin producir absolutamente nada y tampoco pagan impuestos, son ONG’s que lucran del discursito falaz de la “defensa de los DDHH”, obtienen dinero de países y organismos internacionales para generar conflictos sociales, de eso viven y muy bien, son beneficiarios de constantes viajes por Europa y se hospedan en hoteles 5 estrellas. Esta es la Línea 3, la que hoy tiene cooptada las instituciones del Estado y las utilizan como arma ideológica.

El caso de Mario Polanco puede servir como evidencia de los mecanismos que usan estas estructuras para obtener dinero. Hace algunos meses se secuestraron con orden judicial varios documentos en la sede del Programa Nacional de Resarcimiento ya que esta institución presentó en el año 2011 una denuncia penal contra el director del Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco, por presuntamente falsificar los expedientes de 10 víctimas del Conflicto Armado y así exigir una compensación económica. Esto sucedió durante la gestión de la anterior fiscal general Claudia Paz y Paz, por lo que es totalmente comprensible que haya sido engavetada como muchos casos más contra activistas de extrema izquierda o vinculados con la guerrilla de la cual su familia completa fue parte activa.

¿Cuántas víctimas falsas le hemos pagado a Polanco y otras organizaciones que lucran del Conflicto Armado? ¿Cuántos muertos que al final no estaban muertos como los que han aparecido en Canadá y el Viejo Continente? ¿Cuánto de los impuestos que deberían haberse destinado a Justicia, Seguridad, Salud o Educación terminaron en los bolsillos de estos vividores?

El Ministerio Público, derivado de una denuncia interpuesta por Mario Polanco (GAM), presentó una nueva solicitud de retiro de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por haber recibido un bono de riesgo como Comandante General del Ejército.. Aunque este mismo bono y otros similares son asignados a distintas instituciones como el MP, la CSJ, la CC o el Congreso, es el del presidente el que les interesa, porque no cesan en sus sueños de acceder al poder por la fuerza ¿Qué solvencia moral tiene este conocido vividor, que incluso trató de hacerse pasar como “víctima de daños psicológicos” para que los guatemaltecos le pagáramos resarcimiento de medio millón de quetzales por la supuesta desaparición del terrorista del PGT Fernando García, ex esposo de su actual conviviente Nineth Montenegro?
Las denuncias de fraude, malversación, juicios amañados con pruebas y testigos falsos son reiteradas y abundantes contra estas ONG´s, pero siguen impunes y los medios tradicionales no hablan de ello, se autocensuran para parecer “políticamente correctos”. Mario Polanco debería estar preso desde hace rato; en mi opinión, no sólo no tiene legitimidad alguna para tratar de obtener la renuncia o destitución del presidente con un antejuicio ridículo, sino que debería estar respondiendo ante los tribunales por las denuncias en su contra. Doble moral y cinismo a todo color que sólo puede suceder en Guatemala.

 

 

 

CODECA, crimen organizado e impunidad con respaldo institucional de la PDH

Por José Daniel Rodríguez

Las desafortunadas declaraciones y las acciones durante las manifestaciones del pasado 20 de septiembre del recién electo Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, han causado indignación en los guatemaltecos ya que no sólo defiende y respalda al autodenominado “Comité de Desarrollo Campesino” -CODECA-, una de las organizaciones criminales más violentas, sino que además toma partido evidente como activista político/ideológico incluso dirigiendo movimientos que podrían considerarse como subversivos o sediciosos al usar su investidura y los recursos de la Procuraduría para participar activamente en manifestaciones que buscan la dimisión del presidente y la renuncia de los diputados del Congreso de la República.

