Más de lo mismo: gobierno “patriota”, corregido y aumentado

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Por José Daniel Rodríguez

“Locura es hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados diferentes” Albert Einstein

El sistema electoral vigente en Guatemala está diseñado para que los partidos políticos tengan como único objetivo ganar una elección, luego están destinados a desaparecer como lo hemos visto durante los últimos 30 años. Para lograr esto, las “empresas electoreras” siguen las mismas tácticas que les han dado buenos resultados durante toda la llamada “Era Democrática”: “invierten” estrictamente en propaganda enfocada en promesas, populismo y demagogia, aprovechando las debilidades de la democracia que requiere engañar a un número suficiente de votantes para obtener el poder de manera legal, aunque no siempre legítima.

También el electorado promedio guatemalteco apela al caudillismo casi mesiánico, el ideal de un “salvador” que solucione todo. El debate de propuestas, los equipos de gobierno, la trayectoria de los candidatos, fuentes claras de financiamiento o la ideología de los partidos no es relevante para la mayoría de ciudadanos y es esta mayoría precisamente la que ha perpetuado el modelo actual. Así funciona la fracasada “democracia”: LA DICTADURA DE LAS MAYORÍAS.

En las últimas semanas hemos visto las intenciones del presidente Otto Pérez Molina en relación con ampliar el período constitucional o abogar por la reelección presidencial. Aunque más parece una cortina de humo para cubrir la corrupción rampante y descarada, la aprobación de más endeudamiento o los fracasos en la oferta de seguridad que lo llevó al poder, este es un tema que no debe tomarse a la ligera. Ahora resulta que al mejor estilo de Chávez u Ortega, el mandatario pretende extender su mandato o modificar el período que la misma Constitución establece, transgrediendo la normativa vigente al respecto.

Precisamente el día de hoy 30/05/14, en declaraciones publicadas por el diario Prensa Libre, el Presidente de la República afirma que “el Congreso puede ampliar el período presidencial sin convocar a Asamblea Nacional Constituyente, ya lo ha hecho”. Esto no sólo es totalmente falso sino que puede ser causa de investigación de oficio por parte del MP, para deducir las responsabilidades penales correspondientes de acuerdo a lo planteado en la Constitución de Guatemala y el Código Penal que literalmente establecen:

 

Constitución Política de la República de Guatemala

 Artículo 187. Prohibición de reelección. 

“La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de dos años en situación de titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo.” [1]

Codigo Penal

Artículo 382 – Propaganda Reeleccionaria.

“Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República, o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o a aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a dos mil quetzales.”[2]

 

No cabe duda que la política en Guatemala nunca deja de sorprender, justo cuando creíamos haberlo visto todo, salen con algo nuevo…. El gobierno -de facto- de Sandra Torres intentó la reelección mediante un fraude de ley, el de Otto Pérez con una violación constitucional evidente. Este aprendiz de dictador debe saber que no hay otra forma para modificar la Constitución que no sea por medio de Consulta Popular y/o convocar a Asamblea Nacional Constituyente, con mayor razón aún si los artículos son pétreos como en este caso.

 

[1] Constitución Política de la República de Guatemala

[2] Código Penal de Guatemala

 

(Fotografía de archivo/Internet. Sandra Torres, Álvaro Colom, Otto Pérez y Miguel Ángel Sandoval participando juntos en una protesta durante el gobierno de Alfonso Portillo)

 

“La Puya”: victimización, propaganda y conflicto ideológico con intromisión extranjera

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Con el fallido desalojo de manifestantes que por más de 4 años han violentado los derechos garantizados por la Constitución, bloqueando el acceso a la mina El Tambor, en San José del Golfo, surgió también una masiva campaña de victimización y desinformación que oculta otros hechos que los ciudadanos debemos conocer.
Por José Daniel Rodríguez
Hoy, estos subversivos que se esconden tras el apelativo de “resistencia La Puya”, celebran una resolución ilegal que suspende operaciones -temporalmente- de una mina que ha sido objeto de reiterados ataques, saqueos, incendios, sabotajes, acciones de terrorismo, agresión, secuestro y asesinato de empleados. Un tribunal argumenta que “no se realizó Consulta Comunitaria de acuerdo al convenio de los pueblos indígenas del cual Guatemala es parte.” ¿Se imaginan ustedes votar a viva voz, públicamente en la plaza de un pueblo, que SÍ está de acuerdo con inversión en industria extractiva? Es una sentencia de muerte inmediata. Además, el Convenio 169 establece que estas consultas son “de buena fé”, no vinculantes, y que debe normarse su realización. Ningún extremo de los anteriores se ha cumplido para considerarlas legales. No son “de buena fé” -están muy lejos de serlo-, además quieren que por fuerza sean vinculantes -aunque falsifican firmas y las realizan “líderes comunitarios” ilegítimos-, pero por si fuera poco, tampoco quieren reglamento -cuando Colom intentó desarrollar una normativa para que se hicieran de acuerdo a un reglamento general, los vividores del conflicto se opusieron, porque quieren relajo, sembrar caos y terror- ¿En qué quedamos? ¿Quieren que se aplique ese tratado internacional pero interpretándose a su antojo, aplicado de acuerdo a su conveniencia económica e ideológica? ¡Qué bonito y qué buen negocio!
Prácticamente en todas las acciones de confrontación a la autoridad, bloqueos de carreteras o medidas de chantaje contra el Estado para que grupos de presión radicales obtengan privilegios, vemos a personas extranjeras dirigiendo o participando activamente en acciones criminales sujetas a persecución penal de oficio. El “canchito” que ven aquí a manera de ejemplo cubriéndose el rostro pertenece al movimiento denominado La Puya; no importa realmente si es guatemalteco o no, de lo que sí hay evidencia es que atacó impunemente a las fuerzas de seguridad en el desalojo efectuado el pasado mayo del año 2,014 y debería haber sido capturado y procesado. En ese lugar se violentó la Propiedad Privada y la Libre Locomoción durante más de 4 años y por supuesto que debe hacerse prevalecer el Estado de Derecho y así garantizar derechos fundamentales. La manifestación pacífica es un derecho, la extorsión y violencia son constitutivas de delito, punto.
Durante ese desalojo ordenado por juez competente, los bochincheros usaron una técnica conocida desde la época del Conflicto Armado: poner a mujeres embarazadas, ancianos y niños en primera línea a manera de escudo. El saldo fue trágico, 15 policías resultaron heridos, decenas más de civiles también o sufrieron síntomas de intoxicación; pero maliciosamente esto no lo mencionan ni medios locales, ni las agencias internacionales, ni “defensores de DDHH”, ni mucho menos la “prensa comunitaria”.
Las leyes de Guatemala prohíben expresamente que personas que no son guatemaltecas se involucren en temas político-ideológicos, so pena de expulsión del país. Como hasta ahora las autoridades han sido timoratas y permisivas, cualquiera viene a imponer sus caprichos y a generar más conflictos de los que tenemos.
Contrastemos este ejemplo:
Pregunta: ¿Qué pasaría si un guatemalteco va a Estados Unidos y ataca a la policía de esta manera flagrante?
Respuesta:
Se considera un delito grave, federal, la policía le dispara a matar.
El problema de fondo es la propiedad del subsuelo, los propietarios privados o comunales -como lo establece la ley- deben poder disponer de los recursos minerales en su propiedad y negociar su extracción como mejor les convenga. Esa es la solución. Lo que es “de todos” -Estado-, NO ES DE NADIE. Si queremos salir de la pobreza necesitamos empleo, emprendimiento, infraestructura, certeza jurídica para que nuestro país sea competitivo y atraiga inversiones. No hay otra receta para el desarrollo, y los vividores del conflicto son un lastre demasiado costoso con el que ya hemos lidiado desde la “firma de la paz”. Se acostumbraron a vivir de la mentira, a tener una vida de carros blindados, guardaespaldas, viajes y hoteles 5 estrellas, todo a costa de la miseria de los que “dicen” defender y representar.
¿HASTA CUÁNDO VAMOS A PERMITIR LOS CIUDADANOS, QUE CUALQUIER INDIVIDUO U ONG EXTRANJERA PISOTEE NUESTRA SOBERANÍA?

¿”Sociedad Civil” o SUCIEDAD CIVIL?

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Si pretenden incluirme en sus colectivos o usurpar representación en mi nombre, expresaré mi opinión al respecto.

Por José Daniel Rodríguez

Hace ya varios años que los guatemaltecos hemos venido escuchando el concepto “sociedad civil”, principalmente en temas sobre la aplicación de Justicia, la institucionalidad del Estado y como presión política.

El objetivo de este artículo no es realizar un análisis académico del concepto, sino describir cómo operan realmente estos grupúsculos en nuestro país, su organización, financiamiento, vínculos y ejemplificar casos concretos.

