Justicia para Ludvin Bernal Tiul Chacach

“El niño tenía cáncer y de todas maneras se iba a morir”
Por José Daniel Rodríguez
El argumento anterior es el que ahora se está difundiendo en redes sociales para deslindar de responsabilidades a la ya conocida organización criminal CODECA.
Es normal que los cobardes de CODECA ahora traten de evadir su responsabilidad penal, sólo falta que también se victimicen y se vayan a lloriquear a “su corte”, la CIDH, igual que su protector oficial Jordán Rodas Andrade, un activista político con disfraz de procurador de los Derechos Humanos, que cobra un jugoso salario proveniente de los impuestos de los guatemaltecos para defender a estructuras criminales como ésta y a un extranjero abusivo con aires de dictador como Iván Velásquez. Esa es la agenda particular de Rodas, además de conspirar contra la institucionalidad del Estado de Guatemala, por ello debe agilizarse su destitución inmediata en el Congreso, por violar la Ley Orgánica de la PDH.
Es cierto que Ludvin padecía cáncer en los huesos en una etapa avanzada y que prácticamente había sido desahuciado. Regresando del centro hospitalario donde era tratado, el niño se puso grave, llamaron a los bomberos, éstos NO PUDIERON PASAR debido a los bloqueos ilegales de esta organización dedicada al robo de energía eléctrica y sabotajes; por lo tanto, el niño no pudo recibir atención médica, se violaron los derechos de Locomoción y de Acceso a la Salud que garantiza la Constitución. Según el Código Penal son responsables de homicidio culposo ya que pudo estabilizarse y de no poderse salvar, llevarse al menos a morir de forma digna en el seno de su hogar, no en un asiento de un bus, bajo el sol, varado en la carretera gracias los desmanes de CODECA.
Ya es hora que el MP demuestre imparcialidad, al menos una vez, y que la muerte de este niño no quede impune. No es la primera vez que pasa esto, otras personas han muerto en circunstancias similares por bloqueos de otra estructura criminal que goza de total impunidad, el nefasto CUC que dirige Daniel Pascual.
Si la fiscal general Thelma Aldana deja de lado por un momento su ya notoria campaña mediática de reelección y quiere de verdad luchar contra la impunidad, entonces debe aplicar a CODECA la Ley Contra la Delincuencia Organizada, decreto 21-2006 para desarticular ésta y otras organizaciones similares. A continuación cito algunos artículos de la referida Ley que claramente describen la organización y delitos cometidos en flagrancia por este “comité de desarrollo campesino”:
“DEFINICIÓN
Artículo 2. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente Ley se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes:
(…)
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
(…)
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Código Penal:
e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato;
e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
(…)
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia;
(…)
g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito.
Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para tercero.
Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.”
La muerte de Ludvin me impactó porque sucedió en una acción ilegal de una organización criminal, por eso exijo justicia y le doy las herramientas legales al MP e incluso a la CICIG para que actúen de acuerdo a su mandato. Lo que causa indignación es el incumplimiento de deberes manifiesto de la PDH y del MP en este caso; pero  también es contradictorio que ninguna ONG de esas que “dicen” defender los DDHH se haya pronunciado aún al respecto.
¿Acaso una vida de la cual no pueden lucrar con los resarcimientos no vale entonces? ¿Cuándo van a entender estos grupos radicales que bloquear carreteras es ilegal, que no es de ninguna manera una manifestación pacífica?
Ya basta de impunidad y Justicia Selectiva.
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