Mario Polanco y La Línea 3

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Mario Polanco y La Línea 3

José Daniel Rodríguez

La corrupción está enquistada en todas las estructuras del Estado de Guatemala, de eso no hay duda y no es nada nuevo. Esto se debe en parte a la debilidad de las instituciones que tienen como mandato la investigación y persecución penal, pero actualmente la situación es mucho peor, porque la Justicia es selectiva y sesgada ideológicamente como lo demuestran las recientes acusaciones y amenazas en contra de funcionarios electos democráticamente tendientes a forzar un Golpe de Estado.

Lo que llama la atención, es que hay grupos disfrazados como “sociedad civil” o “colectivos sociales” que se adjudican liderazgo que no tienen y representación ciudadana con la que tampoco cuentan. Estas organizaciones hoy señalan, acusan y se rasgan las vestiduras exigiendo el fin de la corrupción y la impunidad, pero ellos mismos han sido denunciados penalmente de graves casos de fraude para obtener resarcimientos y gozan de total impunidad. ¿Cómo le llamaría usted a esto, cinismo, doble moral o ambas?

Estos grupos reciben millonarios ingresos sin producir absolutamente nada y tampoco pagan impuestos, son ONG’s que lucran del discursito falaz de la “defensa de los DDHH”, obtienen dinero de países y organismos internacionales para generar conflictos sociales, de eso viven y muy bien, son beneficiarios de constantes viajes por Europa y se hospedan en hoteles 5 estrellas. Esta es la Línea 3, la que hoy tiene cooptada las instituciones del Estado y las utilizan como arma ideológica.

El caso de Mario Polanco puede servir como evidencia de los mecanismos que usan estas estructuras para obtener dinero. Hace algunos meses se secuestraron con orden judicial varios documentos en la sede del Programa Nacional de Resarcimiento ya que esta institución presentó en el año 2011 una denuncia penal contra el director del Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco, por presuntamente falsificar los expedientes de 10 víctimas del Conflicto Armado y así exigir una compensación económica. Esto sucedió durante la gestión de la anterior fiscal general Claudia Paz y Paz, por lo que es totalmente comprensible que haya sido engavetada como muchos casos más contra activistas de extrema izquierda o vinculados con la guerrilla de la cual su familia completa fue parte activa.

¿Cuántas víctimas falsas le hemos pagado a Polanco y otras organizaciones que lucran del Conflicto Armado? ¿Cuántos muertos que al final no estaban muertos como los que han aparecido en Canadá y el Viejo Continente? ¿Cuánto de los impuestos que deberían haberse destinado a Justicia, Seguridad, Salud o Educación terminaron en los bolsillos de estos vividores?

El Ministerio Público, derivado de una denuncia interpuesta por Mario Polanco (GAM), presentó una nueva solicitud de retiro de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por haber recibido un bono de riesgo como Comandante General del Ejército.. Aunque este mismo bono y otros similares son asignados a distintas instituciones como el MP, la CSJ, la CC o el Congreso, es el del presidente el que les interesa, porque no cesan en sus sueños de acceder al poder por la fuerza ¿Qué solvencia moral tiene este conocido vividor, que incluso trató de hacerse pasar como “víctima de daños psicológicos” para que los guatemaltecos le pagáramos resarcimiento de medio millón de quetzales por la supuesta desaparición del terrorista del PGT Fernando García, ex esposo de su actual conviviente Nineth Montenegro?
Las denuncias de fraude, malversación, juicios amañados con pruebas y testigos falsos son reiteradas y abundantes contra estas ONG´s, pero siguen impunes y los medios tradicionales no hablan de ello, se autocensuran para parecer “políticamente correctos”. Mario Polanco debería estar preso desde hace rato; en mi opinión, no sólo no tiene legitimidad alguna para tratar de obtener la renuncia o destitución del presidente con un antejuicio ridículo, sino que debería estar respondiendo ante los tribunales por las denuncias en su contra. Doble moral y cinismo a todo color que sólo puede suceder en Guatemala.

 

 

 

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CODECA, crimen organizado e impunidad con respaldo institucional de la PDH

Por José Daniel Rodríguez

Las desafortunadas declaraciones y las acciones durante las manifestaciones del pasado 20 de septiembre del recién electo Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, han causado indignación en los guatemaltecos ya que no sólo defiende y respalda al autodenominado “Comité de Desarrollo Campesino” -CODECA-, una de las organizaciones criminales más violentas, sino que además toma partido evidente como activista político/ideológico incluso dirigiendo movimientos que podrían considerarse como subversivos o sediciosos al usar su investidura y los recursos de la Procuraduría para participar activamente en manifestaciones que buscan la dimisión del presidente y la renuncia de los diputados del Congreso de la República.

