Mercenarios del Conflicto

Por José Daniel Rodríguez
En los últimos años seguramente han escuchado el término “conflictividad social” para referirse a graves actos de sabotaje contra hidroeléctricas, agresiones contra trabajadores, invasión de fincas, secuestros de turistas e incluso terrorismo en Guatemala.
Este concepto trata de esconder acciones criminales cuidadosamente planificadas por grupos radicales que lucran de la miseria y el subdesarrollo, que necesitan masas de población en pobreza extrema, desempleadas y sin educación para manipularlas, engañarlas y así mendigar dinero en Europa para que sus dirigentes se enriquezcan, sin trabajar ni invertir ni un solo centavo.
Tal vez el ejemplo más notorio sea CODECA, ladrones de energía eléctrica confesos, con más de 500 denuncias penales estancadas en su contra o el CUC señalados por testigos como responsables de los actos violentos en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y la masacre de los Pajoques en San Juan Sacatepéquez, por mencionar un par de casos; pero hay otros grupos más que han hecho del conflicto un gran negocio, no sólo los provocan por cuestiones puramente ideológicas, sino que luego se victimizan al argumentar que son objeto de “represión del Gobierno y las transnacionales” o se autoproclaman “presos políticos” cuando son capturados.
El caso de la Mina San Rafael es paradigmático, porque suspender las operaciones de una industria responsable con la comunidad, con el Estado y las leyes, es pésimo para la imagen del país. No puede haber inversión, generación de empleo y desarrollo para Guatemala sin normas claras y estables, el mensaje que se envía al extranjero es que a pesar de cumplir con todos los requisitos, pagar los impuestos y regalías acordadas e invertir en infraestructura, escuelas, centros de salud y muchas otras obras de beneficio social, empresas de este tipo son atacadas por esas organizaciones que se dicen “ambientalistas” como CALAS o Madre Selva.
Esta situación cada vez más caótica tiene el agravante que estas estructuras que más bien parecen de crimen organizado son sistemáticamente protegidas por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los DDHH (PDH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero ahora cuentan también con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC). Parece increíble, pero las instituciones encargadas de la investigación penal y de impartir justicia son sus cómplices por acción u omisión.
Recientemente se han emitido resoluciones que lejos de consolidar el Estado de Derecho, han minado la confianza de empresarios nacionales y extranjeros por la poca certeza jurídica y garantías para los que arriesgan su capital en nuestro país y generan cientos de miles de empleos directos e indirectos. El Convenio 169 de la OIT es una herramienta de diálogo y desarrollo para las comunidades, pero se está usando como arma jurídica, racista e ideológica.
Debemos de tener algo muy claro, a estas oenegés no les importa el medio ambiente, lo que sí hacen -según investigaciones periodísticas y denuncias- es LUCRAR chantajeando a empresas para dejarlos operar; si no ceden, los demandan y exigen pago de resarcimientos siendo ellos los intermediarios por supuesto; pero aún más, también fungen como “agentes de bienes raíces”, negociando terrenos sobrevalorados para que los compren industrias generadoras de energía o minas. Para ellos es un negocio redondo, no pagan impuestos ni tampoco son fiscalizadas apropiadamente.
Por otro lado, es alarmante que los parámetros de crecimiento económico, especialmente la inversión extranjera directa estén en picada; nadie quiere ya invertir en Guatemala, hemos retrocedido varios puestos en las clasificaciones internacionales y esto no tiene más responsables que los magistrados de la CSJ y CC con sus fallos ideológicos sin fundamento legal.
No permitamos que unos pocos criminales y vividores mantengan en la miseria a los guatemaltecos. Ya es hora que estas estructuras de crimen organizado con fachada de ONG´s sean fiscalizadas al amparo de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, eso es lo que corresponde a las autoridades y es nuestro deber ciudadano denunciarlo y exigirlo, o Guatemala seguirá en esa espiral de violencia donde unos pocos son los beneficiados, los MERCENARIOS DEL CONFLICTO.
(Fotografía Prensa Libre. Grupos armados “en defensa del territorio” que operan en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango)
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