Golpe de Estado “Constitucional”

undp_gt_PlanQuinquenal-CorteConstitucional_2017

José Daniel Rodríguez

Cuando entró en vigencia la Constitución Política que hoy rige en Guatemala, ya en un lejano 1986, se consideraba importante formar un ente colegiado especializado en la defensa del orden constitucional. Fue así como se dio vida a la Corte de Constitucionalidad, como garante y máxima autoridad en materia de interpretación del texto de la Carta Magna.

Los magistrados, por muchos años, fueron destacados abogados guatemaltecos, personas íntegras, capaces y con sólidos conocimientos en esta rama del Derecho, hasta que vino la CICIG y se empezó a entrometer en los procesos de selección, a tal punto, que hoy 3 de los magistrados titulares no sólo son cuestionados por su ética y honradez, sino que representan al sector más retrógrada de la izquierda de nuestro país. Me refiero específicamente a Gloria “bono revolucionario” Porras, exmandataria judicial de Sandra Torres y quien avaló su inscripción como candidata presidencial en evidente Fraude de Ley; José Francisco De Mata Vela, exrector de la USAC con múltiples señalamientos de corrupción, y Boanerge Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la misma USAC por más de una década, y también con múltiples denuncias por malos manejos de fondos.

El historial de fallos ilegales evidentes de la Corte de Constitucionalidad inicia con la declaratoria de Non Grato contra el comisionado Iván Velásquez, concediendo amparo al activista político que cobra sueldazo como si fuera Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, y argumentando que “no tiene validez dicha declaratoria al no haber sido acompañada de la firma de al menos un ministro”. En este sentido y para que exista congruencia con dicha resolución, ya se planteó un recurso de amparo para también anular la solicitud de prórroga del mandato de la CICIG citando el precedente que la CC estableció, ya que dicha solicitud solamente tenía la firma del presidente Jimmy Morales, al igual que las anteriores prórrogas solicitadas por Colom y Pérez Molina que convertirían a esta entidad de la ONU en un cuerpo paralelo ilegal, y nulos todos los procesos en los que ha intervenido desde entonces. Por supuesto que este amparo aún sigue engavetado y dudo mucho que se resuelva con la celeridad que los temas políticos que le interesa a la agenda de la denominada “pink left” y que pareciera ser también la agenda de la corte de Constitucionalidad.

Un segundo fallo ilegal es el que anuló la elección de la Junta Directiva del Congreso, presidida por el joven político Alvaro Arzú Escobar y que ordena repetir el proceso. Digo que es violatorio a la Constitución y a precedentes establecidos, porque contradice una resolución previa del 2017, en la que argumentan los magistrados:  “en todo caso, la descalificación por cualquier motivo de alguno de los integrantes de una planilla que esté participando en un proceso eleccionario, no podría afectar a los demás miembros de una misma planilla, dado que la imputabilidad de cualesquiera situación anómala que se realice es netamente personal, sin que dicha circunstancia pueda afectar a los demás”

Si se aplica el precedente constitucional, solamente Alejandra Carrillo, una de las diputadas integrantes de esa planilla debería de ser sustituida, ya que ella sí se trasladó de partido luego de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, pero no el resto de diputados y así podrían asumir sus funciones en este momento que Guatemala requiere que todas las instituciones trabajen normalmente, principalmente por la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pero en este caso hay más ilegalidades, como por ejemplo otorgar “amparo provisional” a la ONG Acción Ciudadana, pero a la vez emitir una sentencia definitiva, sin convocar a las partes a emitir sus argumentos de cargo y descargo, lo cual viola el principio de Presunción de Inocencia que establece que “nadie puede ser condenado sin antes ser CITADO, ESCUCHADO Y VENCIDO EN UN JUICIO IMPARCIAL”. Para finalizar con esta letanía de acciones ilegales, la CC también resolvió que se anula la elección de la Junta Directiva, pero le da plena validez a lo actuado por este órgano colegiado algo que contradice el precepto que cuando se anula un nombramiento, todo lo actuado también es nulo IPSO JURE.

La Corte de Constitucionalidad, otrora garante de la Constitución, hoy solo es otro poder paralelo que usa la Justicia con fines políticos para entrometerse en las funciones y someter a su voluntad a los 3 poderes del Estado y eso no tiene otro nombre que Golpe de Estado, aunque lo disfracen de “legal”. Se están resolviendo recursos en el orden que sirva para dichos intereses e interpretando la Ley de forma antojadiza y eso es peligroso para la institucionalidad porque no existe certeza jurídica ni igualdad ante la Ley.

Guatemala está bajo el asedio de grupos paralelos espurios, que sueñan con convertir a nuestra amada Patria en otra Venezuela, destruir el sistema republicano para convertirnos en una dictadura totalitaria marxista. ¿Les parece exagerado? No lo es, tan sólo veamos los orígenes de Velásquez en lo más profundo de la narcoguerrilla terrorista de las FARC y veamos quiénes lo acuerpan en Guatemala, sólo guerrilleros y parásitos que lucran de la conflictividad y los resarcimientos. La pregunta es: ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras que la izquierda retrógrada y sus netcenters nos imponen su #PactoDeCorruptos? Al menos YO NO, ¿y usted?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s