A mí, como ciudadano, me preocupa que este funcionario haya iniciado tan mal y considero que debería ser removido del cargo de inmediato ya que ha violado su mandato con total descaro. La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos prohíbe y sanciona las acciones del señor Rodas y es el Organismo Legislativo, con mayoría calificada, el que tiene la responsabilidad de proponer y resolver su cesación del cargo, tal como lo establece el artículo 12:

“Causas de Revocatoria y Cesación. El Congreso de la República, con el voto de las dos terceras partes del total de diputados, hará cesar en sus funciones al Procurador y declarará vacante el cargo por cualquiera de las siguientes causas:
a) Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la constitución y esta Ley.
b) Participación material o intelectual, comprobada, en actividades de políticas partidista. (…)”

El sesgo ideológico del actual procurador se puso de manifiesto al tomar posesión cuando dijo a los medios de comunicación: “Guatemala, repito, no es solamente Cayalá”; este es un argumento que debe analizarse en todo el contexto y refleja el desgastado y anacrónico discurso de la lucha y odio de clases de Marx, algo que no construye sino divide a Guatemala; por otro lado, también expresó su deseo de integrar su equipo de trabajo solamente con indígenas, lo que promueve el racismo y manifiesta muy poco interés en capacidades, conocimientos y experiencias, anteponiendo el origen étnico de sus colaboradores.

Cada vez que abre la boca este funcionario, mete la pata como decimos los guatemaltecos; una entrevista realizada en Emisoras Unidas lo demuestra ya que declaró: “Igual representación tiene el CACIF que CODECA”. Esto, además de ser una mentira ridícula, es evidencia de su afinidad por este grupo radical que tiene más de 400 denuncias penales en los tribunales y que se roba alrededor de Q250 millones al año en energía eléctrica, pero que también recibe millones de euros y dólares de países como Noruega, Suecia, España y organizaciones internacionales como OXFAM, USAID, DKA Austria, entre otras. ¿Y en qué se habrá “invertido” ese dinero, lo fiscaliza la IVE o paga impuestos? ¿Usted ha visto algún proyecto realizado por CODECA de beneficio para las comunidades?

La diferencia entre el CACIF y CODECA es abismal, ni siquiera cabe mencionarlos en la misma oración. Los primeros se integran por las cámaras empresariales que se dedican a actividades comerciales, agrícolas, industriales y financieras, tienen miles de agremiados entre los que se incluyen micro, pequeños, medianos y grandes emprendedores que contribuyen a generar riqueza, empleo, desarrollo para Guatemala y sostienen, en gran parte, los gastos del Gobierno a través del pago de impuestos. CODECA, en cambio, es una estructura del crimen organizado que no produce absolutamente nada, no olvidemos que se ha apoderado de vastas regiones del país en las que la Policía ni el Ejército pueden transitar porque se arriesgan a sufrir emboscadas o secuestros, y le roban la energía a empresas como ENERGUATE para revenderla a vecinos incautos que se convierten en cómplices de graves delitos. 

En manifestaciones violentas que incluyen tablas con clavos y bloqueo de carreteras, directivos de CODECA han argumentado que “no quieren más corrupción ni impunidad” del gobierno, pero ¿qué solvencia moral tienen para exigir esto? Es muy fácil cobrar a los pobladores tan sólo Q25 o Q30 y ser tan cínicos de extender recibo por este concepto si no les ha costado ni un centavo producirla o distribuirla, por eso CODECA cobra tarifas únicas sin importar el consumo. Este grupo quiere “nacionalizar” la producción y distribución de energía eléctrica con un solo propósito, que sea un monopolio estatal así nadie podrá detenerlos.

Hay mucho qué decir sobre una de las estructuras de crimen organizado más protegidas de Guatemala. Cabe destacar -y esto no lo mencionan los medios de comunicación cobardes o que aparentan ser “políticamente correctos”- que ya hay condenas contra algunos de sus dirigentes. Cito como ejemplo la sentencia emitida por el Tribunal de Santa Lucía Cotzumalguapa hace algunos meses en contra de Enrique Ortíz Vásquez y Acxel Elvira Ampérez, por los delitos “atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública”; mientras que otro implicado, Marco Antonio Vian García se le sentenció por el delito de “encubrimiento propio”. Si bien las penas son risibles, conmutables e incongruentes con la gravedad de los hechos, es un precedente importante que permite continuar con las investigaciones y desarticular a ese grupo que se agencia de millones de quetzales cada año sin arriesgar capital, sino despojando a empresas de utilidades legítimas y mendigando donaciones en el extranjero.

