Dictadura Judicial

comisión pesquisidora
Por José Daniel Rodríguez
Con estupor e incredulidad leí la noticia que la Corte Suprema de Justicia había dado con lugar el retiro del derecho de antejuicio contra el diputado Fernando Linares Beltranena. No sólo me parece una aberración, además de que dicha resolución podría muy bien ser constitutiva de delitos como prevaricato y resoluciones violatorias a la Constitución por parte de los Magistrados, sino que es una prueba más que los juzgadores están resolviendo por presiones, dinero y viajes o por sesgo, no basados en la Ley como juraron al tomar posesión.
El documento que les presento en este artículo es el dictamen de la juez pesquisidora a cargo de la investigación de este caso, el cual claramente establece que NO ES RECOMENDABLE el retiro de este derecho, toda vez que no incurrió en delito alguno. Y es la verdad, el diputado Linares ejerció lo garantizado en el artículo 35 constitucional, el cual en su parte conducente establece lo siguiente:
“Artículo 35.- Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. (…)”
Pero eso no es todo, también los diputados tienen otro derecho, el cual les protege de no ser juzgados por emitir opiniones cuando se debate una ley. Esto lo establece el artículo 161, el cual literalmente plantea:
“Artículo 161.- Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas: a) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. b) Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo. (…)”
Cuando vemos el dictamen de la comisión pesquisidora, lo que manda la Constitución y la resolución los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, resulta evidente que en Guatemala el Sistema Judicial está cooptado por poderes paralelos, estamos ante una dictadura de facto y no podemos cerrar los ojos ni definirlo de otra manera. La Justicia Selectiva, más los linchamientos mediáticos, son la norma, pero están destruyendo el incipiente Estado de Derecho de nuestro país, llevándonos a un caos del cual los únicos beneficiados son esos integrantes de la izquierda más retrógrada y radical que aún sueñan con llegar al poder, pero no por la vía democrática por supuesto, sino por los medios que conocen: la fuerza, el engaño y colocando a sus “operadores” en puestos clave como el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria o armar un equipo de sicarios judiciales como Yassmín Barrios y Miguel Ángel Gálvez, que fallen como se les indica, no basados en la evidencia.
Hoy que el diputado Linares Beltranena ha anunciado su deseo de postularse para el puesto de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, seguramente los ataques en su contra serán más frecuentes porque los enemigos de la institucionalidad y el sistema republicano no pueden permitir que alguien independiente y con liderazgo llegue a ese puesto y desbarate lo que han avanzado en lucha por el control del Estado. Desde ya le manifiesto todo mi apoyo, porque si evaluamos el perfil requerido y sus conocimientos, experiencias, capacidades y trayectoria profesional, muy pocos superarán esa candidatura. La decisión final será del presidente de la República y es el momento de corregir el rumbo o muy pronto seremos como Venezuela.
La peor dictadura que puede existir es la de los jueces, porque pueden quitarnos la libertad -para expresar opiniones, por ejemplo-, la propiedad e incluso la vida. Es en esta situación en la que nos encontramos. Aunque los medios de comunicación serviles a esta dictadura que dirige un colombiano non grato insistan en difundir la mentira que “la lucha contra la corrupción e impunidad no es ideológica”, los hechos demuestran lo contrario y puedo citar tres casos evidentes de impunidad para los “camaradas revolucionarios”: Sandra Torres sigue impune por el asesinato de Rodrigo Rosenberg, el sucio negocio del Transurbano y la malversación de Q4,000 millones para Cohesión Social; Rafael Maldonado de CALAS, denunciado por 10 delitos también anda insultando alegremente al que lo cuestiona, sin ninguna consecuencia penal; y no digamos Mario Polanco, denunciado por intentar estafar al Estado con 10 víctimas falsas del conflicto armado, también impune a pesar de la abundante evidencia en su contra. ¿Es esto Justicia? ¿La lucha contra la corrupción no tiene sesgo ideológico? ¡Por favor! Eso no se lo cree nadie, los hechos dicen otra cosa.
Le dejo a usted, estimado lector, una pregunta para reflexión, ¿la Justicia se aplica de forma imparcial, igual para todos, o más bien es un arma para callar a opositores y destruir el honor de los que no nos plegamos a los caprichos del dictador Velásquez?
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