Una de las definiciones más claras de “sociedad civil” es la que planteó  Enrique Brito Velázquez en el Foro de Apoyo Mutuo llevado a cabo en México en 2,005: “conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado”[1]

Esta definición parece loable e incluso necesaria en la sociedad, pero la aplicación en la realidad es muy distinta de lo que plantea.

Como muchos otros conceptos, “sociedad civil” ha sido adoptado por ONG’s que no representan más que a minúsculos grupos de personas que al no lograr respaldo electoral –representación legítima-, se la adjudican y se autonombran de esta manera para ejercer presión, obtener privilegios o proteger sus muy particulares intereses.

¿Quiénes componen estas agrupaciones?

Son personas que sólo pueden concebir su existencia mediante colectivos abstractos, agrupaciones incapaces de desarrollar actividades productivas que generen valor, que no aportan ni siquiera ingresos fiscales al Estado –pero sí demandan servicios y obtienen beneficios económicos de este-, “sucursales” en muchos casos de otras organizaciones similares a nivel mundial para promover agendas ideológicas principalmente marxistas, imponer criterios, confrontar a los ciudadanos o actuar legalmente contra el Estado en demandas internacionales.

En estos colectivos se incluyen regularmente ecologistas, indigenistas y feministas radicales, miembros del lobby gay, activistas que lucran de la falsa defensa de los Derechos Humanos, “ex” terroristas transformados en “víctimas” y un largo etcétera que seguramente ustedes conocen bien.

¿Cómo se organizan?

Como buenos socialistas/colectivistas, al interior de estos grupos establecen férreas dictaduras e inclusive cuasi monarquías absolutistas que gobiernan sin tolerar el disenso, la alternabilidad en el poder no existe, una sola persona ejerce la representación de todos los integrantes.

Ejemplos hay muchos, veamos cuántos años tiene Nery Rodenas en la ODHAG, Rosalina Tuyuc en CONAVIGUA, Juan Francisco Soto en CALDH, Daniel Pascual en el CUC o Carmen Aída Ibarra en “Movimiento Projusticia” ¡decádas!. Se erigen como dictadorzuelos al mejor estilo de Stalin o los hermanos Castro. El caso monárquico más evidente al que me refería es el del GAM, donde Mario Polanco “heredó” el poder de su actual conviviente Nineth Montenegro fundadora y directora por casi 20 años, el cual muy probablemente se transfiera luego a la misma familia para no ceder ni un ápice del control y manejo de recursos.

En la práctica el nombre “sociedad civil” se acuñó para separarlos de la política, Gobierno y en clara oposición al Ejército. Dicen velar por los intereses de los ciudadanos como fachada, pero en Guatemala representan no más de un 3% de la población y protegen únicamente intereses sectarios espurios, contrarios a los de los ciudadanos honestos que trabajamos y tributamos para que ellos tengan ingresos con qué pagar su vida cómoda capitalista, buenos colegios para sus hijos, casas en zonas exclusivas, viajes y propaganda. Abogan por la “redistribución de la riqueza” y la “solidaridad” –forzada, tergiversando nuevamente otro concepto-, pero por supuesto disponiendo del dinero de los demás, nunca el de ellos.

¿Cómo obtienen financiamiento para sus operaciones?

Los ingresos provienen de gobiernos y otras ONG extranjeras en gran medida, pero también de demandas contra nuestro país en sus propias “Cortes de Justicia” como la CIDH, en donde las audiencias se desarrollan sin que el Estado pueda defenderse plenamente. Estos tribunales internacionales son los que determinan cuánto, cómo y cuándo debemos pagarles los ciudadanos guatemaltecos con los impuestos producto de nuestro trabajo. No recuerdo una sola demanda que hayan perdido en esos litigios, Guatemala ha sido condenada casi en todos los casos por más falsas y ridículas que sean las acusaciones.

Actualmente vemos cómo interfieren en procesos como las Comisiones de Postulación para seleccionar funcionarios, pero también en oposición muchas veces sin sentido a proyectos de desarrollo, infraestructura, que han generado graves actos de terrorismo, secuestros, asesinatos, ataques a instalaciones militares o robo de explosivos, sin que ninguna de estas agrupaciones se pronuncie al respecto sino todo lo contrario, protegen a personas sindicadas de delitos, los vuelven “mártires”, “presos políticos”,  denuncian “criminalización”, “represión” y cualquier otra excusa que genere impacto internacional y el consiguiente flujo de fondos que necesitan para sobrevivir.

