Presunción de inocencia y debido proceso

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“Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.” Artículo 14, Constitución Política de la República de Guatemala

Por José Daniel Rodríguez

Hoy escribo este artículo porque veo con mucha preocupación que ya se ha vuelto costumbre ACUSAR –muchas veces con argumentos no sólo falsos sino ridículos-, JUZGAR –sumariamente y sin respetar ninguna garantía constitucional- y SENTENCIAR –usando perfiles falsos o seudónimos en redes sociales- a ciudadanos sin que puedan tan siquiera defenderse, ni ser escuchados, ni que se evalúen los verdaderos motivos de estas acciones de descrédito que podrían estar más bien influenciados por razones económicas o por intereses ideológicos de callar a quien no ha querido hacerlo luego de amenazas directas.

Estamos aún muy lejos de construir un verdadero Estado de Derecho que se base en el Principio de Igualdad, que haga valer las garantías y el Debido Proceso establecidos en la Constitución. Pesan más los chismes, “las bolas” y las mentiras, que la objetividad.

Otro tema digno de consideración es que la Ley se aplica con nombres y apellidos, de acuerdo a la etnia a la que pertenece el “acusado”, o según su sexo. Seamos realistas, la imagen que tenemos de la Dama de la Justicia -tal como la que ilustra esta publicación, parcial e inclinada hacia la izquierda- de ojos vendados y una balanza en su mano, es sólo un anhelo porque en Guatemala no ser marxista, automáticamente es causa para ser catalogado como “fascista”, de extrema derecha y por lo tanto carente de cualquier derecho real; significa ya estar condenado en cualquier tribunal o medio de comunicación, aunque no existan pruebas fehacientes o hayan sido “fabricadas” ad hoc con propósitos perversos. Por el contrario, ser abiertamente socialista/comunista significa gozar de impunidad total e incluso ser acreedor de jugosos resarcimientos pagados por los tributarios… ¿A eso quieren darle el nombre de “justicia”? Más parecen los “tribunales revolucionarios” del Che Guevara en La Cabaña, no nos engañemos.

Lo que también debe mencionarse y que muchas veces se esconde maliciosamente, es que todos estos delitos contra el honor de una persona tienen consecuencias que claramente se estipulan en el Código Penal:

Artículo 159. “Calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio.

El responsable de calumnia será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años y multa de cincuenta a doscientos quetzales.”

Artículo 161. “Injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de dos meses a un año.”

Artículo 164. “Difamación. Hay delito de difamación, cuando las Imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieren en forma o por medios de divulgación que pueda provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido, ante la sociedad.

Al responsable de difamación se le sancionara con prisión de dos a cinco años.”

¿Cómo puede entonces restituirse los daños causados a una persona que ha sido víctima de estos ataques, si los responsables están plenamente identificados? Pues la misma Ley contempla que se debe pagar daños y perjuicios causados en su patrimonio, en la pérdida de su trabajo, en el desprestigio, en ser despojado de sus bienes y derechos. Eso es lo justo, lo que las mismas instituciones deberían exigir, pero lamentablemente es sólo otro anhelo porque si vemos la realidad, muchos acusados falsamente se han visto obligados –contra toda lógica jurídica- a demostrar su inocencia o morir en “prisión preventiva” luchando por ello, para luego darse cuenta los sicarios mediáticos y judiciales que no había evidencia de culpabilidad alguna, sin que haya una disculpa posterior que se difunda masivamente como se hizo con las acusaciones difamatorias.

Hoy regreso con más compromiso de luchar por la Libertad, por la Justicia, y con la convicción de representar la voz miles de ciudadanos que no pueden expresarse, el que dice lo que otros no quieren o tienen miedo de decir. La lucha sigue hasta el final.

 

 

 

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