A mí, como ciudadano, me preocupa que este funcionario haya iniciado tan mal y considero que debería ser removido del cargo de inmediato ya que ha violado su mandato con total descaro. La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos prohíbe y sanciona las acciones del señor Rodas y es el Organismo Legislativo, con mayoría calificada, el que tiene la responsabilidad de proponer y resolver su cesación del cargo, tal como lo establece el artículo 12:

“Causas de Revocatoria y Cesación. El Congreso de la República, con el voto de las dos terceras partes del total de diputados, hará cesar en sus funciones al Procurador y declarará vacante el cargo por cualquiera de las siguientes causas:
a) Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la constitución y esta Ley.
b) Participación material o intelectual, comprobada, en actividades de políticas partidista. (…)”

El sesgo ideológico del actual procurador se puso de manifiesto al tomar posesión cuando dijo a los medios de comunicación: “Guatemala, repito, no es solamente Cayalá”; este es un argumento que debe analizarse en todo el contexto y refleja el desgastado y anacrónico discurso de la lucha y odio de clases de Marx, algo que no construye sino divide a Guatemala; por otro lado, también expresó su deseo de integrar su equipo de trabajo solamente con indígenas, lo que promueve el racismo y manifiesta muy poco interés en capacidades, conocimientos y experiencias, anteponiendo el origen étnico de sus colaboradores.

Cada vez que abre la boca este funcionario, mete la pata como decimos los guatemaltecos; una entrevista realizada en Emisoras Unidas lo demuestra ya que declaró: “Igual representación tiene el CACIF que CODECA”. Esto, además de ser una mentira ridícula, es evidencia de su afinidad por este grupo radical que tiene más de 400 denuncias penales en los tribunales y que se roba alrededor de Q250 millones al año en energía eléctrica, pero que también recibe millones de euros y dólares de países como Noruega, Suecia, España y organizaciones internacionales como OXFAM, USAID, DKA Austria, entre otras. ¿Y en qué se habrá “invertido” ese dinero, lo fiscaliza la IVE o paga impuestos? ¿Usted ha visto algún proyecto realizado por CODECA de beneficio para las comunidades?

La diferencia entre el CACIF y CODECA es abismal, ni siquiera cabe mencionarlos en la misma oración. Los primeros se integran por las cámaras empresariales que se dedican a actividades comerciales, agrícolas, industriales y financieras, tienen miles de agremiados entre los que se incluyen micro, pequeños, medianos y grandes emprendedores que contribuyen a generar riqueza, empleo, desarrollo para Guatemala y sostienen, en gran parte, los gastos del Gobierno a través del pago de impuestos. CODECA, en cambio, es una estructura del crimen organizado que no produce absolutamente nada, no olvidemos que se ha apoderado de vastas regiones del país en las que la Policía ni el Ejército pueden transitar porque se arriesgan a sufrir emboscadas o secuestros, y le roban la energía a empresas como ENERGUATE para revenderla a vecinos incautos que se convierten en cómplices de graves delitos. 

En manifestaciones violentas que incluyen tablas con clavos y bloqueo de carreteras, directivos de CODECA han argumentado que “no quieren más corrupción ni impunidad” del gobierno, pero ¿qué solvencia moral tienen para exigir esto? Es muy fácil cobrar a los pobladores tan sólo Q25 o Q30 y ser tan cínicos de extender recibo por este concepto si no les ha costado ni un centavo producirla o distribuirla, por eso CODECA cobra tarifas únicas sin importar el consumo. Este grupo quiere “nacionalizar” la producción y distribución de energía eléctrica con un solo propósito, que sea un monopolio estatal así nadie podrá detenerlos.

Hay mucho qué decir sobre una de las estructuras de crimen organizado más protegidas de Guatemala. Cabe destacar -y esto no lo mencionan los medios de comunicación cobardes o que aparentan ser “políticamente correctos”- que ya hay condenas contra algunos de sus dirigentes. Cito como ejemplo la sentencia emitida por el Tribunal de Santa Lucía Cotzumalguapa hace algunos meses en contra de Enrique Ortíz Vásquez y Acxel Elvira Ampérez, por los delitos “atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública”; mientras que otro implicado, Marco Antonio Vian García se le sentenció por el delito de “encubrimiento propio”. Si bien las penas son risibles, conmutables e incongruentes con la gravedad de los hechos, es un precedente importante que permite continuar con las investigaciones y desarticular a ese grupo que se agencia de millones de quetzales cada año sin arriesgar capital, sino despojando a empresas de utilidades legítimas y mendigando donaciones en el extranjero.

Para finalizar, hay un tema que nadie más se ha atrevido a tocar: CODECA debe investigarse y desarticularse si se aplica correctamente el decreto 21-2006, la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y también el decreto 36-2003 Ley Contra la Delincuencia Organizada.