Una sociedad no es más que INDIVIDUOS QUE COLABORAN VOLUNTARIA Y PACÍFICAMENTE PARA OBTENER BENEFICIOS. No es el pensamiento colectivista y el sentimiento de masa el que debe promoverse, sino el pleno respeto de los derechos individuales Vida, Libertad y Propiedad. Todo esto en un marco de estricto respeto al Estado de Derecho, sin privilegios de ningún tipo para ningún sector.

¿Y usted se siente representado por alguna de estas organizaciones?

¿Cómo los llamaría, “sociedad civil” o SUCIEDAD CIVIL?

(Fotografía de Prensa Libre; ejemplo demanda ante la CIDH contra Guatemala)

[1] José Carlos Cano Zárate y Razhy González, del Foro de Apoyo Mutuo, México, 2005.

Columna publicada el 24/10/14 en República GT

http://www.republicagt.com/opinion/Sociedad-civil-o-Suciedad-civil_2e6d2d/

El Mito del Genocidio en Guatemala

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¿Existió en nuestro país realmente una política sistemática de exterminio por razones étnicas?

Por José Daniel Rodríguez

El 10 de mayo del 2,013 la juez Yassmín Barrios, en un proceso totalmente viciado y con graves violaciones constitucionales, condenó al ex Jefe de Estado Gral. José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por el delito de “genocidio”. Tan sólo días después esta sentencia fue anulada y el proceso penal retrotraído hasta la fase en la que una Sala de Apelaciones debe determinar si se aplica amnistía o no. Esta etapa procesal fue deliberadamente ignorada por la ahora ex Fiscal General Paz y Paz en prácticamente todos los casos que conoció en su gestión, a pesar de estar establecido en la Ley de Reconciliación Nacional.

Se ha escrito bastante sobre este tema, pero quiero enfocarme en el aspecto de la tipificación del delito de genocidio y los hechos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno.

En otras palabras, ¿Lo ocurrido en 36 años de guerra en nuestro país puede tipificarse como genocidio?

Veamos la definición de genocidio y sus características:

ESTATUTO DE ROMA DE 1998

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, contempla en su artículo 6o. el crimen de genocidio en los siguientes términos:

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo.

b) Lesión grave a la integración física o mental de los miembros del grupo.

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo[1] “

Al analizar detenidamente este texto, podemos compararlo con los hechos ocurridos Guatemala. En la parte introductoria se plantea la primera incongruencia: para poder sindicar a alguien de este crimen atroz, debe demostrarse LA INTENCIONALIDAD –misma que se repite en la literal “c”- de llevar a cabo estas acciones. En el caso de Guatemala jamás pudieron demostrar que existiera una “política sistemática de exterminio”, sino por el contrario, se establecían mecanismos de apoyo para Ixiles que habían huido del terrorismo del “ejército guerrillero de los pobres” (EGP).

También en la parte introductoria vemos que literalmente dice “….con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. El Conflicto Armado fue político/ideólogico, no encaja tampoco en este planteamiento étnico, racial o religioso.

El inciso “a” define “Matanza”, pero no existe en la historia un enfrentamiento armado de 36 años contra grupos terroristas donde no haya muertos. Esta literal es tan ambigua y amplia que podría aplicarse incluso a las disputas de territorio entre maras. El mismo argumento puede aplicarse a la literal “b” respecto a lesiones físicas y mentales.

El inciso “c” se refiere a condiciones que puedan amenazar la existencia de determinado grupo, pero cuando revisamos los hechos históricos, en la jefatura de Estado del Gral. Ríos Montt se les dio armas, comida, entrenamiento, amnistías, apoyo para producción agrícola y tierras. Totalmente opuesto a propiciar su destrucción.

El inciso “d” es fácilmente refutable, jamás se dio una política de regulación de nacimientos, ni siquiera de planificación familiar en la etnia Ixil ni en ninguna otra. Tampoco hay evidencia que se haya reducido considerablemente dicho grupo ni la tasa de natalidad.

Por último el inciso “d” se refiere a “traslado de niños de un grupo a otro”, pero esa práctica no era parte de las políticas de Estado, el Ejército no tuvo nunca esas órdenes. Además que sería muy complicado el traslado masivo de niños y a la vez combatir a la guerrilla en terrenos inhóspitos, de difícil acceso. No hay evidencia sobre esto, ni tampoco los documentos escritos por la misma guerrilla lo confirman.