Para finalizar, hay un tema que nadie más se ha atrevido a tocar: CODECA debe investigarse y desarticularse si se aplica correctamente el decreto 21-2006, la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y también el decreto 36-2003 Ley Contra la Delincuencia Organizada.

¿Qué piensa usted, en Guatemala se aplica la Ley de forma imparcial o selectivamente?

(Imagen tomada del Twitter de República)

Carta abierta para el Congreso de la República

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Por José Daniel Rodríguez

Señores diputados

Organismo Legislativo

Hoy me dirijo a ustedes como un ciudadano orgullosamente guatemalteco, preocupado por la situación tan complicada que atraviesa nuestro país en este momento. Publico esta carta abierta en pleno ejercicio de los derechos que me garantizan los artículos 28 -de petición- y 35 -libertad de emisión del pensamiento- constitucionales, pero también como mandante de la República de Guatemala.

Les manifiesto mi más profundo rechazo a las reformas que realizaron al Código Penal, específicamente la ampliación a 10 años a la conmutación de penas y suprimir la responsabilidad de los Secretarios Generales de los partidos con respecto al financiamiento electoral. Esto lo hicieron a espaldas de los guatemaltecos y ustedes mismos tienen las herramientas legislativas para enmendar ese abuso, esta es una demanda ciudadana que no pueden eludir.

Por otro lado, y este es el verdadero objetivo de la presente misiva, les recuerdo que ustedes fueron electos democráticamente, integran uno de los poderes del Estado, el alto Organismo que tiene como función principal representar a los ciudadanos y los intereses de la República de Guatemala; no están subordinados a ningún otro, mucho menos a uno paralelo como la CICIG y los grupúsculos esos que se autodenominan ilegítimamente “sociedad civil”, esos que actúan motivados por intereses ideológicos y económicos espurios. El secuestro y las agresiones de los que fueron objeto el pasado 14 de septiembre es condenable desde cualquier punto de vista y es la fiscal general Thelma Aldana la que debe iniciar, de oficio, las investigaciones respectivas para dar con los incitadores y responsables materiales de estos hechos, ya que de no hacerlo incurriría en delitos como incumplimiento de deberes, encubrimiento y obstrucción a la justicia, como mínimo.

El dictamen de la Comisión Pesquisidora encargada de revisar el expediente de antejuicio contra el presidente ya determinó que no existen indicios de responsabilidad penal para que se le retire este derecho. También deben recordar que en materia electoral es el TSE el que tiene la máxima jerarquía y esta institución no presentó ninguna denuncia de anomalías, tampoco la Contraloría General de Cuentas en su momento. El presidente fue juramentado y tomó posesión sin ningún reparo y justo cuando emitió su mensaje a la Nación declarando al comisionado Iván Velásquez como NON GRATO, interpusieron esta denuncia que refleja una vil venganza, un intento de amedrentar a los que no se plegan a los caprichos de este colombiano que en la práctica se ha convertido en un gobernante De FACTO.

Luego de un intenso debate, de analizar objetivamente ese expediente y de deliberar, 107 diputados votaron ya, determinando con mayoría calificada, que la denuncia no ameritaba el retiro del antejuicio del presidente. Juzgar políticamente por segunda vez a un funcionario también electo democráticamente es ceder ante la presión, el chantaje y la propaganda de grupos con financiamiento extranjero que tienen intereses en disolver el Congreso y forzar la dimisión del presidente Jimmy Morales. Esto, no nos engañemos, es un Golpe de Estado para nombrar a dedo a alguien afín para gobernar Guatemala de acuerdo a los caprichos de estas organizaciones.

Ustedes se deben a los ciudadanos guatemaltecos, su deber es consolidar el Estado de Derecho, fortalecer la República y no tienen por qué acatar órdenes de nadie, hagan valer su independencia republicana.