¿Qué piensa usted, en Guatemala se aplica la Ley de forma imparcial o selectivamente?

(Imagen tomada del Twitter de República)

Carta abierta para el Congreso de la República

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Por José Daniel Rodríguez

Señores diputados

Organismo Legislativo

Hoy me dirijo a ustedes como un ciudadano orgullosamente guatemalteco, preocupado por la situación tan complicada que atraviesa nuestro país en este momento. Publico esta carta abierta en pleno ejercicio de los derechos que me garantizan los artículos 28 -de petición- y 35 -libertad de emisión del pensamiento- constitucionales, pero también como mandante de la República de Guatemala.

Les manifiesto mi más profundo rechazo a las reformas que realizaron al Código Penal, específicamente la ampliación a 10 años a la conmutación de penas y suprimir la responsabilidad de los Secretarios Generales de los partidos con respecto al financiamiento electoral. Esto lo hicieron a espaldas de los guatemaltecos y ustedes mismos tienen las herramientas legislativas para enmendar ese abuso, esta es una demanda ciudadana que no pueden eludir.

Por otro lado, y este es el verdadero objetivo de la presente misiva, les recuerdo que ustedes fueron electos democráticamente, integran uno de los poderes del Estado, el alto Organismo que tiene como función principal representar a los ciudadanos y los intereses de la República de Guatemala; no están subordinados a ningún otro, mucho menos a uno paralelo como la CICIG y los grupúsculos esos que se autodenominan ilegítimamente “sociedad civil”, esos que actúan motivados por intereses ideológicos y económicos espurios. El secuestro y las agresiones de los que fueron objeto el pasado 14 de septiembre es condenable desde cualquier punto de vista y es la fiscal general Thelma Aldana la que debe iniciar, de oficio, las investigaciones respectivas para dar con los incitadores y responsables materiales de estos hechos, ya que de no hacerlo incurriría en delitos como incumplimiento de deberes, encubrimiento y obstrucción a la justicia, como mínimo.

El dictamen de la Comisión Pesquisidora encargada de revisar el expediente de antejuicio contra el presidente ya determinó que no existen indicios de responsabilidad penal para que se le retire este derecho. También deben recordar que en materia electoral es el TSE el que tiene la máxima jerarquía y esta institución no presentó ninguna denuncia de anomalías, tampoco la Contraloría General de Cuentas en su momento. El presidente fue juramentado y tomó posesión sin ningún reparo y justo cuando emitió su mensaje a la Nación declarando al comisionado Iván Velásquez como NON GRATO, interpusieron esta denuncia que refleja una vil venganza, un intento de amedrentar a los que no se plegan a los caprichos de este colombiano que en la práctica se ha convertido en un gobernante De FACTO.

Luego de un intenso debate, de analizar objetivamente ese expediente y de deliberar, 107 diputados votaron ya, determinando con mayoría calificada, que la denuncia no ameritaba el retiro del antejuicio del presidente. Juzgar políticamente por segunda vez a un funcionario también electo democráticamente es ceder ante la presión, el chantaje y la propaganda de grupos con financiamiento extranjero que tienen intereses en disolver el Congreso y forzar la dimisión del presidente Jimmy Morales. Esto, no nos engañemos, es un Golpe de Estado para nombrar a dedo a alguien afín para gobernar Guatemala de acuerdo a los caprichos de estas organizaciones.

Ustedes se deben a los ciudadanos guatemaltecos, su deber es consolidar el Estado de Derecho, fortalecer la República y no tienen por qué acatar órdenes de nadie, hagan valer su independencia republicana.

Hoy tienen una responsabilidad histórica y sepan que cuentan con el respaldo de miles y miles de guatemaltecos que anhelamos Paz, verdadera Justicia -sin sesgos- y les demandamos que actúen de acuerdo a la Ley. Les hago ver que juraron solemnemente ser leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala y que la subordinación entre poderes -incluyendo los paralelos como CICIG- está prohibida. La historia los juzgará por defender la soberanía e institucionalidad de Guatemala o por ser serviles a intereses extranjeros. Ustedes deciden.