CONCLUSIÓN:

En Guatemala NO HUBO GENOCIDIO, ninguna de las características que se establecieron en los Estatutos de Roma se dio en nuestro país. Este delito fue propuesto y tipificado por la ONG “asociación justicia y reconciliación” (AJR), como la misma Fiscal General lo reconoció en entrevista de la Revista Contrapoder edición del 2 de mayo del 2,014. Además, durante las negociaciones de Paz no se estableció tal extremo ni tampoco los relatores de la ONU, ni el mismo Papa Juan Pablo II en su visita se pronunciaron al respecto. Otro dato interesante es que el Estado de Israel que sí fue víctima del genocidio Nazi, fue y es nuestro mejor aliado y amigo; no apoyarían jamás una política de exterminio racial.

Lo que sí sufrimos fue un lamentable enfrentamiento armado provocado por grupos terroristas financiados y entrenados por la URSS, Cuba, Nicaragua y Viet Nam principalmente, cuyo objetivo era apoderarse del control del Estado y establecer en nuestro país un sistema marxista, comunista.

 

[1] Estatuto de la Corte Penal Internacional en (A/CONF. 183/9) de 17-08-98, y versión corregida por las actas de 10 de noviembre de 1998 y de 12 de julio de 1999 en (PCNICC/1999/INF/83) de 17-08-1999.

 

 

Proceso de Comisiones de Postulación para Fiscal General: reconstrucción de hechos (Parte II y final)

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Proceso de Comisiones de Postulación para Fiscal General: reconstrucción de hechos (Parte II y final)

Por José Daniel Rodríguez

 

En esta segunda parte, quiero referirme al proceso de evaluación y asignación de calificaciones de los candidatos a Fiscal General, las impugnaciones presentadas y rechazadas, el amparo interpuesto por el Lic. Luis Carrillo y la designación final de la Dra. Thelma Aldana como nueva Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.

Seguramente habrán visto como algunos “periodistas” y la autodenominada “sociedad civil” difunden masivamente la nota obtenida por su representante Claudia Paz y Paz, repiten constantemente que fue la segunda mejor evaluada y que “no se explican cómo pudo quedar fuera con ese punteo”. Por supuesto, no entran en detalles de cómo la obtuvo y si su perfil se adapta con el requerido para ser Jefe del MP.

A la actual Fiscal General no podían asignarle los 5 puntos de EXPERIENCIA LABORAL, ya que no cumplía con el requisito de 5 años mínimos como Juez, Fiscal o Magistrada. Uno de los comisionados entonces propuso “compensarla” con la experiencia profesional para otorgarle ese punteo, lo cual fue aceptado por la mayoría de la Comisión Postuladora. ¿Es así como esperamos que Guatemala desarrolle su institucionalidad hacia la  meritocracia -los mejores-? ¿Con privilegios y “compensaciones” cuando los funcionarios no llenan los requisitos? .

Otro tema que no mencionan los aliados de la Dra. Paz y Paz es que su nota en EFICACIA Y LIDERAZGO fue de CERO (0) puntos, ya que no pudo acreditar ninguna de estas cualidades. No se qué pretenden los que tratan de imponerla al ocultar estos aspectos, pero para dirigir el MP se requiere tanto que tenga experiencia laboral, como que acredite capacidad de liderazgo. Esto nuevamente la descalifica y no sería tomada en cuenta por un reclutador de personal inexperto, mucho menos por una Comisión Postuladora integrada por profesionales y para un puesto que es de vital importancia en nuestro país.

Por si fuera poco, la actual Fiscal General pretendía que se le tomara en cuenta una publicación sobre ella en la revista Forbes para “inflar” más la nota e incluirla en la evaluación. El Lic. José Rubén Calderón Decano de la Universidad Mesoamericana, se opuso con toda razón ya que eso no constituye una constancia.

Todos estos aspectos favorecieron la nota final de la actual Fiscal General, por lo que puede establecerse que la evaluación no refleja sus capacidades y experiencia reales, pero sí demuestra claramente que Claudia Paz y Paz no llenaba el perfil, por más presiones que hagan, la decisión de excluirla fue correcta.

Por otro lado, si tomamos en cuenta las 11 tachas y los 5 antejuicios de los que la “sociedad civil” tampoco habla, es aún más digna de elogio esta decisión de la Comisión, así como no haberse dejado intimidar por gobiernos y organismos extranjeros, ni por las amenazas de muerte recibidas el día de la votación.

Con respecto a las impugnaciones es necesario hacer notar que todas fueron rechazadas, pero la que más generó burlas y comentarios fue la que presentaron Ramón Cadena y su secretaria, los integrantes de la “Comisión Internacional de Juristas” (CIJ), ya que en el documento plantearon una “petición” para incluir a la actual Fiscal General, pero en el contenido no había ningún respaldo de esta ONG, además únicamente estaban recibiendo impugnaciones. Por factores de forma y de fondo fue rechazada de inmediato. La reacción desesperada de Cadena fue informar que le solicitará al Presidente de la República que ignore la lista para incluir a Claudia Paz y Paz. Nuevamente fue rechazada, ya que la nueva Fiscal General ha sido designada ya.

Con respecto al amparo presentado por el abogado Luis Carrillo, básicamente es un calco del que presentó en 2,010 y que se refiere a evaluar la “reconocida honorabilidad” de los candidatos. En el proceso anterior fue rechazado, en este proceso ese tema fue puesto a votación y públicamente se reconoció esta cualidad en todos los integrantes. Todo indica que este esfuerzo de última hora que parece provenir de uno de los clientes del Lic. Carrillo, la embajada de EEUU, será nuevamente declarado sin lugar y quedará firme la designación para que la actual Magistrada Thelma Aldana pueda ser nombrada.

El viernes recién pasado, la selección y designación de la nueva Fiscal General y Jefe del MP se vio marcada por especulaciones, chismes y descalificaciones a priori. Lo que puedo decir de la Dra. Aldana es que se graduó del CUNOC, extensión de la USAC en Quetzaltenango; su trayectoria empezó desde abajo en el OJ, cuenta con 25 años de experiencia, actual Magistrada y ex Presidente del OJ, fue la mejor evaluada, su inclusión en la nómina se hizo de manera unánime por parte de los comisionados. Temas como legitimidad en la selección e idoneidad los cumple perfectamente, de eso no hay duda. Pero también debo señalar mi preocupación por haber tenido vínculos cercanos con el Dr. Barrientos Pellecer y también por su participación activa en temas de género/feminismo. Esto último es importante porque considero a todos iguales, sin distinción de sexo o raza.

Es importante dar el beneficio de la duda a la nueva Fiscal General, los ciudadanos debemos vigilar su desempeño muy de cerca, ya que el tema de seguridad y justicia estuvo obviamente en las manos equivocadas los últimos 3 años. Lo que los guatemaltecos exigimos es eficacia, imparcialidad y estrategias claras para cambiar los índices de impunidad que siguen rondando el 90% aunque traten de manipular cifras estadísticas en la actual gestión que culmina el 18 de mayo. 

¡SÓLO FALTAN 7 DÍAS!

(Fotografía de República GT; Fiscal General designada Thelma Aldana)

Proceso de Comisiones de Postulación para Fiscal General: reconstrucción de hechos. (Parte I)

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Proceso de Comisiones de Postulación para Fiscal General: reconstrucción de hechos. (Parte I)
Por José Daniel Rodríguez

He seguido el actual proceso para seleccionar al nuevo Fiscal General y Jefe del MP desde el principio y hay algunas situaciones que me han llamado la atención, detalles que tal vez han pasado desapercibidos para muchos.

Como recordarán, esta Ley de Comisiones de Postulación fue impulsada –impuesta casi podríamos decir- por la “comunidad internacional” y la autodenominada “sociedad civil”. La diseñaron a su conveniencia para obtener ventajas y favorecer a SUS candidatos, ya que privilegia aspectos netamente subjetivos como la “proyección humana” y “reconocida honorabilidad”, que no deberían estar sujetas a evaluación sino ser un requisito fundamental para poder presentar su expediente. No les funcionó en el 2,010 y recurrieron a la difamación y calumnias para destituir al Fiscal General ya nombrado Dr. Reyes. No funcionó como esperaban tampoco en el 2,014 y ahora proponen cambiarla otra vez.

Hay otros temas en cuanto a la exclusión de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz que también es necesario mencionar, como los privilegios que le otorgaron y que ocultan estos grupos que se autodenominan “sociedad civil”. Por ejemplo la intensa presión internacional y de lobby –nominación a Premio Nobel de la Paz incluída-, amenazas de sanciones y visitas sorpresivas del gobierno estadounidense. También el orden de su entrevista que le permitió ver la dinámica y evaluar a los otros candidatos o que se le diera sólo a ella casi el triple de tiempo que estaba estipulado. En la evaluación, a pesar de no cumplir con el requisito de experiencia laboral, se le “compensó” esa falencia con otros temas académicos para inflar una nota que tal vez no le permitía entrar en la lista de elegibles.