Hoy tienen una responsabilidad histórica y sepan que cuentan con el respaldo de miles y miles de guatemaltecos que anhelamos Paz, verdadera Justicia -sin sesgos- y les demandamos que actúen de acuerdo a la Ley. Les hago ver que juraron solemnemente ser leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala y que la subordinación entre poderes -incluyendo los paralelos como CICIG- está prohibida. La historia los juzgará por defender la soberanía e institucionalidad de Guatemala o por ser serviles a intereses extranjeros. Ustedes deciden.

 

Corrupción Criminal

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José Daniel Rodríguez

Sin lugar a dudas la corrupción es el mayor problema social de Guatemala. Esta práctica no permite el desarrollo económico del país, debilita las instituciones, saquea los recursos disponibles para prestar servicios públicos de calidad y menoscaba cualquier esfuerzo para combatir la inseguridad ciudadana, entre varios otros efectos.

Me llama poderosamente la atención, y es lo que me motiva hoy a publicar este artículo, que un nuevo escándalo de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no acapare amplios espacios en los medios de comunicación, ni tampoco vea a esas organizaciones que se rasgan las vestiduras exigiendo la renuncia del presidente que se pronuncien con igual intensidad ante un caso de presuntas estafa, enriquecimiento ilícito, colusión, tráfico de influencias y que incluso podría llegar hasta homicidio culposo al provocar la muerte de pacientes con enfermedades crónicas, ya que están siendo tratados con medicamentos diluidos, de pésima calidad e incluso falsos. Ahora bien, cuando vemos la forma como se realizan esas compras, sigue todo igual, selección de proveedores a dedo, en eventos fraccionados para evadir las licitaciones, pero lo más alarmante es que se siga favoreciendo a las mismas empresas que están implicadas en procesos penales como el que hoy se desarrolla contra Gustavo Alejos quien, dicho sea de paso, se ha enriquecido durante décadas gracias a los privilegios que se le han conferido durante distintos gobiernos.

Me gustaría compartir mi propio testimonio, ya que mi madre fue paciente del IGSS y cuando le daban medicinas cada 6 meses que tenía cita, lo que hacía era tirarlas y solamente utilizar la fibra que le ayudaba en su digestión. Yo me enojaba mucho porque pensaba que podría agravar su condición médica, pero ella solamente me decía: “no me hacen bien, al contrario, me siento peor cuando las tomo”. Ahora comprendo perfectamente que tenía razón, todos los medicamentos provenían de India y seguramente eran falsos, vencidos o simplemente rebajados en sus componentes.

El Lic. Daniel Rojas Mena presentó recientemente una denuncia penal en contra de la Junta Directiva del IGSS, basado en distintos medios de prueba y testimonios que corroboran un negocio criminal que consiste en la compra de medicamentos falsificados provenientes en gran parte de India, que lejos de contribuir en la mejora de la salud de los afiliados agravan las enfermedades. El proceso de compra en el que se ha llevado a cabo esta adquisición, fue avalado y auditado por la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), entidad internacional que debería elevar los estándares de calidad de productos y proveedores, pero que en la práctica no cambia nada, como tampoco lo hizo la reforma de octubre del 2,016 a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que en apariencia mejora los controles y pone límites a las compras directas, pero lo que ha demostrado es que permite seguir comprando con la discrecionalidad de los burócratas corruptos de siempre, a los corruptores mercantilistas también de siempre.

Debemos de tener claro que aparte de la evasión fiscal que estas compras podrían representar, se están conformando carteles que nada tienen que envidiarle a los narcos, ya que no se permite que empresarios compitan en calidad y precio en igualdad de condiciones sino, por el contrario, son descartados por no pertenecer a la rosca corrupta privilegiada. Con ello, se está negando el acceso a medicamentos de calidad a la población que tanto lo necesita. Como libertario, considero que hay mucho por hacer, lo primero sería romper el monopolio de la Seguridad Social del IGSS y que compita con servicios privados; pero además, la adquisición de medicinas, insumos y equipo debe ceñirse estrictamente al Libre Mercado, con licitaciones internacionales para ampliar la oferta. ¿Queremos cambiar el sistema?, aquí hay 2 propuestas concretas.

Si en algún caso la CICIG, PDH, Contraloría General de Cuentas y el MP deben demostrar imparcialidad, apego a la Ley y que realmente combaten la corrupción es este; estamos hablando que se pone en peligro la vida de enfermos, de un acto criminal que debe abordarse con todo el peso de la Justicia.

Hoy me uno a la campaña ciudadana #NoMásMedicamentosFalsos ¿Y usted?

(Fotografía de archivo tomada de internet. Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, juramenta al representante de la USAC, Edgar Balsells)