 

Corrupción Criminal

contreras y balsells 2

José Daniel Rodríguez

Sin lugar a dudas la corrupción es el mayor problema social de Guatemala. Esta práctica no permite el desarrollo económico del país, debilita las instituciones, saquea los recursos disponibles para prestar servicios públicos de calidad y menoscaba cualquier esfuerzo para combatir la inseguridad ciudadana, entre varios otros efectos.

Me llama poderosamente la atención, y es lo que me motiva hoy a publicar este artículo, que un nuevo escándalo de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no acapare amplios espacios en los medios de comunicación, ni tampoco vea a esas organizaciones que se rasgan las vestiduras exigiendo la renuncia del presidente que se pronuncien con igual intensidad ante un caso de presuntas estafa, enriquecimiento ilícito, colusión, tráfico de influencias y que incluso podría llegar hasta homicidio culposo al provocar la muerte de pacientes con enfermedades crónicas, ya que están siendo tratados con medicamentos diluidos, de pésima calidad e incluso falsos. Ahora bien, cuando vemos la forma como se realizan esas compras, sigue todo igual, selección de proveedores a dedo, en eventos fraccionados para evadir las licitaciones, pero lo más alarmante es que se siga favoreciendo a las mismas empresas que están implicadas en procesos penales como el que hoy se desarrolla contra Gustavo Alejos quien, dicho sea de paso, se ha enriquecido durante décadas gracias a los privilegios que se le han conferido durante distintos gobiernos.

Me gustaría compartir mi propio testimonio, ya que mi madre fue paciente del IGSS y cuando le daban medicinas cada 6 meses que tenía cita, lo que hacía era tirarlas y solamente utilizar la fibra que le ayudaba en su digestión. Yo me enojaba mucho porque pensaba que podría agravar su condición médica, pero ella solamente me decía: “no me hacen bien, al contrario, me siento peor cuando las tomo”. Ahora comprendo perfectamente que tenía razón, todos los medicamentos provenían de India y seguramente eran falsos, vencidos o simplemente rebajados en sus componentes.

El Lic. Daniel Rojas Mena presentó recientemente una denuncia penal en contra de la Junta Directiva del IGSS, basado en distintos medios de prueba y testimonios que corroboran un negocio criminal que consiste en la compra de medicamentos falsificados provenientes en gran parte de India, que lejos de contribuir en la mejora de la salud de los afiliados agravan las enfermedades. El proceso de compra en el que se ha llevado a cabo esta adquisición, fue avalado y auditado por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), entidad internacional que debería elevar los estándares de calidad de productos y proveedores, pero que en la práctica no cambia nada, como tampoco lo hizo la reforma de octubre del 2,016 a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que en apariencia mejora los controles y pone límites a las compras directas, pero lo que ha demostrado es que permite seguir comprando con la discrecionalidad de los burócratas corruptos de siempre, a los corruptores mercantilistas también de siempre.

Debemos de tener claro que aparte de la evasión fiscal que estas compras podrían representar, se están conformando carteles que nada tienen que envidiarle a los narcos, ya que no se permite que empresarios compitan en calidad y precio en igualdad de condiciones sino, por el contrario, son descartados por no pertenecer a la rosca corrupta privilegiada. Con ello, se está negando el acceso a medicamentos de calidad a la población que tanto lo necesita. Como libertario, considero que hay mucho por hacer, lo primero sería romper el monopolio de la Seguridad Social del IGSS y que compita con servicios privados; pero además, la adquisición de medicinas, insumos y equipo debe ceñirse estrictamente al Libre Mercado, con licitaciones internacionales para ampliar la oferta. ¿Queremos cambiar el sistema?, aquí hay 2 propuestas concretas.

Si en algún caso la CICIG, PDH, Contraloría General de Cuentas y el MP deben demostrar imparcialidad, apego a la Ley y que realmente combaten la corrupción es este; estamos hablando que se pone en peligro la vida de enfermos, de un acto criminal que debe abordarse con todo el peso de la Justicia.

Hoy me uno a la campaña ciudadana #NoMásMedicamentosFalsos ¿Y usted?

(Fotografía de archivo tomada de internet. Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, juramenta al representante de la USAC, Edgar Balsells)