Un precedente que debe respetarse

magistrados cc

 

José Daniel Rodríguez

“¿Por qué defendés tanto a la minas e hidroeléctricas que no dejan nada al país y saquean nuestros recursos contaminando el ambiente?”, me preguntan frecuentemente en las redes sociales. Me llama la atención el nivel de ignorancia sobre el tema y cómo grupos que lucran del discurso falaz de la “defensa del medio ambiente” han logrado por años engañar a las personas.

Analizando esta pregunta, debo explicar que no defiendo específicamente a minas e hidroeléctricas sino la certeza jurídica, las inversiones que estas industrias hacen en Guatemala, los cientos de miles de empleos directos e indirectos que están en juego. Es simple cuestión de Justicia ya que han cumplido con todos los requisitos que el Gobierno establece para estas actividades y, sobre todo, porque considero importante desenmascarar a las organizaciones radicales que se benefician de la ingobernabilidad, de provocar los conflictos, de mantener a los guatemaltecos en la miseria para así mendigar donaciones en el extranjero, intermediar en indemnizaciones y –el colmo de la hipocresía y doble moral- actuar como agentes de bienes raíces con comisiones de por medio para que los propietarios de terrenos le vendan con precios sobrevalorados a las empresas que tanto atacan y así puedan operar. Por un lado los demandan y por otro les consiguen los terrenos para que se instalen; lo que los mueve son intereses ideológicos y de lucro, no defender el medio ambiente.

Por otro lado, es falso que las industrias extractiva y generadora de energía no le dejen nada a Guatemala, al contrario, el grueso de la inversión extranjera directa en nuestro país se enfoca principalmente en esas ramas. Pero también es necesario aclarar que, por ejemplo, Mina San Rafael aporta no sólo las regalías acordadas del 5%, sino también una carga tributaria que ronda el 40%; pero eso no es todo, también existe una inversión importante en centros de salud, escuelas, infraestructura vial y genera miles de empleos.

Mientras que el denominado “Centro de Acción Legal Ambiental y Social” –CALAS-, por ejemplo, recibe decenas de millones de dólares, euros y quetzales en concepto de donaciones, comisiones e indemnizaciones sin pagar impuestos sobre esos ingresos ni ser fiscalizado adecuada y permanentemente por la Contraloría General de Cuentas ni la Superintendencia de Administración Tributaria, Mina San Rafael, según datos oficiales, ha pagado en concepto de impuestos (ISR, IUISI y otros) desde octubre del 2013 a mayo del 2017 un total de Q689,557,191.69; en el rubro de regalías totales desde 2014 a diciembre del 2016 Q304,790,627.09; pero tal vez el dato más importante, porque se refiere a compras efectuadas localmente y que dinamizan la economía de nuestro país favoreciendo a cientos de empresas y personas que prestan servicios profesionales, es el del período del 2013 a junio del 2017 por Q4,375,637,797.00. Con las operaciones de esta mina se beneficia el Estado en su conjunto, Gobierno, ciudadanos y empresas. Con las acciones de CALAS, en cambio, solamente se benefician sus dirigentes Yuri Melini y Rafael Maldonado que llevan a sus cuentas bancarias ganancias espurias, obtenidas lucrando de la pobreza.

La Corte Suprema de Justicia -CSJ- resolvió el pasado 8 de septiembre otorgar amparo definitivo a favor de CALAS, que actuó judicialmente en contra del Ministerio de Energía y Minas y que contempla como tercer interesado a la Mina San Rafael. Sin embargo, también ordenó, en consonancia con el precedente que sentó la Corte de Constitucionalidad –CC- en el caso de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II, que el Gobierno debe de realizar la Consulta Comunitaria pero debidamente reglamentada por el Congreso, para así poder aplicar lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. Para ello se otorgó un año de plazo y se autoriza que la mina siga operando, pero siendo respetuosos de los procesos aún pendientes de resolver, esta empresa no ha reiniciado operaciones. Ahora el trámite se encuentra en la CC a la espera de un fallo inapelable y definitivo.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en este momento, ya han incurrido en violaciones al proceso al retardar su resolución. No olvidemos que tienen el mandato de defender y respetar la Constitución, no servir para lograr los objetivos de grupos de presión nacionales o extranjeros, simplemente aplicar la Ley como corresponde, más allá de ideologías o intereses particulares.

Las Consultas Comunitarias, en las condiciones actuales, no pueden aplicarse ya que no cumplen con los parámetros establecidos sobre reglamentación y la obligación del Gobierno en realizarlas; además deben de realizarse en un ambiente de paz y libertad, con información veraz sobre los proyectos de inversión propuestos, sin la injerencia ni manipulación de supuestos ambientalistas, tampoco de las empresas. Son una herramienta de negociación y desarrollo, no mecanismo para vetar inversiones ni suspender operaciones empresariales.

La máxima Corte del país tiene en sus manos emitir una resolución que afecta miles de empleos, además de que la imagen y certeza jurídica de Guatemala para atraer inversiones están en entredicho. En este sentido, lo que manda la Constitución y deben acatar los magistrados sobre el tema es lo siguiente:
“Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables.

El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización

Artículo 129.- Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada.”

Toda actividad humana genera impacto en el ambiente, toda, también las aguas negras, basura, detergentes y hasta animales muertos que las comunidades arrojan a los ríos, no digamos el uso de leña para cocinar o el tráfico de animales en peligro de extinción. ¿Necesitamos energía eléctrica y minerales? Claro que sí, Guatemala tiene un potencial enorme que otros países sólo sueñan, también debemos de proteger el medio ambiente por supuesto, pero considero que puede establecerse un equilibrio y explotación responsable de estos recursos. Lo que no se vale es oponerse sistemáticamente provocando daños a la economía del país, mientras los supuestos ambientalistas viajan en avión (construido con minerales y que usan hidrocarburos) a hoteles 5 estrellas (también construidos con minerales) en Europa, para llenarse los bolsillos de dinero al mismo tiempo que las personas que dicen defender pasan hambre añorando conseguir un empleo digno y bien remunerado.

Señores magistrados de la CC, ustedes juraron defender y hacer cumplir la Constitución; si lo hacen, los ciudadanos reconoceremos su labor, pero si no, también demandaremos que asuman sus responsabilidades, incluso penalmente, no lo duden.

 

(Imagen tomada de Prensa Libre)

 

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