Por último, merece mención especial el evidente favoritismo de la CICIG para promover la candidatura de la Fiscal Paz y Paz, que a pesar de tener 11 tachas y 5 antejuicios no dijo una sola palabra, mientras que al Lic. Julio Rivera Clavería lo señalaba por defender legítimamente su vida y propiedad de delincuentes armados que habían ingresado a su domicilio y amenazaban de muerte a su familia. ¿No habría actuado usted igual?

Aunque tiene falencias como la casi nula representatividad de las “facultades de derecho” “de garaje” integrantes de la Comisión de Postulación que aparecieron este año o por ejemplo el poco valor que representan las tachas y antejuicios que más bien deberían ser causa de exclusión inmediata, considero que es un mecanismo perfectible para llegar al sistema meritocrático y de carrera profesional que Guatemala necesita.

El cambio, en mi opinión, en cuanto al nombramiento del Fiscal General es que NO DEBE SER DECISIÓN DEL PRESIDENTE, SINO DE UN ÓRGANO COLEGIADO INDEPENDIENTE Y OBJETIVO. Esto requiere una reforma constitucional pero es necesario corregir esta falla que permite al Organismo Ejecutivo designar al que dirigirá una eventual investigación y persecución penal en su contra, es decir, el mismo que deberá actuar contra el que lo escogió o con el que ya negoció…. Es ingenuo pensar que no hay tratos bajo la mesa e intercambio de favores para garantizar impunidad, principalmente en casos de corrupción y esto sucede exactamente igual en el caso de la Contraloría General de Cuentas.

Por eso puedo decir que, al final de esta reconstrucción de detalles, la institucionalidad y el Estado de Derecho se han fortalecido y tan sólo la no presencia de la actual Fiscal general Paz y Paz es una válvula que alivia la ya tan acumulada presión y polarización que se vieron incrementados en los años de esta gestión que llega a su fin.

En la siguiente parte, publicaré un análisis de la fase final del proceso y la designación del nuevo Fiscal General y Jefe del MP, de la cual el Presidente de la República Otto Pérez Molina será el único responsable.

Estaremos vigilantes, ese es el precio de la Libertad como decía Jefferson.

(Imagen archivo internet La Hora)

Guerra de 4ª. Generación y Experimentación Social en Centroamérica. OBJETIVO: GUATEMALA

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Por José Daniel Rodríguez

Mucho antes de la firma de la Paz en Guatemala, las organizaciones terroristas comprendieron que habían perdido la guerra militarmente, no lograron el respaldo popular, los intereses económicos y de protagonismo de sus dirigentes estaban desgastando aún más su “lucha”, anticiparon que la derrota era inminente. Fue entonces que concibieron la estrategia de pasar a un plano político/mediático/jurídico como mecanismo para lograr sus objetivos de tomar el poder e implantar un modelo fundamentado en el marxismo, mezclado con indigenismo, ecologismo radical y seguir alimentando el odio de clase, pero ahora con un factor racial más fuerte.

Manuel Freytas explica el concepto 4GW:

“En la definición conceptual actual, la columna vertebral de la Guerra de Cuarta Generación se enmarca dentro del concepto de “guerra psicológica”, o “guerra sin fusiles”, que fue acuñado, por primera vez, en los manuales de estrategia militar de la década del setenta.

En su definición técnica, “Guerra Psicológica”, o “Guerra sin Fusiles”, es el empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientadas a direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de la armas.

Los ejércitos militares, son sustituidos por grupos operativos descentralizados especialistas en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación y psicología de masas.

El desarrollo tecnológico e informático de la era de las comunicaciones, la globalización del mensaje y las capacidades para influir en la opinión pública mundial, convertirán a las operaciones de acción psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la 4GW.

Como en la guerra militar, un plan de guerra psicológica está destinado a: aniquilar, controlar o asimilar al enemigo.”

