La irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad nos cuesta caro

protesta a favor de mina san rafael

José Daniel Rodríguez

 

Guatemala se encuentra actualmente en un limbo legal ocasionado por la máxima Corte del país, ya que al retrasar resoluciones de recursos presentados hace meses, pone en graves aprietos financieros a diversas empresas que en su momento cumplieron y siguen cumpliendo con todos los requisitos tributarios, mercantiles y ambientales para operar en nuestro país.

Lo grave del caso, es que esta situación más parece obedecer a temas ideológicos y no jurídicos o de protección del medio ambiente, toda vez que se está tergiversando el Convenio 169 y las Consultas Comunitarias que se requieren para llevar a cabo proyectos de este tipo en poblaciones indígenas. Si bien Guatemala es firmante de dicho acuerdo internacional, debe de tenerse claro que esas consultas son herramientas de diálogo, mecanismos para intercambiar información y negociar en beneficio de las comunidades más pobres del interior. De ninguna manera se estableció como un arma ideológico-legal para cerrar operaciones de empresas, tampoco tiene carácter vinculante, ni es una votación de “sí” o “no” como algunos grupos con intereses mezquinos quieren hacer creer.

En este sentido, cabe destacar que ya existe una macrosentencia dictada por parte de la Corte de Constitucionalidad, en la que los magistrados mismos definieron que debía de aplicarse para cualquier otro caso similar. El ejemplo de la hidroeléctrica OXEC demuestra que sí es posible obtener acuerdos entre el Gobierno, empresas y verdaderos líderes comunitarios, en beneficio de todos. Es esto lo que le molesta tanto a organizaciones que lucran del discurso falso del “ambientalismo”, porque viven de la miseria y el conflicto, necesitan de la dependencia e ignorancia de los guatemaltecos para así poder enriquecerse difundiendo mentiras y frenando el desarrollo.

Estas organizaciones a las que hago referencia, como CALAS, se oponen a las inversiones en el sector extractivo utilizando datos manipulados y difundiendo verdades a medias para tratar de demostrar que esta industria es nociva para Guatemala, lo cual es falso, ya que los aportes financieros y de tipo social son evidentes y en crecimiento, incluso sus programas de mitigación ambiental han logrado rescatar áreas que antes estaban deforestadas e improductivas. Por eso, cuando vuelvan a escuchar el argumento: “las minas le dejan migajas al país y se llevan todas las ganancias al extranjero”, sepan que están ante un mentira descarada, esa es la excusa de estos grupos para pedir dinero principalmente en Europa, pero que luego no se traduce en beneficio de ninguna de las comunidades bajo su influencia.

Estudios recientes como el de Central American Business Intelligence -CABI- que pueden descargar al final de este artículo, demuestran que la tasa efectiva que esta industria aporta al país de sus ingresos es del 53% en impuestos, regalías, tasas y arbitrios municipales; generan cientos de miles de empleos directos e indirectos; además, el volumen de divisas que esta actividad aporta en concepto de exportaciones es de los más altos de los contribuyentes al PIB. Por si fuera poco y para terminar de desbaratar mitos, la utilidad real efectiva que le queda a los accionistas ronda sólo el 20%, es decir, que el Estado gana casi 3 veces más que los accionistas, sin riesgos y sin invertir ni un solo centavo. ¿Todavía piensan que es una mal negocio para el país?

Guatemala no necesita más conflictividad, sino ponernos de acuerdo y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro país. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos definir este tema y aplicar precedentes establecidos para el caso específico de #MinaSanRafael como el de la hidroeléctrica OXEC, para así garantizar la certeza jurídica, la Libertad de Mercado y la igualdad ante la Ley.

 

(En este enlace pueden descargar el estudio de Central American Business Intelligence, que describe el aporte económico de la industria extractiva para Guatemala en los últimos años:
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