CALAS y el despreciable negocio de la conflictividad socioambiental 

maldonado calas casas

Por José Daniel Rodríguez

La imagen que ilustra este artículo es una confesión pública realizada en Twitter por el asesor legal de CALAS, Rafael Maldonado, quien reconoció haber utilizado fondos de la cooperación alemana para comprarse dos casas en uno de los residenciales más exclusivos de Escuintla, Alamedas del Conacaste.

He tratado de investigar el origen de los fondos de CALAS, pero lamentablemente no rinden cuentas ni de las cantidades, ni de la ejecución de esas “donaciones”. Al revisar su página web salta a la vista que está desactualizada y solamente registra “proyectos” al 2,011, pero sí mencionan a algunos patrocinadores como OXFAM, la embajada de Suiza, IBIS y la Unión Europea. La excusa que usan para captar recursos financieros suena muy bien –en la farsa, estos vividores son expertos-: “capacitaciones en derechos humanos de los pueblos indígenas en materia ambiental”, pero la realidad es muy distinta. Es fácil dar una charla de una hora de adoctrinamiento, para así justificar y cobrar casi 100,000 euros, por mencionar un ejemplo, así es como se enriquecen, mendigando dinero en el extranjero con patrañas que no pueden comprobarse físicamente.

Lo que sí es evidente es que CALAS se especializa en provocar conflictos permanentes contra empresas, pero callan ante los verdaderos problemas ambientales como la deforestación de los bosques para convertirlos en leña, la contaminación del 95% de los ríos y lagos con aguas negras que arrojan las comunidades, los incendios provocados por rozas sin control o la usurpación de “pacíficos comunitarios” en áreas protegidas como la laguna de Lachuá, en donde llegaron a instalarse con motosierras y camiones para robarse las maderas preciosas. Esto último no les genera dinero, no les interesa.

Recuerdo un caso, cuando Minera San Rafael estaba en fase de construcción y ni siquiera estaba cerca el inicio de operaciones, CALAS ya gritaba a los 4 vientos con el corifeo de cajas de resonancia de la Prensa servil nacional e internacional, que se estaba contaminando el río que se encuentra en las cercanías con productos químicos. Gracias a ello captó la atención de sus financistas y se expandió en las comunidades esa mentira. Digo mentira porque lo es, lo que se encontró en las muestras tomadas fueron heces fecales que los mismos pobladores lanzan sin control a las fuentes de agua. En cualquier país del mundo esta acusación falsa implicaría un proceso penal contra el mentiroso Yuri Melini y sus secuaces, incluso serían obligados no sólo a pagar las costas procesales del juicio, sino también daños y perjuicios por generar conflictos tergiversando información o alterando análisis científicos para obtener dinero, pero eso no sucede en Guatemala donde la Justicia está sesgada ideológicamente y se aplica selectivamente.

Fiscalizar a las oenegés “ambientalistas”, “feministas”, “indigenistas” o de “derechos humanos” no es tarea fácil. Hoy más que nunca se sienten todopoderosas, con protección e impunidad total. A pesar de saber esto de antemano, he tomado la iniciativa de ejercer fiscalización ciudadana y recabar información para este propósito, recurrí directamente de la fuente primaria. En este caso, entrevisté públicamente en Twitter a Rafael Maldonado, asesor legal de CALAS, una estructura dedicada a boicotear la inversión y generación de empleo.

Al principio accedió a contestar mis preguntas y se jactó de ser “100% transparentes”, pero luego al ver que no era tan fácil desviarse del tema -lo intentó hasta el cansancio- recurrió a prácticas conocidas y aplicadas por cualquier funcionario corrupto: descalificaciones personales, mentiras, insultos, evasivas, escudarse tras trámites burocráticos y, por último, la amenaza de enjuiciarme y “darme una sorpresa” para que no siguiera investigando y publicando denuncias sobre su despreciable negocio. Lamentablemente sólo respondió con evasivas y no pudo explicar el origen, montos, ni ejecución de los millonarios fondos que reciben.

Lo único que me quedó claro es que estos “activistas” que llamo Mercenarios del Conflicto lucran de la miseria, la enfatizan y consolidan, ya que si hay trabajo y desarrollo en las comunidades bajo su influencia se les acaban los viajes, los hospedajes en cómodos hoteles y sus multimillonarios ingresos.

Algo que sí reconoció es que durante los gobiernos sucesivos de Portillo, Berger y Colom esta nefasta ONG recibió dinero de nuestros impuestos, en cantidades aun no determinadas ni registradas como estipula la Ley de Libre Acceso a la Información y que le fueron asignados a través del MAGA y CONAP, sin que existan logros tangibles por esa erogación, ni tampoco, por ejemplo, programas de reforestación masiva, construcción de plantas de tratamiento de aguas negras o capacitaciones para clasificación de basura que bien podría generar ingresos por reciclaje a las comunidades que dicen defender. “Que lo hagan los empresarios” fue la respuesta de Maldonado, obviando que muchos ya lo hacen, incluyendo las minas, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana contra quienes enfocan su odio más por motivos ideológicos que medioambientales.

Mientras Maldonado y su socio Yuri Melini reciben decenas de millones de euros, dólares y quetzales, miles de familias se quedan sin sustento al suspenderse licencias de minas arbitrariamente usando como argumento legal las consultas comunitarias establecidas en el Convenio 169 de la OIT, a pesar de que no tienen poder de veto, tampoco se trata de una votación de “Sí o No” como se pretende, ni tan siquiera cuentan con un reglamento como ese Tratado establece explícitamente para que sea el gobierno quien las realice libre y objetivamente. Cuando se intentó redactar una norma para llevar a cabo estas consultas durante el gobierno de Álvaro Colom, estas mismas organizaciones se opusieron porque genera más conflictos -y dinero- el caos, el miedo y la manipulación, cuando lo correcto es que ellos mismos debieron aportar propuestas y emitir una norma para este fin.

Los directivos de CALAS y otros grupúsculos como CUC, Madre Selva, CCDA, CODECA, FRENA, etcétera siguen con su vida cómoda de privilegios y el desempleo aumenta en el país gracias a sus acciones violentas, el Estado recauda menos impuestos, los ingresos de divisas merman y la imagen de Guatemala está por los suelos para atraer nuevas inversiones, e incluso se corre el riesgo de ser objeto de demandas internacionales millonarias por incumplimiento de contratos.

Si la CICIG y el MP fueran imparciales, deberían investigar TODAS las “líneas” de corrupción, sin proteger a nadie, pero también la IVE, SAT y la Contraloría deben cumplir lo que manda la Ley y fiscalizar a las oenegés que lucran de la conflictividad social. Esta es una tarea urgente.

Pueden leer esta entrevista en el siguiente enlace:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: