Zury Ríos no tendría ninguna restricción constitucional para participar como candidata a la Presidencia de la República

zury ríos

Por José Daniel Rodríguez

La Licda. Zury Ríos, seguramente será proclamada como candidata para competir por la Presidencia de la República en las elecciones generales a realizarse en 2,015. El hecho de no tener partido político por ahora le permite entrar con las manos limpias, sobre una plataforma nueva, producto de la negociación legítima, de la fusión de ideas y visiones de desarrollo para nuestro país.

Con respecto a este tema surgen muchas  opiniones de apoyo y la sensación de una bocanada de aire fresco en la actual campaña electoral, que tanta falta hacía y que se ha caracterizado por ser, desde hace tiempo, la más negra, tramposa e ilegal de la historia.

Algunos otros, los menos, están abiertamente en contra y utilizan argumentos como “es la hija de…que hizo…” lo cual no puede de ninguna manera descalificar a un ciudadano para optar a un cargo público. El razonamiento en este caso es: EL HIJO DEBE PAGAR POR LO QUE ALGUNOS CREEN QUE HIZO SU PADRE.

Por último, otro sector argumenta que constitucionalmente hay una prohibición que no le permite inscribirse ni participar, mucho menos ser electa: EL ARTÍCULO 186, LITERAL “C”. Este tema es el que vamos a analizar a continuación.

Primero transcribo la parte fundamental que aplica a este caso específico, del artículo 186 de la Constitución Política de la República y sus reformas:

“Artículo 186. Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República:  

a) El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno; 

b) La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones; 

c) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo; “

La literal “a” de este artículo es una clara prohibición con nombre y apellido: Efraín Ríos Montt, quien para 1,985 gozaba del respaldo de gran parte de la población, podría postularse y ganar una elección. Este era el riesgo que algunos veían, por lo que el gobierno del Gral. Mejía Víctores y los constitucionalistas pactaron ese candado específico. Esto lo he escuchado de boca de los mismos que redactaron y pusieron en vigencia nuestra actual Constitución, en varias ocasiones y varias fuentes.

La literal “b” establece, en cambio, una prohibición PERMANENTE Y EXPRESA, para quien haya ejercido la presidencia o vicepresidencia de la República: “o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo”, lo cual no sucede con los parientes en los grados de ley que hace una salvedad en la literal “c”:cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia”.

Aquí pregunto: ¿Cuál es la diferencia entre los parientes de Presidentes electos y los de Jefes de Estado, que permite hacer esta distinción que violenta de entrada el Principio de Igualdad? ¿Por qué entonces si la prohibición para los parientes es permanente, los constitucionalistas no la incluyeron en la literal “b”?

Esto último era lo más sencillo para que quedara perfectamente claro. En cambio, incluyeron esta restricción en la literal “c”, que da el margen para una temporalidad definida.

Ahora bien, veamos el “espíritu” de esta norma y otros derechos garantizados en la misma Constitución, y planteo una siguiente pregunta:

¿La misma Constitución avala y ordena entonces suprimir derechos fundamentales, en este caso para un hija, y recae sobre sobre ella una sanción por lo que hubiera hecho su padre en el pasado?

Es totalmente ilógico, ya que viola varios principios constitucionales y derechos fundamentales al no ser imputables tales hechos realizados por terceras personas, y por los cuales no se tiene ninguna responsabilidad en absoluto.

En mi opinión –para la cual me baso en la congruencia con la literal “c”-, el espíritu es prevenir abusos de poder, uso de recursos del Estado y transmisión de cargos vía hereditaria. Es decir, se buscaba prevenir las dictaduras por vínculos familiares, al ya no estar en el mando el que asumió la Jefatura de Gobierno por medio del movimiento armado, como expresa la literal “a”, el riesgo ya no existe, y tal prohibición no tendría razón de ser más allá de ese período. Este es exactamente el caso de la Licda. Zury Ríos.

Además, todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes inviolables e irrenunciables –sin importar lo que hayan hecho nuestros padres y de lo cual únicamente ellos son responsables, repito-. Están en peligro, al negar la inscripción de esta candidatura, garantías constitucionales que no dan lugar a ninguna interpretación:

“Artículo 4o. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.”

Este extracto es la parte fundamental que define el PRINCIPIO DE IGUALDAD, el cual en este caso se violenta al aplicarlo como restricción permanente de derechos políticos,  a los cuales se refiere el siguiente artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala:

“Artículo 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos: 

a) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; 

b) Elegir y ser electo; 

c) Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; 

d) Optar a cargos públicos; 

e) Participar en actividades políticas; y 

f) Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República.”

Al interpretar el artículo 136, la inconstitucionalidad es aún más clara ya que se violentan las literales b, d y e de manera obvia. Todos tenemos derecho a participar políticamente y estos derechos solamente pueden ser restringidos por períodos claramente delimitados para cada caso específico.

En mi opinión y después del análisis que acabo de hacer, puedo concluir entonces que la Licda. Zury Ríos no tiene prohibición expresa y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por lo que sí puede ser inscrita, participar en la contienda electoral y si los ciudadanos así lo manifiestan en las urnas, ser Presidente de la República de Guatemala para el período 2,016-2,020.