La guerra militar y sus técnicas se revalorizan dentro de métodos científicos de control social, y se convierten en una eficiente estrategia de dominio sin el uso de las armas.”[1]

El primer paso fue manipular la historia, defenestrar al Ejército de Guatemala y adjudicarle responsabilidad casi total de los excesos de 36 años de guerra, escondiendo sus atrocidades para mostrarse al mundo como jóvenes “idealistas”, incluso como “víctimas”. El mecanismo era obvio: Crear una “Comisión de Esclarecimiento Histórico” –sesgada y copada por personajes vinculados a estas mismas organizaciones-, redactar un documento que validara su versión y presentarlo como “escrito en piedra”, incuestionable, para utilizarlo no sólo como factor de propaganda internacional y así obtener financiamiento, sino también como base de la venganza judicial contra sus enemigos que ya venían gestando.

Los guatemaltecos habíamos dado la vuelta a esta página y anhelábamos paz, seguridad y reconciliación. Esto cambió radicalmente con las primeras acusaciones y sentencias contra militares que defendieron nuestra Libertad y Soberanía. La sentencia contra los Lima por el caso Gerardi fue una de las más paradigmáticas, pero a la vez demostró que serían capaces de manipular evidencia, litigar de manera tramposa para obtener condenas “cueste lo que cueste”. Nunca pudo establecerse quién mató realmente a Gerardi, cómo, ni por qué. La juez Yassmín Barrios, en medio de abusos e ilegalidades en el proceso, les dio la sentencia que querían. Marcaron el precedente que necesitaban.

Vinieron más procesos penales, ignorando la Ley de Reconciliación Nacional, las amnistías y todos los acuerdos alcanzados para que se firmara la “Paz firme y duradera”. Otro caso que lo ejemplifica muy bien es la sentencia ridícula en el caso Dos Erres, nuevamente en un juicio plagado de arbitrariedades y violaciones al debido proceso, juzgado por la misma Licda. Yassmín Barrios, la pieza clave en el Sistema de Justicia hasta ese momento, la que cumplía la misión de VERDUGO.

Todo esto cambió con la llegada del magistrado César Barrientos Pellecer y la Fiscal General Claudia Paz y Paz, pero sin duda la imposición de CICIG es lo que en la opinión pública les proporciona el respaldo y “legitimidad” internacional que los fortalece. A partir de ese momento la persecución fue mucho más marcada y evidente, la farsa del genocidio era el ataque que tanto habían deseado. Según ellos sería el golpe final que lograría algo que les representaba prestigio -entre sus ad láteres, por supuesto-, posiciones de poder tanto en Guatemala como en el exterior, mucho dinero como intermediarios en demandas contra el Estado y lo más importante para la siguiente etapa: MARCARNOS A LOS GUATEMALTECOS COMO “genocidas”, UN ESTADO RACISTA.

Actualmente vemos a grupos radicales como el CUC, FRENA, CODECA, Fundación Guillermo Toriello, entre otros, impulsando el concepto de “territorios indígenas y propiedad ancestral de la tierra”. Esto no es una acción que se enfoque en reivindicar supuestos derechos u obtener “reconocimiento” hacia la población indígena, sino que busca implementar en nuestro país un modelo de AUTONOMÍAS INDÍGENAS SUBSIDIADAS POR EL ESTADO, con sus propias leyes, autoridades y territorio. La división de nuestra Patria por cuestiones raciales es el experimento que marxistas extranjeros pretenden desarrollar, Guatemala es su objetivo y no debemos bajar la guardia nunca más. Noruega por ejemplo, uno de los países que descaradamente financian el terrorismo en contra de la industria extractiva, obtiene casi la totalidad de su PIB gracias a la explotación mineral y petrolera, esa es la doble moral hipócrita de estos países que está generando conflictos cada vez más violentos.

Guatemala podrá ser relativamente pequeña en población y territorio, pero nos sobra a los guatemaltecos que la amamos dignidad, valor y orgullo. Para la izquierda radical internacional es un objetivo clave, la economía más poderosa de Centroamérica, es la pieza de dominó que nunca pudieron hacer caer para generar la reacción en cadena en la región. HOY LO INTENTAN NUEVAMENTE.

Es necesario comprender que estamos bajo asedio, somos sus conejillos de indias, ratas de laboratorio desechables para quienes cuentan con recursos ilimitados, objetivos perversos y un aparato de lobby internacional poderoso con muchas influencias incluso en la ONU.

¿CUÁNTOS ESTAMOS DISPUESTOS A DEFENDER A GUATEMALA EN ESTA GUERRA DE 4a. GENERACIÓN?

 

(Ilustración obtenida en Internet)

[1]Guerra de Cuarta Generación; Manuel Freytas; http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalmilitarism157.htm