“La Puya”: victimización, propaganda y conflicto ideológico con intromisión extranjera

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Con el fallido desalojo de manifestantes que por más de 4 años han violentado los derechos garantizados por la Constitución, bloqueando el acceso a la mina El Tambor, en San José del Golfo, surgió también una masiva campaña de victimización y desinformación que oculta otros hechos que los ciudadanos debemos conocer.
Por José Daniel Rodríguez
Hoy, estos subversivos que se esconden tras el apelativo de “resistencia La Puya”, celebran una resolución ilegal que suspende operaciones -temporalmente- de una mina que ha sido objeto de reiterados ataques, saqueos, incendios, sabotajes, acciones de terrorismo, agresión, secuestro y asesinato de empleados. Un tribunal argumenta que “no se realizó Consulta Comunitaria de acuerdo al convenio de los pueblos indígenas del cual Guatemala es parte.” ¿Se imaginan ustedes votar a viva voz, públicamente en la plaza de un pueblo, que SÍ está de acuerdo con inversión en industria extractiva? Es una sentencia de muerte inmediata. Además, el Convenio 169 establece que estas consultas son “de buena fé”, no vinculantes, y que debe normarse su realización. Ningún extremo de los anteriores se ha cumplido para considerarlas legales. No son “de buena fé” -están muy lejos de serlo-, además quieren que por fuerza sean vinculantes -aunque falsifican firmas y las realizan “líderes comunitarios” ilegítimos-, pero por si fuera poco, tampoco quieren reglamento -cuando Colom intentó desarrollar una normativa para que se hicieran de acuerdo a un reglamento general, los vividores del conflicto se opusieron, porque quieren relajo, sembrar caos y terror- ¿En qué quedamos? ¿Quieren que se aplique ese tratado internacional pero interpretándose a su antojo, aplicado de acuerdo a su conveniencia económica e ideológica? ¡Qué bonito y qué buen negocio!
Prácticamente en todas las acciones de confrontación a la autoridad, bloqueos de carreteras o medidas de chantaje contra el Estado para que grupos de presión radicales obtengan privilegios, vemos a personas extranjeras dirigiendo o participando activamente en acciones criminales sujetas a persecución penal de oficio. El “canchito” que ven aquí a manera de ejemplo cubriéndose el rostro pertenece al movimiento denominado La Puya; no importa realmente si es guatemalteco o no, de lo que sí hay evidencia es que atacó impunemente a las fuerzas de seguridad en el desalojo efectuado el pasado mayo del año 2,014 y debería haber sido capturado y procesado. En ese lugar se violentó la Propiedad Privada y la Libre Locomoción durante más de 4 años y por supuesto que debe hacerse prevalecer el Estado de Derecho y así garantizar derechos fundamentales. La manifestación pacífica es un derecho, la extorsión y violencia son constitutivas de delito, punto.
Durante ese desalojo ordenado por juez competente, los bochincheros usaron una técnica conocida desde la época del Conflicto Armado: poner a mujeres embarazadas, ancianos y niños en primera línea a manera de escudo. El saldo fue trágico, 15 policías resultaron heridos, decenas más de civiles también o sufrieron síntomas de intoxicación; pero maliciosamente esto no lo mencionan ni medios locales, ni las agencias internacionales, ni “defensores de DDHH”, ni mucho menos la “prensa comunitaria”.
Las leyes de Guatemala prohíben expresamente que personas que no son guatemaltecas se involucren en temas político-ideológicos, so pena de expulsión del país. Como hasta ahora las autoridades han sido timoratas y permisivas, cualquiera viene a imponer sus caprichos y a generar más conflictos de los que tenemos.
Contrastemos este ejemplo:
Pregunta: ¿Qué pasaría si un guatemalteco va a Estados Unidos y ataca a la policía de esta manera flagrante?
Respuesta:
Se considera un delito grave, federal, la policía le dispara a matar.
El problema de fondo es la propiedad del subsuelo, los propietarios privados o comunales -como lo establece la ley- deben poder disponer de los recursos minerales en su propiedad y negociar su extracción como mejor les convenga. Esa es la solución. Lo que es “de todos” -Estado-, NO ES DE NADIE. Si queremos salir de la pobreza necesitamos empleo, emprendimiento, infraestructura, certeza jurídica para que nuestro país sea competitivo y atraiga inversiones. No hay otra receta para el desarrollo, y los vividores del conflicto son un lastre demasiado costoso con el que ya hemos lidiado desde la “firma de la paz”. Se acostumbraron a vivir de la mentira, a tener una vida de carros blindados, guardaespaldas, viajes y hoteles 5 estrellas, todo a costa de la miseria de los que “dicen” defender y representar.
¿HASTA CUÁNDO VAMOS A PERMITIR LOS CIUDADANOS, QUE CUALQUIER INDIVIDUO U ONG EXTRANJERA PISOTEE NUESTRA SOBERANÍA?
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